La bicameral de trámite legislativo del Congreso, encargada de avalar o rechazar los decretos presidenciales, se convirtió en el motor jurídico de la gestión de Alberto Fernández, que como anticipó LPO usa esta vía para tomar medidas sin atravesar largas negociaciones con la oposición.

Le funciona a la perfección: los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial y la mayoría oficialista del Senado, monitoreada por Cristina Kirchner, se impone en la bicameral y en el recinto para dejarlos firme. 

No hace falta nada más porque la ley que los regula sólo los invalida si las dos Cámaras los rechazan. Así, el presidente puede eludir la siempre compleja negociación con los aliados de Diputados en temas controvertidos, como la facultad al jefe de Gabinete para reasignar partidas, que ya unió a toda la oposición en contra y fue uno de los seis decretos despachados este lunes. 

Hace quince días, la bicameral, presidida por el diputado oficialista Marcos Cleri, había dictaminado otros 20 decretos presidenciales para convertirse en la primera en la historia legislativa que firma un expediente oficial por internet. El miércoles pasado, el Senado tuvo su primera sesión bajo esa modalidad para ratificarlos. 

La Cámara alta viene siendo garante hace una década de los DNUs, que sólo están prohibidos para temas electorales, penales e impositivos. El el ex jefe del PJ Miguel Pichetto siempre fue protagonista: los cajoneaba en 2010 y 2011, cuando la oposición de entonces controlaba Diputados; y los escondía siempre que podía en la presidencia de Mauricio Macri, el único en tener minoría en ambas Cámaras. Empezaron a tejer el vínculo que derivó en la última fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. 

Al oficialismo le alcanza con la mayoría del Senado para dejarlos firmes. Ya aprobó 20 en el recinto y otros 6 en comisión, entre ellos el que le habilita superpoderes a Cafiero. Quedan 19 firmados antes de la pandemia  

El ex presidente, de todos modos, debió modificar varios decretos con leyes u otros diferentes para que no fueran rechazados en los recintos y muy pocas veces logró que fueran ratificados. Jugaba siempre al límite y llegó a descolocar a sus legisladores, como cuando a los pocos meses de asumir envió uno para reparar veredas en la Capital Federal. 

El lunes Cleri anunció que los asesores definirán los tiempos para tratar un paquete de 19 decretos firmados por el presidente antes de la pandemia. Son medidas troncales y fueron divididas en tres bloques temáticos: las institucionales, las referidos a la deuda pública y presupuesto; y las que contemplan beneficios sociales y productivos. 

En las primeros dos hay muchas que activarán álgidos debates que no hubieran sido nada cómodos tanto para el oficialismo como para la oposición de Diputados. Si la grieta no se impone, entre los asesores tal vez haya acuerdos para evitar cruces innecesarios en tiempos de pandemia. 

Están en este paquete la intervención a la Agencia Nacional de inteligencia (AFI) y su cambio de atribuciones, que le impide a los espías realizar tareas represivas, obtener datos sobre personas, incidir en tareas institucionales o divulgar información sin orden judicial. El ex jefe de la AFI Gustavo Arribas fue incluido por Cristina Kirchner en la mesa judicial que, según denunciaron sus legisladores, dirigía Mauricio Macri y se dedicaba a armarle causas judiciales. 

El decreto 168, también en el temario, guarda relación con esas acusaciones: derogó la Agencia Nacional de Protección de Testigos creada por Macri pocos días antes de abandonar la Casa Rosada, para que el Gobierno sea el encargado de proteger a los delatores públicos de las causas judiciales más picantes. Ya no existe y Cambiemos tendrá la oportunidad de defenderla, al menos en comisión y en el Senado.

Hay otros decretos de forma como la creación de nuevos ministerios y de la Agencia Nacional de Tecnología y sumaron uno de Macri que nunca quiso enviar: el que promueve la circulación de buques de construcción nacional en aguas argentinas.

Se espera un áspero debate en el tramo económico, que incluye las restructuraciones de deuda pública. Está la postergación al pago de las Letes, un título en dólares emitido por el Tesoro; y el diferimento de los de intereses y capital de toda la deuda pública nacional en moneda estadounidense hasta el 31 de diciembre de 2020.

El peronismo dio el primer paso en el Congreso para avalar los superpoderes de Cafiero

Pero el plato fuerte será el decreto 391, que contempla la oferta que realizó Martín Guzmán a los bonistas extranjeros para restructurar USD 44.500.000.000, por ahora sin la aceptación del 75% de los acreedores necesaria para no caer en default. Será uno de los que deberá esperar el final un tiempo para debatirse, al menos hasta que concluya la negociación. 

Los tiempos del debate están en manos de la Rosada, que si bien tiene 10 días para enviar los DNU, a veces se demora. No fue lo que hizo con el decreto que le otorgó a Cafiero la facultad de reasignar partidas sin límites, por este año y destinadas al combate del coronavirus. 

En el debate en comisión el diputado del PRO Pablo Tonelli dejó una perlita jurídica: recordó que el artículo 39 de la ley de administración financiera le permite al Gobierno "disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general" que permitan "atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor". Sugirió, por lo tanto, que si se trata de la pandemia no hacían falta más poderes a Cafiero. 

El tercer bloque de decretos pendientes tiene la primera suspensión de despidos por 6 meses, en diciembre, luego ampliada durante la pandemia por otros que ya fueron tratados en el Senado y dividieron al bloque de Cambiemos. Martín Lousteau se negó a votar en contra. 

Hay uno que logrará levantar la voz de las provincias petroleras: el 58, que derogó un artículo de ley de emergencia económica sancionada en diciembre que quitaba las retenciones a las exportaciones al cálculo de las regalías hidrocarburíferas. 

Quedan pendientes los aumentos salariales a los empleados públicos y, para otra debate subido de tono, el primer aumento fijo de jubilaciones para marzo, luego de congelada seis meses la fórmula de movilidad por la emergencia económica.  

Como anticipó LPO, el ministro de Trabajo Claudio Moroni le anticipó a los legisladores que presiden las comisiones de presupuesto y previsión social que planea seguir con aumentos fijos en septiembre y diciembre y esperar mejores tiempos para definir una fórmula. 

Cambiemos exige restablecer la vieja fórmula de Macri, que ajustaba una parte por inflación, y espera al 20 de junio para saber si hay un nuevo proyecto de ley u otro decreto. Que es la modalidad más rápida y efectiva que tiene Alberto para tomar decisiones.