Cristina Kirchner está decidida a avanzar con las sesiones por teleconferencia como la mayoría de las legislaturas del país y de la región, pero antes quiere que la Corte Suprema garantice que las leyes aprobadas sean válidas.

Este martes la directora jurídica del Senado, Graciana Peñafort, le pedirá al tribunal presidido por Carlos Rosenkrantz una declaración de certeza sobre la constitucionalidad de una votación por sistema Zoom y si la consigue la vicepresidenta activará el Congreso, que no legisla desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus. 

Y uno de los primeros proyectos para tratarse es el de su hijo Máximo Kirchner que propone gravar a las principales fortunas del país y destinar la recaudación a combatir la pandemia. Se presentará en Diputados el viernes o lunes, previo testeo con la Casa Rosada. 

Además, como anticipó LPO, esta semana Sergio Massa firmará convenios con el Registro de las Personas (Renaper) y Arsat para garantizar la identificación de los diputados y la conectividad en caso de autorizarse las sesiones virtuales. 

Si la Corte garantiza la constitucionalidad de las votaciones online, Cristina y Massa avanzarían con el impuesto a los ricos que pide Máximo y un paquete impositivo para combatir la pandemia. El resto de las medidas se tomarían por decreto. 

En esa Cámara el oficialismo no tiene mayoría y por lo tanto necesita respaldo de los bloques opositores para cambiar el reglamento y habilitar una votación por internet. Hasta ahora, en Cambiemos no hubo posiciones unánimes sobre cuál es la mejor modalidad para sesionar en cuarentena sin arriesgar la salud de los legisladores.  

Algunos creen que las sesiones online pueden permitirle al Gobierno aprobar leyes en cadena sin costo político y prefieren un sistema "híbrido", con algunos diputados en sus bancas y otros en el despacho, que también agrada a muchos oficialistas.  Pero otro grupo, liderados por el radical Alejandro Cacace, presentó un proyecto para debatir cuanto antes por teleconferencia como ya hacen los países vecinos. 

En el Senado, Cambiemos le pidió a Cristina Kirchner por carta reactivar la actividad parlamentaria pero no propuso protocolos sanitarios. Tampoco los hubo en el comunicado del PRO, firmado por Mauricio Macri, que en uno de los cinco "ejes" solicitados para combatir la pandemia pidió que sus bloques parlamentarios puedan "desarrollar con normalidad sus funciones".

Massa firma convenios con Arsat y el Renaper para avanzar en sesiones online 

Con este planteo de Peñafort, Cristina se metió por primera vez en el debate y anticipó que está en sus planes presidir sesiones por teleconferencia, pero en su entorno aclararon que sería sólo para tratar proyectos impositivos, que junto a los penales y electorales la Constitución prohíbe legislar con decretos de necesidad y urgencia. 

El resto de las medidas oficiales seguirán siendo tomadas por DNU, que son válidos desde su publicación y sólo pueden ser rechazados por las dos Cámaras del Congreso, imposible con la mayoría oficialista que hay en el Senado. 

Aún así, por comunicado, los diputados de Cambiemos exigieron a su par kirchnerista Marcos Cleri convocar a la bicameral de trámite parlamentario para tratarlos, aunque no hay manera de firmar dictamen sin reunir a los 16 legisladores que la integran en una sala. Anticiparon su rechazo al 351, que transfirió a los intendentes la fiscalización y control del cumplimiento de las actividades de defensa de la competencia, porque consideran que la legislación actual no le permite a Alberto delegar esa tarea en otra jurisdicción. 

Si la Corte no pone objeciones, para votar desde la PC restaría un cambio de reglamento en ambas Cámaras, un trámite que sin posibilidad de sesiones presenciales sólo podría conseguirse con resoluciones de Cristina y Massa avaladas por la oposición. O sea, sería necesario un respaldo de Cambiemos que por ahora no llegó. 

El proyecto de ley más esperado es el de Máximo y sólo se conoce que gravará por única vez a los millonarios de Argentina, el "club Forbes", como le llaman, que deberían pagar un impuesto porcentual a sus fortunas. 

"Sería el uno por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros", precisó Carlos Heller, el diputado que preside la Comisión de Presupuesto y está a cargo de la redacción. 

Pero también se espera un paquete leyes del Gobierno para combatir la pandemia, como la baja de impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud y la exención por la compra de insumos médicos, que Alberto esperaba tratar hace un mes pero chocó con la resistencia del Senado a sesionar. Ahora estría dispuesto y por internet, pero sólo si la Corte le promete no intervenir en lo que definan.