Cuando en la comisión de seguimiento, que conformaron diputados santafesinos para monitorear el concurso sobre Vicentín, analizaron detalladamente el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el ejecutivo para intervenir la firma, algunos de los integrantes alertaron sobre el riesgo que divisiones del holding hayan quedado excluidos y sigan en manos del actual directorio.

Es que el texto del decreto menciona una sola razón social, Vicentín S.A.I.C., reconocida con un solo Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) lo cual abrió el interrogante sobre si la sociedad incluye a todas las empresas que aglutina el grupo y sus subsidiarias.

El holding de los hermanos Vicentín que comenzó en la década de 1920 como un almacén de ramos generales, llegó a posicionarse como la sexta empresa en volumen de facturación y una diversificación que va desde el procesamiento de cereales para exportación a la industria frigorífica, textil, vinos y miel.

En consecuencia, el andamiaje del grupo se fue complejizando hasta llegar a contar con más de 20 empresas y subsidiarias en Uruguay, España, Paraguay y Brasil que, según el informe de los legisladores, eran utilizadas para distribuir utilidades en el exterior como el caso de Vicentín Paraguay que es la titular de las acciones de Renova (la empresa de biodiesel más grande del mundo) en sociedad con la suiza Glencore que en definitiva termina convirtiendo a la planta modelo en una empresa extranjera, sostienen los diputados.

Diputados de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín presentando el primer informe en Rosario

"Tenemos muchas dudas sobre el alcance del decreto y si contempla la totalidad de los activos organizados en 20 empresas donde cada una tiene un CUIT distinto", expresó ante la consulta de LPO el diputado del FSyP-CF, Carlos del Frade, quien adelantó que es una de las primeras preguntas que les quieren hacer a los nuevos interventores.

Los legisladores temen que Vicentín SAIC sea apenas una porción del gigante de los agronegocios que en los últimos cuatro años se ubicó entre las seis primeras empresas en volumen de facturación.

Por lo pronto, quieren despejar la incógnita si el decreto abarca a Vicentín Family Group, con domicilio en Uruguay, a otra firma Vicentín SAIC también radicada en el país vecino, Vicentín Paraguay, Europa y Brasil o las otras dos decenas de empresas controladas por las familias Nardelli y Padoán como las acciones sobre Terminal Puerto Rosario, Algodonera Avellaneda o el frigorífico Friar, enumeraron a modo de ejemplo.

A su vez, según la investigación que presentaron las nuevas autoridades del Banco Nación, las empresas en el extranjero servirían para triangular activos a través de la compra de cereal entre la matriz central y las subsidiarias.

"Queremos saber quién autorizó en el Banco Nación la entrega de 86 millones de dólares en noviembre de 2019 cuando el 4 de diciembre se declaró el default", se preguntó el diputado del PJ, Luis Rubeo quien encabezó la conferencia de prensa de la comisión en el tradicional bar El Cairo de Rosario.

En el mismo sentido, el radical Fabián "Palo" Oliver y del Frade apuntaron los interrogantes hacia quién autorizó esos créditos en la sede de Reconquista del Banco Nación, donde está asentada la principal cuenta de la empresa y porqué se otorgaron a sola firma, sin garantías, a pesar de los montos millonarios.

Por otra parte, el diputado Ariel Bermúdez de CREO, el partido que lidera Pablo Javkin, cuestionó que a través de un DNU, el presidente interfiera una decisión judicial como el concurso de acreedores y puso el acento en la necesidad de que se respete la independencia de los poderes.

Además, criticó la falta de diálogo y la ausencia de los representantes de Santa Fe a la hora de discutir el destino de Vicentín. En consecuencia, propuso que entre los interventores se nombre a un legislador de la provincia (un diputado o senador) para que esté al tanto de los procedimientos que se van dictando.