La Corte Suprema sintió el impacto de los cacerolazos y las críticas del Gobierno a la resolución que parecía postergar el inicio del primer juicio oral contra Cristina Kirchner, y este jueves decidió devolver el expediente para que, tal como estaba previsto, el próximo martes empiece el proceso contra la ex presidenta. 

Tras recibir esta mañana el expediente de más de 50 cuerpos de la causa "Vialidad", donde se juzgarán las presuntas irregularidades en la entrega de contratos de obra pública a Lázaro Báez, el máximo tribunal emitió un comunicado a través del CIJ en el que aclara que la medida no afecta el comienzo del proceso.

"El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido", dice la nota. "La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno", agregan los jueces.

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Se trata de una evidente marcha atrás de la Corte, que ahora decidió que el juicio avance pese a no haber resuelto sobre los pedidos de nulidad de las defensas de Cristina y el resto de los acusados. Lo llamativo es que ahora se supone que el proceso se llevará a cabo en base a pruebas que al mismo tiempo -se supone- estará analizando la Corte para determinar su validez.

Con esta decisión "podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados", indican los jueces. Y luego agregan un argumento que justamente contradice su propia decisión: "de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento".

Esa es justamente la argumentación que en las horas previas utilizaban desde la Corte para justificar el pedido del expediente: la necesidad de analizar todas las pruebas antes del juicio para evitar que más adelante se termine anulando, provocando una todavía mayor sensación de impunidad. Y recordaban casos emblemáticos de corrupción durante el menemismo y la Alianza que terminaron en la nada por fallas procesales.

La decisión generó un inmediato rechazo del kirchnerismo, que denunció a través del diputado Eduardo De Pedro que el gobierno hostiga "sin descaro al Poder Judicial".

Como reveló LPO, en las últimas horas se produjo un cambio de postura en la Corte, desde donde salieron a prometer que analizarían con celeridad las nulidades y deslizaban que el juicio podría comenzar la semana que viene. Lo que no decían es que directamente iban a devolver el expediente.

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También cambió la posición del Tribunal Oral Federal nº2, donde ayer decían que el juicio ya estaba suspendido. Sin embargo, esta mañana su presidente, el juez Jorge Gorini, ratificó que el martes 21 seguía siendo la fecha de inicio del juicio y "hasta el momento no hay cambios". "El juicio no está suspendido", afirmó el magistrado en radio La Red, aunque admitió que estaba supeditado a que la Corte devuelva el expediente.

El análisis del expediente estará a cargo de los secretarios penales de cada vocalía de la Corte, quienes conocen todos los recursos planteados por las defensas y -según sostienen desde el máximo tribunal- están en condiciones de hacer un rápido análisis para resolver con celeridad. 

Marcos Peña y Carlos Rosenkrantz

Aglaplata

A grandes rasgos, el análisis de la Corte podría derivar en dos decisiones. La primera, el peor escenario para Cristina Kirchner, es que rechace los recursos presentados por las defensas. Esto implicaría que la ex presidenta ya no pueda plantear las nulidades durante el proceso, una estrategia habitual de los abogados para demorar o anular los juicios.

En el caso contrario, la Corte puede aceptar los planteos de las defensas y por ejemplo pedir que se amplíen las auditorías sobre las obras públicas como reclaman las defensas. Eso llevaría varios meses y no está claro qué sucedería con el juicio, que ahora el máximo tribunal autorizó a comenzar. Parece que el camino más fácil sería que las presentaciones de los acusados sean desechadas.

La resolución de la Corte había generado una fuerte tensión en los tribunales federales de primera instancia, donde se llevan adelante las investigaciones por casos de corrupción, ya que ponía en cuestionamiento todas las causas.  En los tribunales se comenta que el juez Julián Ercolini, que instruyó la causa Vialidad, está muy preocupado por la decisión de los cortesanos.