Alberto Fernández tiene decidido prorrogar hasta fin de año el congelamiento de la movilidad jubilatoria que dispuso en la ley de emergencia económica sancionada en diciembre y como no consigue respaldo de Cambiemos podría hacerlo por decreto.

Es una opción que tiene sobre la mesa desde esta tarde, cuando el ministro de Trabajo Claudio Moroni y su gabinete confirmaron que, por ahora, no hay chances de un respaldo del principal bloque opositor que le permita evitar un arduo debate en el Congreso.

Lo supieron en una nueva reunión por teleconferencia de la comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, creada en la ley de emergencia con el objetivo de definir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

Aunque el oficialismo tiene mayoría propia en el Senado y puede conseguirla en Diputados sin cambiemistas, no hay ánimos en el Gobierno de exponerse a una discusión álgida en los recintos virtuales que causen un costo político innecesario. 

Como anticipó LPO, Alberto y Moroni definieron hace un mes que no es posible conciliar una fórmula con indicadores alterados por la pandemia y optaron por otros dos aumentos por decreto, en septiembre y diciembre. 

Alberto tiene que definir antes del 20 de junio si la movilidad jubilatoria sigue congelada por ley o por decreto. Cambiemos exige que retorne la fórmula de Macri, que como mide la inflación. 

La semana pasada, materializaron la propuesta en un dictamen de la bicameral, que pide "la prórroga de los plazos y funciones encomendadas en los artículos 55 y 56 de la ley N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2020, por la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la referida ley, la que se ha visto agravado por la pandemia del Covid-19, y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante su cometido".

Lo firmaron los legisladores oficialistas que integran la comisión (los diputados Marcelo Casaretto y Carlos Heller; y los senadores Carlos Caserio y Daniel Lovera) y los funcionarios: la jefa de Anses Fernanda Raverta, Moroni, su jefe de Gabinete Miguel Baelo y sus secretarios Luis Goñi y Roberto Airas.

Los cinco legisladores opositores firmaron uno en disidencia, que señala que desde el 20 de junio "recobra plena vigencia la fórmula de movilidad establecida en el artículo 32 de la Ley 24.241", aquella sancionada en 2017 en medio de protestas callejeras, que combina en un 30% la evolución salarial que mide el Ministerio de Trabajo (Ripte) y un 70% la inflación. Lo subscribieron los diputados Luciano Laspina (PRO), Alejandro Cacace (UCR) y Luis Pastori; y los senadores María Belén Tapia (UCR) y Esteban Bullrich (PRO). 

"Intentaron convencernos de prorrogar la suspensión de la fórmula pero no lo vamos a aceptar. La fórmula privilegia la suba de precios y la calcula a 6 meses. Hubiera significado 10.9% en junio y no el 6.12% que dieron; y 9,88 en septiembre. Pedimos que vuelva", le dijo a LPO Cacace, quien motorizó este lunes una reclamo al Gobierno por las demoras en pagar los 5000 pesos a médicos y enfermeros. 

En el oficialismo insisten en que con la inflación que dejó el último año de Macri (55%) y la que empujará la pandemia no será posible atar todas las jubilaciones a la suba de precios. Pero que con los aumentos fijos la mayoría de los jubilados mantiene su poder adquisitivo. 

"La decisión de postergar el debate sobre la fórmula de movilidad está tomada. Pero Alberto va a definir si es por decreto o por una ley", confirmó a LPO uno de los legisladores del Frente de Todos que formó parte de la comisión. 

El debate seguirá el próximo lunes con la exposición de Raverta y la oposición reclamó informes sobre los regímenes especiales que no sufrieron los descuento de los jubilados y los jueces; y exposiciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Cippec, Iaraf y Ocde.  Bulit Goñi prometió ampliar la lista. Pero no hay mucho tiempo.