En el Frente de Todos ya hablan de que el pacto económico y social que planifica Alberto Fernández tendrá un talón de Aquiles: la reacción de los supermercados, donde prevén que se encontrarán con la mayor resistencia.

En el peronismo asumen que tendrán margen para acordar con los sindicatos y la UIA los aumentos de sueldos. El problema es que el acuerdo explote ante la actitud de los dueños de los supermercados, que pueden definir una suba unilateral de precios que dispare la inflación o generar desabastecimiento.

Una de las vías por las que quieren frenar esta posible reacción es el impulso de la ley de góndolas, que establece que ninguna marca pueda tener más del 30% de la góndola. Ante la diversidad de la oferta, los precios tenderían a bajar.

La apuesta a esta ley la dejó clara hace unos días Alberto cuando presentó el plan contra el hambre. En un guiño a Juan Grabois, que impulsa que se apruebe la iniciativa, presionó a sus diputados para tratar los proyectos que tienen dormidos en el Congreso -uno de ellos lleva la firma de Elisa Carrió- y todavía no llegaron al recinto.

Sin embargo, desde el peronismo admitieron a LPO que el tema genera preocupación. Es que, pese a que la letra chica aún no fue acordada, saben que la idea genera fuertes rechazos y que incluso el titular de la Cámara Alimenticia Copal, Daniel Funes de Rioja, la calificó como "innecesaria" e "intervencionista". En rigor, el problema es que la ley no es más que una reglamentación y en el Frente de Todos saben que para que sea efectiva deberán aplicar fuertes sanciones, una decisión siempre polémica que esquivan por anticipado. 

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"La ley de góndolas se propuso mil veces y nunca salió. Es muy complejo obligar a las grandes cadenas a que pongan solo el 30% y les den lugar a los productores regionales. Va a haber mucho conflicto y tienen mucho poder de lobby", dijo una fuente que integra el equipo económico a LPO.

El argumento de los supermercadistas es claro: no se los puede responsabilizar a ellos por trasladar a las góndolas los aumentos que reciben de los proveedores, ni los altos costos de la refrigeración de los alimentos; obligarlos a incorporar proveedores y marcas no va a bajar la estructura de costos.

Por lo pronto Daniel Arroyo, que quedó a cargo del diseño del plan contra el hambre y suena para encabezar el Ministerio de Desarrollo, prometió que en caso de que el Frente de Todos gane las presidenciales, buscarán implementar inmediatamente esta ley para impulsar la producción y evitar monopolios. Aclaró, además, que no sólo servirá para contener los precios sino para fomentar la producción local.

En diálogo con LPO, Guillermo Moreno se mostró en contra de la iniciativa, a la que calificó como "de estudiantina". "Pensar que una propuesta de Carrió puede solucionar la inflación es pensar que los progresistas tienen la solución de la economía en la argentina. Se aleja de la tradición del pensamiento de la Doctrina Justicialista", analizó y agregó: "Alberto dijo que de mis políticas no iba a aplicar nada. Bueno, esto es una prueba contundente".