La crisis en las cárceles llegó a la Ciudad de Buenos Aires con un motín en el penal federal de Villa Devoto, donde un grupo tomó los techos de un sector en reclamo de prisiones domiciliares para evitar la propagación de contagios de coronavirus.

"Nos negamos a morir en la cárcel", fue el mensaje que colgaron en el techo del penal, desde donde un grupo de presos arrojó piedras, maderas y elementos -como colchones- prendidos fuego. Once agentes del Servicio Penitenciario fueron trasladados a hospitales con quemaduras leves.

El reclamo se inició anoche con quema de colchones y batucadas, aparentemente luego de enterarse de que un agente del servicio penitenciario dio positivo de coronavirus y otros seis fueron aislados.

Presos arrojan un colchón prendido fuego

Télam

La situación se volvió más compleja esta mañana cuando los presos comenzaron por copar dos plantas del penal que tiene capacidad para 1.683 internos (pero cuenta con unos 2.200) y que está dividido en seis unidades residenciales. La protesta se extendía en casi todos los pabellones, aunque el foco más visible era en la planta 1 donde subieron a los techos.

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Esta mañana, el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare, se hizo presente en el penal para tomar contacto con los referentes de los reclusos que llevan adelante la revuelta y escuchar sus pedidos, aunque en un principio sólo pedían hablar con un juez. 

Fuentes penitenciarias dijeron a la agencia NA que los presos no quieren hablar ni con Emiliano Blanco, titular del SPF, ni con gente del Poder Ejecutivo, sino que lo que quieren es hablar con funcionarios de la Cámara de Casación Nacional para que les otorguen la prisión domiciliaria.

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Como ya sucedió en las cárceles de Melchor Romero y Florencio Varela (donde murió uno de los reos), los presos reclaman prisiones domiciliarias para quienes son factores de riesgo ante el Covid-19, además de medidas de prevención e higiene en los pabellones.

Una organización que articula con los presos sostuvo que "no es un motín" sino un reclamo y una advertencia: "si el Covid-19 llega a entrar a la cárcel, va a ser incontrolable". El grupo denunció "falta de condiciones de higiene, poca voluntad de parte del Poder Judicial para descomprimir la situación y un servicio penitenciario que no toma todas las precauciones".

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En los alrededores de la cárcel, la Policía de la Ciudad desplegó el cuerpo de infantería, grupos de dispersión y unidades de bomberos para asegurar el perímetro exterior. También se desplegaron fuerzas federales para no permitir el acercamiento al penal.

El juez federal Julián Ercolini, junto al fiscal federal Eduardo Taiano, son quienes están a cargo de la causa por la revuelta y siguen de cerca las negociaciones.