En noviembre de 2015, en las pocas sesiones que siguieron al triunfo de Mauricio Macri en el ballotage, Cristina Kirchner instruyó a su entonces mayoría parlamentaria que apruebe rápidamente las cuentas de inversión de sus últimos años de Gobierno.
Pudo avalar hasta la de 2013, porque las otras dos aún no habían sido remitidas al Congreso por la Auditoría General de la Nación (AGN). En 2016 apareció la de 2014, sus legisladores afines presionaron para aprobarla cuanto antes pero Miguel Pichetto se negó a firmar el dictamen, un fuego amigo que empezaba a crecer.
Pichetto aceptó aprobarla en la última sesión ordinaria de 2017, días antes que la ex presidenta asumiera como senadora. Su obsesión por este trámite parlamentario, que suele pasar inadvertido en el palacio, se debe a que las cuentas de inversión completan el ejercicio de cada presupuesto según la Constitución y por lo tanto protegen a cada presidente saliente si le toca dar explicaciones en Tribunales.
Se hizo tan común que los abogados las utilicen en sus estrategias de defensa que la AGN debió aclarar en su página web que no eximen de posibles delitos individuales de los funcionarios. Pero en el mismo instructivo aclara que un presidente con una cuenta de inversión rechazada puede ser motivo de juicio político. Y, claro está, de una lluvia de denuncias cuando abandone el poder.
Si no logra su reelección, como avizoran todas las encuestas, Mauricio Macri será el presidente que abandone el poder más desguarnecido: el Congreso no aprobó ninguna de las cuentas de inversión de su gestión y de repetirse los resultados de las primarias, en diciembre los recintos podrían estar controlados por la actual oposición.
La alarma sonó en las últimas semanas en los desolados pasillos parlamenatrios, donde los oficialistas no pueden recuperarse de la inesperada paliza que le propició Alberto Fernández a Macri el 11 de agosto.
Antes de ese día, el plan del macrismo era negociar con el peronismo aprobar la cuenta de inversión de 2015 junto a las de 2016 y 2017, esta última aún en estudio entre los auditores. Sus informes son evaluados por la comisión bicameral mixta revisora de Cuentas, que puede emitir dictamen a favor o en contra, luego sometidos a los recintos.
Desde 2017 está presidida por el jefe del bloque PRO de diputados Álvaro González, quien este año la reunió dos veces, la última en julio para aprobar el informe anual. No asistió Pichetto, que con su conversión al macrismo le garantizó una mayoría para cerrar la comisión si hiciera falta y firmar dictámenes sin negociar con la oposición.
Pero de nada sirven si luego el Congreso los ignora o, lo que es peor, pasa a ser controlado por los enemigos y empieza a mirar las auditorías con otros ojos. Una cuenta de inversión detalla todos los números de una gestión presidencial: cómo se recaudó, se gastó, qué obras se hicieron, qué deuda se tomó y cuántos vencimientos se pagaron. Si las conclusiones no son muy generosas, suelen ser tomadas por jueces u opositores al presidente de turno.
Las últimas tres cuentas de inversión de Macri deberán informer sus polémicas incursiones por Wall Street o por el Fondo Monetario Internacional; y hasta la reprogramación de la deuda local anunciada la semana pasada y aún sin detalles de como se implementará y qué costo futuro le trae al Gobierno.
El panorama se agrava para Macri por la hostilidad que mostró después de las primarias la AGN, que está presidida por Oscar Lamberto, elegido en el PJ, por ser el partido de la oposición con mayor presencia parlamentaria. Hay seis auditores generales: dos peronistas históricos (Graciela de la Rosa y Francisco Ferández), un kircnerista (Juan Ignacio Forlón), dos radicales (Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva) y otro cercano a Sergio Massa (Gabriel Estrada).
Atentos al cambio de época, el 14 de agosto la AGN emitió un informe sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses (FGS) entre 2014 y 2016, con un llamado de atención a varias medidas del primer año de Cambiemos, algunas ya judicializadas.
Cuestionó la colocación de recursos en el fondo común de inversión Axis, propiedad del entonces secretario de Finanzas Luis Caputo hasta diciembre de 2015, motivo de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), en la que "Toto" logró salir ileso.
Sus herederos en Axis ayudaron a Emilio Basavilbaso a comprar Lebac, los títulos emitidos por el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger a tasas muy altas y con un dólar planchado, tiempos del recordado carry trade.
La AGN también llamó la atención de la la venta de acciones de Petrobrás a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, que al año siguiente le compró su empresa al primo del presidente Ángelo Calcaterra. La operación se justificó en la supuesta necesidad de liquidez para pagar la reparación histórica a los jubilados, pero nunca se usó dinero del FGS para esa tarea.
Los auditores cuestionaron que el FGS suscribiera deuda de Cablevisión y Arcor cuando estaba presidido por Luis Blaquier, quien tuvo cargos directivos en ambas empresas hasta el año anterior. "No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses", señala.
Otro informe que quema es el de la condonación por 70 mil millones de pesos que Macri le hizo a su empresa familiar por la deuda del ex Correo Argentino, denunciada por la fiscal Gabriela Boquín. La AGN cuestiona ese salvataje familiar, pero también detecta anomalías en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Deberá ser tratado con otro Congreso y tal vez otro presidente, otra oposición y otras autoridades en la Auditoria General de la Nación. Si se mueve rápido tras una derrota, Macri puede sacar chapa de ser jefe de la oposición con mayor presencia legislativa y elegir al reemplazante de Lamberto, aunque no a los 6 auditores que escriben los informes y evaluarán los gastos de sus últimos años de Gobierno. Que no fueron nada fáciles.
