La Legislatura porteña aprobó un marco regulatorio para los repartidores, que deberán anotarse n un registro único. En contraprestación las empresas tienen la obligación de pagar las ART y otros seguros a los conductores.

El expediente tuvo el apoyo del oficialismo y de los monologues que suelen acompañar sus propuestas y 4 votos negativos de los partidos de izquierda, mientras que el Frente de Todos se abstuvo.

El debate giró en torno a la posibilidad o no de la Ciudad para legislar en el terreno de las relaciones laborales entre los empleados y las plataformas, que no aceptan ningún vínculo con los repartidores.

"Insto a los bloques que son mayoritarios en el congreso nacional que lleven la discusión de este tema en el parlamento. No escapamos a la discusión, estamos vedados para realizar este debate en la Ciudad. Estamos generando un piso de derechos que los trabajadores no tenían", aseguró Diego García de García Vilas, titular del bloque de Vamos Juntos.

Si bien los trabajadores deberán registrarse en un listado de "proveedores" para poder realizar las entregas, las empresas tienen que garantizar en forma gratuita a los trabajadores la indumentaria, los elementos de seguridad y prevención sanitaria, y los seguros correspondientes.

Para Claudia Neira del FDT "valió la pena" el trabajo con el oficialismo porque se incorporaron "mejoras para los trabajadores y para los comercios". La ley fija un tope para las comisiones "abusivas" que cobran algunas plataformas a los comercios durante la pandemia.

Se preveía una sesión candente y por eso el parlamento capitalino apareció completamente vallado. En la previa habían llegado repartidores a protestar por una ley en la que, aseguran, no fueron escuchados.

"Una manifestación de trabajadores fue agredida por una patota burocrática", señaló el legislador del PO, Gabriel Solano luego de que se conocieran las imágenes del motoqueros que empujaron a los repartidores que se habían congregado cerca del parlamento.

Una protesta de repartidores pone en jaque el delivery durante la cuarentena

Solano destacó que siete repartidores murieron durante la pandemia. "Es evidente que la relación entre los repartidores y las empresas es una relación laboral clásica. No se la puede tomar como si fuera una cuestión de tránsito. Las obligaciones que esta ley establece son solo un pequeño tributo que deben pagar las empresas", dijo.

"Esta ley regula un sector declarado esencial en la pandemia pero que ya venía en pleno crecimiento. Ahora hay ley, donde antes había un vacío y desprotección. Buenos Aires se ubica entre las primeras ciudades del mundo en avanzar en una regulación integral del delivery. Esto muestra a un Estado y a un parlamento atento a las nuevas dinámicas", explicó Marcelo Guouman de la UCR.

Santiago Roberto del FDT fue otro de los que valoró algunos de los cambios introducidos. "Reconocemos la predisposición del bloque oficialista para modificar el proyecto original, tomando algunas propuestas que nosotros hicimos, entre ellas obligar a las empresas a que le garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria", dijo.

Como publicó LPO en enero, varios estados demócratas como Nueva York, Nueva Jersey o Illinois comenzaron a desafiar a las compañías tecnológicas y preparan legislaciones contra el empleo precario. Desde Uber, Lyft y las apps de delivery aseguran que está en riesgo el negocio y se oponen a cualquier tipo de control estatal.

Mientras que en España están en discusión los "falsos autónomos", en EEUU los cambios en las leyes laborales podrían permitir a cientos de miles de trabajadores organizarse, cobrar un seguro de desempleo y horas extras.

El titular de la comisión de Hacienda, Claudio Romero.

Legislatura

Los locales comerciales dedicados a la venta de bienes o prestación de servicios de servicios quedarán exceptuados de pagar el impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL correspondiente a los meses de junio y julio de 2020, según determinó este jueves una ley sancionada por los diputados porteños por iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Déjase sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, de los meses Junio y Julio de 2020", dice el primer artículo de la norma de excepción fundada en la crisis por la pandemia de Covid 19.

"Esta norma permite aliviar económicamente a comercios no esenciales que se vieron afectados por la cuarentena, dejando sin efecto el pago de ABL correspondientes a los meses de junio y julio. Abarca a aproximadamente 110.000 comercios no esenciales, lo que implicará que la Ciudad deje de recaudar más de $ 600 millones", explicó el titular de la comisión de Hacienda, Claudio Romero.

Para Manuel Socías, del FDT, "el alivio fiscal de Larreta llega tarde y es insuficiente. La Nación inyecta en CABA $30 mil millones sólo con el ATP y el IFE, 50 veces más que el gobierno porteño. Esto tiene que ser el inicio de una serie de medidas que atiendan la emergencia económica y laboral en la Ciudad", señaló.