Tras cuatro meses de debates en los despachos, dos dictámenes de comisión y varias sesiones suspendidas, el Senado logró aprobar la ley que regula el financiamiento de las campañas políticas, autoriza a los candidatos a recibir aportes de empresas privadas y los obliga a bancarizar sus gastos. 

Además, establece que el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital de los partidos durante las campañas deben destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido, el 35% para los de mirada nacional y el 25% a los creados en las provincias, con foco en el contenido local. 

Fue un pedido de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Asociación de periodismo Digital (APD) para compensar las pérdidas millonarias por la migración de la publicidad a motores de búsqueda como Google o redes sociales como Facebook, que reproducen contenidos de terceros y en el caso de esta última casi no contratan empleados en el país y esquivan el pago de impuestos. 

Cambiemos se oponía a este artículo y hasta dejó caer una sesión para evitar que fuera incluido, pero luego de una reunión de las autoridades de Adepa y la APD con miembros de las bancadas, encabezada por el jefe de Gabinete Marcos Peña, decidieron apoyarlo, aunque excluyeron los fondos privados de los recursos a distribuir. 

"Este proyecto pone luz y cierra definitivamente las puertas al narcotráfico, al terrorismo y a la corrupción en el financiamiento de la política. No podemos seguir mintiéndonos y hacer planteos ideológicos que nos lleven a una ley impracticable", sostuvo el peronista Dalmacio Mera, quien tuvo la tarea de negociar la ley desde noviembre, oficina por oficina.  

La Cámara electoral registrará a las encuestadores y a los canales de comunicación digital de los candidatos. Y definirá una metodología para que rindan los gastos en redes sociales. 

Logró que fuera aprobada con 48 votos y el respaldo casi total de Cambiemos y Argentina Federal, el bloque de Miguel Pichetto, que aceptó reescribir los artículos polémicos para sumar a los más rebeldes, liderados por el formoseño José Mayans y el chubutense Mario País. 

Sus reclamos principales fueron reducir de 5% a 2% el aporte máximo de una empresa a un candidato e impedir contribuciones a las campañas de contratistas del Estado. Además, al menos el 20% de lo que reciban los partidos deberá invertirse en capacitación para la función pública.  

Cambiemos impidió que los sindicatos figuren entre los posibles aportantes de los candidatos nacionales, como ya había logrado en el dictamen emitido en noviembre. No pudo evitar la insistencia del peronismo y del neuquino Guillermo Pereyra, del gremio de petroleros, que lo pidió por los sindicatos en Comisión pero no pudo asistir a la sesión por problemas de salud.

"El dinero de los sindicatos es de los afiliados. No es lo mismo que una empresa", diferenció el radical Ángel Rozas. Mera advirtió que excluir aportes de los gremios es injustificado si quedan autorizadas las personas jurídicas y el debate se definió en una votación en particular.

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La moción a favor se impuso por 25 a 23 pero por tratarse de una ley electoral cada artículo necesitaba el aval de 37 senadores, o sea la mitad más uno del recinto, sin importar cuantas bancas haya ocupadas.

No hubo acuerdo en la ley de financiamiento político y pasa para la semana próxima

"Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley", anunció Pichetto y junto a la mayoría de sus pares permitió permitió  que el artículo 5 permanezca con la prohibición de los sindicatos de volcar fondos a las campañas políticas.  Si se caía, la ley quedaba inaplicable y sujeta a una revisión de Diputados, donde podrían sancionarla la semana próxima.  

Ya se había ido Cristina Kirchner y sus 8 pares, quienes como en la sesión preparatoria de febrero dedicaron las primeras dos horas de la sesión a realizar discursos políticos en formato de "cuestiones de privilegio".  

"No se puede tratar una ley electoral en un año de elecciones", gritó Marcelo Fuentes, jefe del bloque de la ex presidenta, que no abrió la boca pero le fue tirando letra al oído a sus dirigidos. "¿Y cuándo va a ser? Este es un año electoral y en las últimas campañas las rendición de cuentas no fueron aprobadas", respondió sereno Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos. 

Los únicos dos votos en contra fueron de Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda, autodenominados progresistas. "Estamos privatizando la política", protestó el cineasta. 

La versión final del proyecto se cocinó en el último plenario de comisión, el 27 de marzo, tras dos intentos fallidos por sesionar que chocaron con la resistencia de una parte del peronismo y muchas dudas en Cambiemos. Por ser un tema sensible, mientras el tiempo pasaba aparecían propuestas para agregar y el dictamen se reescribía decenas de veces. 

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La radical Olga Brizuela y Doria incorporó la novedad de los aportes "en especie", o sea, en prestaciones de un servicio o entrega de un bien al candidato preferido.  Además de plata de los gremios, los candidatos no podrán recibir contribuciones anónimas, donaciones de empresas públicas, contratistas y proveedores del Estado, entidades extranjeras y explotadores de juegos de azar. 

La campaña serás más larga:  pasa de 35 a 50 días, pero seguirá concluyendo 48 horas antes de ir a las urnas. La publicidad en medios de comunicación podrá empezar a pautarse  recién 35 antes de votar y se reduce de 10 a 5% el tiempo de programación audiovisual gratuito con fines electorales. En la próxima elección será de la mitad.

La Cámara Nacional Electoral, que reclamó sin éxito la organización del escrutinio provisorio, sumará 8 nuevos auditores y muchas atribuciones para controlar de cerca a los nuevos actores de los procesos electorales del siglo 21: los encuestadores y redes sociales.  

Creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán registrarse los mediáticos consultores e informar cada encuesta que realicen y el monto que percibieron por sus buenos servicios. 

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Como adelantó LPO, tal como dispuso en una de sus últimas acordadas, los camaristas tendrán la facultad de registrar las cuentas oficiales de redes sociales y sitios de Internet para luego exigirles rendir cuentas e identificar perfiles falsos y ejecutores de fake news.  

Los legisladores le concedieron la atribución de definir una metodología para la rendición de gastos en las redes, empresas multinacionales gigantescas que se dan el lujo de cobrar con tarjeta de crédito sin emitir factura ni pagar impuestos. "El mundo está discutiendo como controlarlas", advirtió Mera. Es el debate que sigue.