La crisis por la pandemia del coronavirus ha tenido tal impacto en la economía chilena que por primera vez en 40 años el Congreso está discutiendo una modificación del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), el corazón del modelo trasandino.

Ante la desesperación de miles de hogares por la falta de ingresos y la negativa del gobierno de Piñera a aumentar el gasto social por temor a espiralizar el déficit, la oposición presentó un proyecto que establece la posibilidad de retirar hasta un 10% de sus fondos de pensión, lo que emerge como una gran novedad dado que el sistema actual prohíbe que las personas accedan a estos recursos antes de jubilarse.

A diferencia de la Argentina, el sistema previsional chileno originado en la dictadura de Pinochet no se basa en los principios de la seguridad social, sino que tiene como pilar central las cuentas individuales bajo la lógica de la capitalización individual.

El mismo partido insignia de la dictadura, que es la UDI, le está diciendo al gobierno que ante su falta de respuestas, ellos están disponibles a apoyar el retiro de fondos de las AFP. Es inédito que los artífices de las AFP y los defensores de la herencia dictatorial se abran a estos tipos de modificación.

Los trabajadores aportan durante toda su vida -no así las empresas que los contratan- y hasta el momento de la vejez ese dinero es administrado por las famosas AFP, que suelen invertirlo en grandes compañías o bonos del gobierno.

Este inmenso fondo se acerca a los 200.000 millones de dólares, el equivalente al 80% del PBI chileno. Una masa monstruosa que suele nutrir al sistema financiero y por eso es tan elogiado por sus promotores además de que libera al Estado de la pesada carga de tener que afrontar las jubilaciones de los adultos mayores.

La contracara es un modelo en el cual el 50% de los jubilados recibe un haber menor a 190 dólares por mes y el promedio general ronda el 20% del salario que recibía esa persona antes de retirarse de su actividad, según datos de la Fundación Sol.

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Es por eso que desde hace muchos años buena parte de la ciudadanía reclama por un cambio drástico, pero el poder de lobby de las AFP ha conseguido frenar cualquier iniciativa. "Las AFP han logrado capturar a funcionarios de distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Es la primera vez que tenemos una discusión de fondo, es lo más agudo que hemos tenido en relación al sistema de pensiones", aseguró a LPO el economista chileno Marco Kremerman.

Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol.

LPOCristobal Olivares

Curiosamente, la gravedad de la situación actual ha provocado un apoyo unánime a este proyecto de ley por parte de toda la oposición de centro izquierda como también del ala más derechista del gobierno que amenaza con romper la coalición oficialista.

"El mismo partido insignia de la dictadura que es la UDI, le está diciendo al gobierno que ante su falta de respuestas, ellos están disponibles a apoyar el retiro de fondos. Es inédito que los artífices de las AFP y los defensores de la herencia dictatorial se abran a estos tipos de modificación", indicó Benjamín Sáez, otro economista trasandino.

La profundidad de la crisis económica y social que disparó la pandemia ha forjado en Chile una inédita alianza entre la centro izquierda y el ala más derechista de la coalición que sostiene a Piñera, para reformar el sistema de jubilación privada.

Por el contrario, los funcionarios más importantes del gabinete de Piñera iniciaron una fuerte campaña en contra de la propuesta y amenazan con un veto presidencial por el supuesto golpe a las jubilaciones futuras.

No obstante, la Fundación Sol sostiene que la merma en los ingresos va desde apenas el 1,2% en el caso de las mujeres de 30 años, llega al 3,4% para los hombres de la misma edad, toca el 7% para las mujeres de 50 años y alcanza el 8,3% en los hombres de ese rango.

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"Nosotros hemos mirado el proyecto y no nos parece bien retirar fondos de las cuentas de seguridad social por las consecuencias que puede tener a futuro. Queremos que se cambie hacia un sistema de seguridad social solidario y nos interesa que el fondo siga creciendo. Pero frente a un gobierno que no ha dado respuesta a la crisis es importante que se tenga la capacidad de decidir sobre los fondos y esto además abre las puertas a nuevos cambios hacia el mediano plazo", agregó Sáez.

En ese sentido también se expresó Kremerman, quien destacó una discusión paralela que busca fijar aportes patronales de seis puntos porcentuales, de los cuales la mitad iría a un sistema de reparto.

"Hoy se abre la posibilidad de discutir sobre el sistema de pensiones por primera vez. Incluso esos tres puntos que jamás se habían puesto sobre la mesa en los últimos 40 años, ya quedaron como una discusión obsoleta", señaló.