El Senado aprobó este jueves el proyecto de ley de Oscar Parrilli para restringir la creación de sociedades de acción simplificada (SAS), una figura que permite fundar empresas en un día con escaso capital incorporada en la ley del emprendedor sancionada hace dos años.

Fue con 41 votos y sin ninguno de Cambiemos, que se retiró antes del debate, pero dejó claro su férrea oposición con varios discursos que colaron mientras se discutía la ley de educación a distancia. Como explicó LPO, Parrilli fundamenta la ley en la supuesta utilización de la SAS para crear empresas destinadas a lavar dinero o evadir impuestos, que nada tendrían que ver con el espíritu de los emprendedores. 

De todos modos, la presión de los emprendedores se hizo sentir a través de Matías Kulfas, que logró rehacer el proyecto. No se suspendió la conformación de SAS sino que deberán inscribirse previamente en un  registro que controlará la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (SEPyME). 

La principal detractora fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien por ser vicepresidenta de la Cámara puede hablar en el recinto y lo hizo mediante dos cuestiones de privilegio, en su mayoría abocadas a defender la SAS. En la primera, citó compañías como Neokit, encargada de hacer testeos para comprobar los casos de Covid 19, que tiene esta figura legal; o las populares de delivery Glovo y Rappi.

En su segundo discurso fue más dura y adjudicó la idea a Ricardo Nissen, actual director de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el gobierno de Macri no intervino en la creación de las SAS porque el sistema electrónico le fue cedido al Ministerio de Modernización que conducía a Andrés Ibarra.

"Desde que asumió Nissen se la pasó poniendo trabas a la generación de estas sociedades que él ideológicamente rechaza, frenó la inscripciones, la Asociación de Emprendedores de Argentina, que nuclea a más de 30.000, presentó un recurso de amparo, pero no se resolvió. La ley que presenta el senador Parrilli lo que hace es darle un marco de legalidad".

Kulfas logró que la creación de SAS no se suspenda, pero habrá que inscribirse en un registro de Sepyme y la IGJ tendrá pleno control en la Ciudad y en Buenos Aires, donde no intervenía. Parrilli asegura que se usaron para lavar dinero.  

"Nissen, les recuerdo, fue apoderado de la familia Kirchner y de Hotesur que en esa situación, cuando tenía que presentar los libros de Hotesur se descubrió que no tenía los libros digitales, que es lo que les está prohibiendo ahora a las SAS", completó.

No fue el único golpe bajo. Esteban Burrllich, del PRO, dijo que "los fundamentos dicen que de 30.000 empresas que se generaron en el régimen de SAS, pero 10 están sospechadas; 10 de 30.000. Mire, con esa lógica, deberíamos hacer una ley para que se vuelvan a registrar todos los conventos, porque hubo un convento de 1.803 que recibió a un ex funcionario con bolsos de dinero mal habido. Pero no vamos a hacer eso, porque sería una tontería". Aludía, claro está, al dinero que dejó el ex secretario de Obras Públicas José López en una iglesia, en 2016. 

Parrilli pidió la palabra muchas veces, pero la tuvo a su turno y los senadores de Cambiemos ya no estaban. Explicó que las 27 mil SAS sólo 21 se inscribieron el Registro de Instituciones de Capital (Rice) y la ley sólo abarcaba a Buenos Aires, Ciudad y Entre Ríos, porque tenían el sistema digital que eludía a la IGJ.

Fotografía HCSN

Contó que muchas SAS se crearon con el único objetivo de adquirir propiedades y sin origen claro de los fondos. "En dos o tres días compraban inmuebles de 8, 10 millones de dólares, de 500.000 dólares". Citó el caso de Santa Fe, "donde aparecieron aproximadamente cuarenta sociedades por acciones simplificadas que la IGJ está investigando porque estaban relacionadas, precisamente, con el lavado de dinero".

Advirtió además que en estas condiciones, "se incumplió con obligaciones que tienen que ver con el GAFI (el Grupo de Acción Financiera Internacional), y con la organización económica que vela por la transparencia de los fondos en el mundo, evitando precisamente el lavado de dinero". 

Y apuntó contra el ex director del IGJ Sergio Brodsky, "que fue el que fomentó, propició y, además, permitió precisamente que todas estas sociedades se constituyeran sin absolutamente ningún control. Además era el que nos intimaba a nosotros, en el Instituto Patria, para que presentáramos balances y demás. Hasta llegó a pedir que le diéramos el listado de los socios". La ley fue aprobada. Pasó a Diputados.