Trabajadores de aplicaciones marcharon a la Legislatura para reclamar por sus condiciones laborales. La semana pasada murió el sexto repartidor desde que se inició la cuarentena y por eso piden que las empresas cubran los gastos en equipamiento y seguros.

Con el aislamiento obligatorio, el tráfico de las apps de envíos aumentó vertiginosamente. Según pudo saber LPO hay más de 160 mil cadetes inscriptos para el reparto de comida y otros bienes. Sin embargo, aún no lograron que los estados nacionales y provinciales reglamenten la actividad.

Una nueva legislación pone en jaque a Uber y a las apps de delivery

"Nos cobran comisiones totalmente arbitrarias, no se sabe qué parámetros usan para pagar. Nos sacan 45 pesos por viaje, es un montón, sobre todo porque ellos tienen 200 pesos de ganancia", explicó a LPO Damián Zárate, trabajador de Rappi.

En varios países de América Latina hubo protestas de repartidores contra sus condiciones de trabajo. Una de las más masivas sucedió en San Pablo, una ciudad que es de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Allí la protesta incluyó un paro.

En teoría las empresas se habían comprometido a brindar a los trabajadores elementos de higiene, pero Zárate asegura que no están cumpliendo. "Cuando los vas a buscar te dicen que no hay", explica. "Además desde que empezó la pandemia nos exigen un determinado puntaje para poder trabajar en ciertas zonas", agrega.

En la Legislatura hay un proyecto del oficialismo, que según la oposición no va al fondo de la cuestión. "La Ciudad no tiene competencia para regular ni ámbito laboral ni contratos entre privados. La mirada del Ejecutivo tiene que ver con el Código de tránsito y transporte, hacer un registro, que estén anotados los repartidores pero nada más", dijo el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto.

Zárate afirma que el proyecto del oficialismo no tomó en cuenta las exigencias de los trabajadores y que los obliga a pagar los elementos de trabajo como uniforme de su bolsillo.

Desde que comenzó la pandemia las comisiones de algunas aplicaciones llegaron al 30% para los comercios, las más altas de toda la región sudamericana. Las cuestiones referidas a la relación entre trabajadores y la empresa dependen del Ministerio de Trabajo de Nación, pero según Roberto la Ciudad puede intervenir desde otras aristas.

El legislador propuso crear un nuevo impuesto para las aplicaciones, que se aplicaría únicamente si las empresas no reducen sus comisiones a comercios y trabajadores. "La idea es tener una foto actual de la situación y en un año compararla. Si se mantienen los porcentajes deberían pagar un 15% extra de Ingresos Brutos", señaló.

Por lo pronto el oficialismo habría accedido a agregar una cláusula transitoria para obligar a las empresas a brindar elementos de higiene, como barbijos y alcohol en gel a los repartidores, una iniciativa que había presentado la legisladora Lucía Cámpora.

Como publicó LPO en enero, varios estados demócratas como Nueva York, Nueva Jersey o Illinois comenzaron a desafiar a las compañías tecnológicas y preparan legislaciones contra el empleo precario. Desde Uber, Lyft y las apps de delivery aseguran que está en riesgo el negocio y se oponen a cualquier tipo de control estatal.

Mientras que en España están en discusión los "falsos autónomos", en EEUU los cambios en las leyes laborales podrían permitir a cientos de miles de trabajadores organizarse, cobrar un seguro de desempleo y horas extras.