Bajo el ticker BUR:LN, el gigante de la industria del juicio, Burford Capital, cotiza en la London Stock Exchange a 520 libras esterlinas por acción. Sus ingresos desde 2017 dependen fuertemente de las causas por YPF. Por ejemplo en 2019, el 60% de sus ingresos por el área de litigios de la empresa provino de la causa Petersen. Y su futuro financiero también depende de esta causa que recién comienza en el juzgado de Loretta Preska, sucesora de Griesa en el famoso juzgado del distrito Sur de Nueva York.

Como señaló un análisis de la compañía realizado este mes por la consultora Hardman & Co, "el caso Petersen ya tiene cinco años y tendrá un gran efecto en la medición de los retornos ponderados si tiene una resolución positiva".  

El jueves próximo tanto la litigante como la defensa argentina que encabeza Carlos Zannini deberán informarle a la jueza como pretenden seguir con esta causa. Y Burford ya adelantó que irá por la vía judicial. Para hacerle frente, el Procurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández ya desembolsó 1,6 millones de dólares en contratar a Sullivan & Cromwell como asesores legales, en un último intento por trasladar a la justicia argentina la causa, lo que a comienzos de junio se confirmó que no sucederá.

La empresa no solo se dedica a hacer juicios sobre temas financieros y corporativos, sino a la asesoría jurídica y la administración de riesgo. Pero en los últimos años, tuvo como una de sus principales fuentes de ingresos a los juicios que apunta a ganarle al Estado argentino, no solo por los casi 322 millones de dólares que le ganó en el CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas, sino por la venta de una parte de sus ganancias en uno de los juicios por la expropiación de YPF.

En los últimos años este mega estudio con sedes en Nueva York, Londres y Chicago, encontró en el Estado Argentino una de sus principales fuentes de ingresos: ganó casi 322 millones de dólares por la estatización de Aerolíneas Argentinas y sumó ganancias por las casos YPF y Teinver. 

Como señaló el informe privado de análisis bursátil respecto de los ingresos de la empresa: "Las cifras de 2017, el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 fueron incrementados por las ventas de una parte de los derechos sobre el caso Petersen y los resultados del caso Teinver".

Por vender los derechos sobre el caso Teinver (también contra el Estado argentino) en 2018 Burford embolsó 107 millones de dólares, incluso si la causa en 2019 fue anulada por el CIADI.

Si se mira solamente el último año, durante la primera mitad de 2019, la firma tuvo ingresos por su sector de litigios por 265 millones de dólares, contra 50 millones de dólares en la segunda mitad. De estos, "la mayoría provino de las causas contra YPF, en particular Petersen. El total ganado por las causas contra YPF fue de 188 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron ganancias realizadas sobre la valuación previa y 168 millones de movimiento de fair-value. Esto deja unos 128 millones (40%) provenientes de otras inversiones".

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, tiene a su cargo el juicio contra Burford.

LPOMarcelo Arias

Cabe recordar que Burford compró en una subasta ante la justicia española los derechos a litigar contra el Estado argentino por la expropiación de YPF de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos firmas radicadas en España del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi), que supieron concentrar hasta el 25% de la acciones de YPF.

Cuando es Estado argentino se quedó en 2012 con el 51% de las acciones de YPF -que estaba en manos de Repsol- y omitió hacer la oferta pública de adquisición (OPA) que exigían los estatutos de la compañía -para darles igual trato a los accionistas minoritarios-, estas empresas quedaron en supuesta desventaja. La decisión posterior del Estado de no repartir dividendos, hizo que ambas empresas no pudieran pagar los créditos para la compra de las acciones de YPF, por lo que sus prestamistas, entre ellos Repsol, le pidieron la quiebra.

Con la compra de los derechos a litigar, el 30% de lo que obtuviera Burford iría para las empresas quebradas y por ende para sus acreedores. El resto sería para la litigante, quien se presentó en la justicia de los Nueva York y consiguió que el juicio quedara establecido allí (YPF cotiza en Wall Street) pese a los argumentos del gobierno nacional de que debe dirimirse en tribunales argentinos.

Otro tanto sucede con el reclamo judicial de Eton Park (también en mano de Burford), que al momento de la nacionalización de YPF era dueña de casi el 3% de las acciones de la petrolera de bandera y hoy también demanda al estado por no haber hecho la OPA.

En junio del año pasado, Burford vendió el 10% de su exposición a la causa Petersen por 100 millones de dólares. Lo que implicaría un valor de 1.000 millones de dólares para la sentencia total, de los cuales Burford conserva el 61,25%, además de otra causa similar, por un monto menor de Eton Park.

Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Nueva York que tiene a su cargo el juicio de YPF.

AP

En función de los detalles financieros de esta venta presentados en el último balance de la gigante de la industria del juicio, el informe señaló que: "Si bien Burford está limitado a discutir los aspectos legales del caso, reveló mucha más información sobre sus aspectos financieros. La venta de junio de 2019 y la amplitud de participantes le permitió valuar los activos basados en YPF en 773 millones de dólares, de los cuales 39 millones son de costo hundido y 734 millones de ganancias no realizadas", explicó el análisis.

La agencia Muddy Waters Research acusó a Burford de inflar sus estados contables, lo que hizo que la firma perdiera más del 50% de su valor bursátil en una semana.

Así y todo, Burford hizo público en octubre que podría ganarle al estado argentino entre 1.700 millones y 9.000 millones de dólares, aunque la demanda presentada en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York ronda los 3.000 millones de dólares.

En su momento, desde el Estado nacional desestimaron el monto reclamado y lo adujeron a la necesidad de compañía de atraer inversores luego de que en agosto la agencia Muddy Waters Research la acusara de inflar sus estados contables, lo que hizo que la firma perdiera más del 50% de su valor bursátil en una semana.

Pandemia mediante, se espera que el siguiente balance de Burford sea publicado a mediados de septiembre y que allí nuevamente quede en evidencia la fuerte dependencia de la principal firma de la industria del litigio de la expropiación de YPF.