El presidente de la AFA Rubén "Chiqui" Tapia envió a su prosecretario Marcelo Achile al Congreso para reclamar la urgente derogación del decreto, que golpea las finanzas de los clubes al aumentar sus aportes a la seguridad social.

Archile, que es presidente del club Defensores de Belgrano, fue invitado a un plenario de comisiones para tratar la demorada la ley que aumenta las penas por delitos en estadios de fútbol, leyó una posición oficial que casi no hizo menciones a ese proyecto y usó el micrófono pa quejarse por la eliminación del decreto 1212, firmado por Eduardo Duhalde en 2002. 

"Va a significar un golpe financiero grande a la mayoría de los clubes y de manera específica a los que tienen un establecimiento educativo", advirtió el prosecretario de la AFA.

Y anunció que la medida podría ocasionar la suspensión del proceso de profesionalización del fútbol femenino, anunciado recientemente por Tapia. "Hay clubes que ya nos advirtieron que quieren seguir participando en la liga amateurs", informo Archile.

Sorprendida, Silvia Lospennato, diputada del PRO y cercana a las proclamas feministas, pidió restringir el temario a la ley de violencia en el fútbol, "porque muchos que no integramos la comisión de deportes no sabemos de qué habla", se defendió y pronto la cruzó el kirchnerista Adrián Grana.

Funcionarios y dirigentes debatieron sobre la ley para penar a las barras pero todo siguió igual. La oposición insiste en que aumentar penas no cambiará nada. Arietto describió los movimiento de cada hinchada. 

Como explicó LPO, el decreto de Macri restringe los aportes a la seguridad social que desde 2002 se realizan mediante una retención del 7% sobre las transferencias de los jugadores de fútbol, los derechos de televisación y la recaudación de entradas.

La percepción seguirá y será de 7.25% pero sólo abocada a aportes patronales y cancelación de saldos pendientes. Y los clubes deberán aportar el 31 por ciento a obras sociales y las ART, que hasta ahora cubrían en su mayoría con ese fondo. En el decreto, el Gobierno sugirió que el dinero de las percepciones sirvió para triplicar los planteles de empleados y no siempre recayó en las prestaciones médicas.

En un comunicado, el club Vélez Sarsfield informó que perderá 5 millones de pesos y podría complicar sus balances. No es casual que haya sido el primer club en reaccionar: Raúl Gámez, ex presidente y referente histórico de la institución, rechaza el ingreso de sociedades anónimas a los clubes que Mauricio Macri promueve desde que es presidente de Boca.

La AFA iba a tratar en diciembre una resolución para habilitar el ingreso de SA a los clubes, pero una campaña en contra de Marcelo Tinelli acobardó a Daniel Angelici, actual titular del club xeneize.

El debate por la ley antibarras, aprobado y devuelto a comisión en diciembre, tuvo su primera jornada de audiencias públicas con la exposición de dirigentes y funcionarios, que lejos estuvieron de lograr acercar posiciones entre oficialismo y oposición.

El presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, pidió crear un sistema de identificación similar al del último mundial, el FAN ID. "La conducta de las personas podría ser diferente que si supiéramos quienes son", propuso.

Archile casi no se pronunció sobre la ley y sólo pidió no restringir el castigo en los dirigentes que "sostienen hasta financiera mente algunos clubes". Y  aportó algunas dudas sobre las penas a quienes ocasionen avalanchas. "En la mayoría de los casos no son un acto voluntario sino que tiene que ver con el exceso de la capacidad". Lospennato le pidió precisiones pero no lo consiguió. "Los que legislan son ustedes", respondió titubeando.

Guillermo Madero, funcionario de Patricia Bullrich a cargo de la seguridad en espectáculos futbolísticos, celebró el sistema de identificación de espectadores con DNI. "Un policía me dijo que lo peor que podían hacerle a un barra es pedirle su identidad y por eso empezamos a pedir documentos. Ya identificamos 600 prófugos", se jactó.

"Pero cuando llega la barra todos se corren y pasan", lo chicaneó el kirchnerista Horacio Pietragalla. "No es así diputado, un día lo voy a invitar".

Florencia Arietto, asesora de Bullrich y ex encargada de seguridad de Independiente, describió las facciones de cada barra brava, los prontuario s judiciales y exhibió infografías con los movimientos de cada una.

Las barras crecieron al calor del poder en forma transversal. Sus negocios no son la reventa. Los trapitos' son el negocio de la Policía corrupta y la reventa es el negocio de las terceras líneas. Los barras lucran con el narcotráfico, armas, trata, bancos y secuestros", señaló la ex militante del Frente Renovador.

"Todos los barras son delincuentes. Y aprovechan el narcotráfico mediante dos cualidades: territorio e impunidad". Pidió una ley para tipificar esos delitos y citó una reciente entrevista desde la cárcel de Alan Schlenker, ex barra de River, donde dice que si el delito de barras estaría tipificado no hubiera ingresado en los borrachos del tablón.

Le sirvió para apaciguar a Grana y del ex arquero y ahora diputado kirchnerista Carlos Castagnetto, que insistieron en apostar a la prevención y no a aumentar penas. "Describiste delitos que se cometieron fuera de los estadios y de grupos relacionados con la marginalidad que este gobierno incrementa", le recriminó.

Arietto había hablado de "La chocolatada", una facción de la barra brava de Boca compuesta por chicos jóvenes con prontuario carcelario, reclutado por Mauro Di Zeo. También hablo de Rafael Di Zeo. "No está preso porque un fiscal olvidó su instrucción", precisó y destacó varias veces que puede investigarlo aunque haya sido el barra del Boca de Macri.