Las organizaciones que apoyan la legalización aborto se reunieron este miércoles en el Congreso con diputadas para definir una estrategia ante el inminente envío de un proyecto de ley. Y el acuerdo unánime fue no aceptar un texto más suave que el aprobado en 2018 en la Cámara baja y rechazado en el Senado.

La aclaración no fue menor: como publicó LPO, el presidente analiza implementar la objeción de conciencia institucional, que en los hechos les permitiría a las clínicas privadas excusarse de implementar la práctica.

Pero las verdes, agrupadas en la campaña nacional que recorre las calles hace 15 años, no estas dispuestas a realizar esa concesión y así lo dejarán claro en la manifestación del miércoles 19, cuando para marcar la cancha exigirán tomar como base el proyecto que presentaron el año pasado por mesa de entradas.

Alberto hace un gesto a la Iglesia y permitiría que las clínicas privadas se nieguen a practicar un aborto 

Ese texto ni siquiera contempla la posibilidad de una objeción de conciencia individual, como el aprobado en Diputados en 2018, que le permitía a un profesional excusarse de practicar el aborto pero obliga a las clínicas a realizarlo en no menos de cinco días con otros médicos contratados para la ocasión.

"Tenemos que tomar como base el proyecto de la campaña, que es el que está vigente y no dejarnos llevar por lobbys eclesiásticos", solicitó Romina del Plá, diputada del frente de izquierda y una de las negociadoras de aquella gesta de 2018. Pidió que esa sea la consigna del miércoles y que quizá sea preferible otro acto después del 1 de marzo, cuando el presidente debería dar más precisiones. 

Por ahora, Alberto trabaja en secreto el proyecto junto a Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica; y el ministro de Salud Ginés González García, quien le anticipó a sus colegas de las provincias que el proyecto  contemplaría objeción de conciencia institucional y por lo tanto las clínicas vinculadas a la Iglesia no tendrá pacientes.

Pero igual de ruido hicieron las declaraciones de Alberto en París, donde si bien garantizó que enviará el proyecto como prometió en campaña, lo restringió al sistema de salud pública y habló de una "despenalización" y no de "legalización", como exige la militancia verde, porque además de evitar una condena y significa la regulación de la práctica. 

Además, si se restringiera a la salud pública, no estaría garantizada su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y las obras sociales podrían no cubrirlo. Las diputadas oficialistas que estaban en la reunión (Mara Brawer, Mónica Macha y Gabriela Estévez) dijeron desconocer el proyecto que enviará Alberto y escucharon las advertencias sin chistar.

Entre las opositores estaban referentes de 2018 como las radicales  Brenda Austin, Karina Banfi y Carla Carrizo; y Silvia Lospennato, del PRO, recordada por el discurso de cierre de aquella madrugada. 

Otro tema estratégico es la Cámara de origen. Las verdes quieren Diputados, donde confían en ganar cómodamente para luego dar la batalla final en el Senado, que si bien sigue siendo más hostil cuenta con nuevos referentes capaces de colaborar, como Martín Lousteau. 

"Necesitamos militar mejor cuando se trate en esa Cámara, con visitas a las provincias para que se sientan respaldados. Y para eso es mejor que primero se apruebe en Diputados", explicó a LPO una de las diputadas dispuestas a dar la batalla.