Alberto Fernández planea una participación de la oposición en el refuerzo de ayuda social para enfrentar la pandemia, a través de una ley de ampliación presupuestaria, que bien podría hacer mediante un decreto de necesidad y urgencia.,

Para eso le otorgó facultades especiales al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, conocidas como superpoderes, motivo de una queja de Cambiemos y hasta un intento fallido de veto en la Cámara de Diputados.

Mientras negocian un protocolo para continuar con las sesiones remotas, después de detectar otro diputado con covid positivo, Sergio Massa y Máximo Kirchner empezaron a delinear una hoja de ruta después de la cuarentena dura y empezarán con proyectos de consenso para recién sondear acuerdos para temas que rechaza Cambiemos, que sólo quiere debatir temarios reducidos a la pandemia. 

La ampliación presupuestaria calzaría justo e incluiría un refuerzo a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), subsidios a las pymes, aportes al Pami y aumento de transferencias a las partidas sociales. 

Aíslan a los diputados de Cambiemos y los médicos les piden que desistan de las sesiones presenciales 

El plan oficial es ensamblarla con la moratoria impositiva que anunció Alberto Fernández y la oposición no podrá rechazarlo, siempre en sesiones remotas que tal vez no vuelvan a tener diputados en sus bancas. 

Las exenciones correrían para autónomos o Pymes, aunque el PRO pide sumar algunos capítulos a grandes contribuyentes. Y tiene otros proyectos pendientes sobre la pandemia y la crisis económica que genera, como el plan de emergencia para el turismo y la gastronomía de Cristian Ritondo, jefe del PRO, que contempla créditos a tasa cero y exenciones impositivas.

También buscan unificar proyectos sobre pymes turísitcas del secretario del área Matías Lammens y otros del diputado oficialista Gustavo Fernández Patri y Alfredo Cornejo, que además es presidente de la UCR y no está dispuesto a hacer las paces tan rápido. 

Envió un pedido de informes al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, sobre la distribución del "Programa para la Emergencia Financiera de las Provincias", los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, fuentes de recursos para paliar las cuentas de las provincias. 

Otros proyectos que podrían lograr consenso son la ley de alquileres de comercio, que buscará la suspensión de desalojos y congelamiento de costo. 

Pero no todo sería cordialidad: Máximo no abandonó su proyecto para gravar a las altas fortunas y asegura que a mediados de julio podría presentarlo. Afino los recaudos legales para que no sea declarado inconstitucional y definió que habrá una asignación específica de los fondos, en pequeñas empresas y  aparatología médica. 

Sólo así era posible garantizar a los bloques aliados de la Cámara baja, que no vienen siendo tan dóciles como imaginaban en el oficialismo. Unidad para el desarrollo, el presidido por el mendocino José Luis Ramón, tiene en sus filas a varios rebeldes como los tres misioneros, que empiezan a pedir garantías de participación en la administración de Yacyretá.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti apartó a sus cuatro diputados de un proyecto de expropiación de Vicentin que nunca llegó y deberá definir si les permite apoyar la creación de una bicameral que investiga su deuda con el Banco Nación, el proyecto aprobado en el Senado. 

Los necesitan para llegar a la mayoría como también a los lavagnistas que se anticiparon a oponerse a la expropiación de Vicentin, pero aclararon siempre que no defenderían la gestión de la empresa, que la bicameral intenta revisar. Tendrán la posibilidad de demostrarlo.