Senadores de María Eugenia Vidal rompieron con la modorra legislativa y le imprimieron celeridad a un proceso de designación autoridades judiciales que disparó la reacción de la oposición. En apenas 48 horas avanzaron con 44 pliegos que buscarán aprobar en la sesión de la próxima semana.

Esa designaciones encendieron las alertas en la oposición y generaron malestar en los intendentes del PJ, el massismo y legisladores cercanos a Axel Kicillof.

Los cargos que mayor ruido causaron fueron las vacancias para el Tribunal de Casación Penal bonaerense. El gobierno propone a Ana Julia Biasotti y Francisco Pont Verges.

Casación Penal es la instancia más importante en materia penal del entramado judicial bonaerense y tiene varios casilleros sin ocupar tras la salida de los ex jueces Horacio Pimobo y Benjamín Sal Llargués.

Pon Vergés es secretario de Política Criminal de la Procuración de la Corte que conduce Julio Conte Grand. Y en el peronismo aseguran que la celeridad que se le imprimió al proceso legislativo tiene que ver con presiones por parte del propio Procurador.

Sobre él plantó objeciones la jefa de los senadores de María Teresa García (UC). Es que Pon Vergés es además integrante de 'Unidos por la Justicia', una agrupación que integran entre otros, Germán Garavano (ministro de Justicia de la Nación) y Gustavo Ferrari (ministro de Justicia bonaerense).

María Teresa García.

Aglaplata

García recordó los planteos que surgieron días atrás desde la Suprema Corte bonaerense hacia Pont Vergés. El magistrado Eduardo De Lázzaria apuntó al número dos de la Procuración por "obstaculizar las funciones" del Defensor de Casación Penal, Mario Coriolano, quien intervino en el caso de una mujer trans que denunció malos tratos en una cárcel bonaerense.

Desde el massismo en tanto, consideran que el resultado de la elección de agosto permite de mínima suponer la posibilidad de un cambio de gobierno en la provincia, y que eso ya es motivo suficiente para dejar que este tipo de cargos los defina el próximo gobernador.

Los senadores de la oposición no acompañaron ningunos de los dictámenes, pero Cambiemos logró imponer la mayoría en Asuntos Constitucionales, la comisión más poderosa del Senado bonaerense. Allí el oficialismo se aseguró la mayoría con nueve legisladores sobre seis.

El grueso de los pliegos lo constituyen propuestas de jueces y fiscales de departamentos judiciales de muchísimo peso del Gran Buenos Aires. Por caso, para el Departamento Judicial de La Plata hay tres designaciones. Para Avellaneda-Lanús hay ocho propuestas; cuatro para San Isidro y otras cinco para Lomas de Zamora.

Sin el apoyo del peronismo, la estrategia de Cambiemos será que tomen estado parlamentario en la sesión de la semana próxima y en una próxima sesión bajar los pliegos al recinto para aprobarlos con mayoría simple.

El antecedente de 2015

La celeridad por nombrar funcionarios judiciales es un lugar común en el fin de los ciclos políticos y sobre fines de 2015 el kirchnerismo no escapó a esa lógica.

Por entonces era el camporista Santiago Carreras quien tenía el control de la comisión de Asuntos Constitucionales y el 30 de noviembre (a 10 días de la asunción de Vidal) se lanzó a la titánica tarea de designar nada menos que 126 jueces y fiscales.

Presionado por Carlos Zanini, Carreras hizo venir a La Plata a los 126 funcionarios judiciales -algunos incluso habían viajado más de 700 kilómetros- que durante horas esperaron en el hall del Senado mientras el senador, desesperado, intentaba reunir a la comisión.

La jugada era casi imposible: tenía que entrevistar a los 126 funcionarios para cumplir con el trámite. A un cálculo simple, si se planteaban entrevistas de sólo 20 minutos hubiesen tardado 42 horas. Imposible. La maniobra se cayó cuando sus propios compañeros de bloque plantearon que la maniobra no era prolija. Carreras buscó meter presión con la presencia de los 126 funcionarios en el hall del Senado, pero ya era demasiado tarde.