"¡Basta carajo!" fue la expresión, poco convencional, que lanzó este jueves el presidente Jair Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal (STF), en un nuevo episodio de la guerra, ya explícita, que el presidente mantiene con la Corte Suprema de Brasil.

Ocurre que ayer la Policía Federal allanó domicilios y oficinas de diputados, blogueros y empresarios amigos del jefe de Estado. Y fue por orden del ministro del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, que supervisa las investigaciones de la causa que investiga los ataques, amenazas en redes y Fake News que se lanzaron contra el máximo tribunal, supuestamente coordinadas por un "gabinete del odio".

En las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, Bolsonaro se detuvo a hablar con sus seguidores, que día tras día lo van a saludar. A ellos les dijo: "No podemos hablar de democracia sin justicia independiente, sin parlamento independiente, para que puedan tomar decisiones. Pero no pueden ser una decisión individual (de un juez de la Corte) sino de todo el colegiado (los 11 miembros del organismo). ¡Se terminó, carajo!". Su manifestación, era transmitida en vivo en ese momento por la CNN Brasil.

Acorralado, Bolsonaro lanza un contraataque contra los gobernadores de Rio y San Pablo Más todavía, esta batalla con la Corte lo llevó a declarar que, en este caso, la policía federal no debería haber cumplido con la orden del juez; es decir, debería haberse declarado en "rebeldía" frente al Supremo Tribunal. A modo de justificación sostuvo luego: "Discúlpenme por el desahogo. Pero no quiero seguir asistiendo a actitudes individuales de ciertas personas (en este caso, el magistrado Alexandre de Moraes), que toman ciertas acciones casi en forma personal....No vamos a permitir que una persona tome decisiones de nombre de todos".

En el caso Fake News, se busca determinar la existencia de una red dedicada a instrumentar ataques digitales contra las instituciones brasileñas y los integrantes de la Corte Suprema, que según el diario Folha podría llevar hasta Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, mencionado como uno de los articuladores del "gabinete del odio".

Fue en ese contexto que el juez Moraes ordenó allanar las direcciones de 17 personas que integrarían esa red. Fueron incautados durante el operativo computadoras, celulares y documentos. Entre los imputados se encuentra 8 diputados bolsonaristas quienes deberán declarar ante la justicia, así como blogueros pro Bolsonaro famosos como Allan dos Santos.

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Para Bolsonaro, el operativo fue "una invasión en las casas de personas inocentes, a quienes se sometió a humillaciones inadmisibles". Lo que más dolió en el Planalto es que Moraes definió a lo que se conoce como el gabinete del odio -el grupo de asesores vinculados a los hijos del presidente-como una "asociación ilegal".

El jefe de Estado se agitó: "Inventaron el nombre de gabinete del odio. Fueron más allá y abrieron un proceso contra eso. No es posible iniciar una causa encima de un factoide, encima de una fake news".

El juez Alexandre de Moraes.

AP

El conflicto con el poder judicial no resulta inocuo para el presidente brasileño. Este jueves se conoció una encuesta de Datafolha donde afirma que a partir de esa "guerrilla" se acentuó la polarización, en medio de una crisis sanitaria, económica y política. Según la consultora, aumentó 5 puntos el rechazo a las políticas gubernamentales, luego de la difusión del video de la reunión del presidente con sus ministros, el 22 de abril. 43% de los encuestados evaluaron al gobierno actual como malo o pésimo. Antes era de 38%. Es más, entre quienes vieron el video, el repudio a Bolsonaro trepó a 53%.

No es un dato menor que el mayor rechazo a la actual gestión brasileña provenga de profesionales universitarios y estudiantes. Tampoco es un detalle que el mayor apoyo al presidente proceda de los empresarios (56%).

En cambio, los sectores de clase media pauperizada son sus seguidores más fieles: "Habla como nosotros. Es igual a nosotros" dicen sus partidarios. Eso explica que se mantenga en forma muy estable la popularidad presidencial, que alcanza a 33%.