Mauricio Macri sigue convencido de la necesidad de llamar a sesiones extraordinarias en febrero, pero Emilio Monzó y otros legisladores del PRO creen mejor esperar a marzo para evitar otra fallida negociación con la oposición. 

Y una de las opciones que evalúan en la Casa Rosada para no quedar mal parados es sumar al debate del recinto la ley de extinción de dominio, un proyecto reformado en el Senado y nunca tratado en Diputados que permite expropiar los bienes originados en delitos como la corrupción y el narcotráfico.

Cansado de esperar una definición, Macri lo dispuso por decreto, pero si ambas Cámaras lo rechazan pierde validez y podrían hacerlo en febrero mismo. En Cambiemos creen que la consigna de "recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico" le permite un triunfo ante la opinión pública que podría obligar al peronismo a ceder. 

Un dato: a diferencia de las leyes, los decretos se rechazan o se aprueban pero no se modifican y si hubiera existido algún error de redacción no podría subsanarse.  De todos modos, en el Gobierno no aceptan los cambios que le hicieron a la ley los senadores del PJ y el kirchnerismo en agosto, con Cristina levantando la mano. 

Consisten en definir la extinción de dominio como una acción civil dentro del proceso penal y sin retroactividad, o sea, un juez no podría pedirle a un ex funcionario que justifique sus bienes. Esa era la idea del proyecto original y del decreto. 

Las sesiones serían el 13 y el 20, pero el temario final aún está por definirse y no hubo negociaciones con la oposición que garanticen acuerdos. 

Macri se fue a Villa La Angostura decidido a llamar extraordinarias en febrero para obtener leyes que quiere antes de iniciarse el inagotable año electoral, pero el temario todavía no está definido. En la Patagonia le confirmó su deseo a Federico Pinedo, siempre confiado en negociar buenos acuerdos con el PJ. Monzó suele ser más pragmático en sus proyecciones y esta semana ya hizo saber que prefiere mantener el recinto cerrado hasta marzo.  

En diciembre los dos tuvieron dificultades y no lograron sancionar el aumento de las penas por violencia en el fútbol ni la ley de financiamiento de partidos políticos. Macri las sigue reclamando, pero no hubo negociaciones ni la habrá la próxima semanas como para imaginar un final mejor en una sesión de fin de mes.

"Hasta la segunda quincena no será fácil negociar. Corremos el riesgo de que no tengamos leyes, el recinto vuelva a ser un caos a una semana de la apertura del año legislativo", sostuvo ante LPO un diputado del PRO que tiene visitas seguidas a Olivos.

Sólo por ahora Macri prefiere no hacerle caso y abrir el Congreso el 13 y el 20 de febrero, con la extinción de dominio como línea divisoria entre buenos y malos. 

En marzo, el Gobierno sigue con la idea de enviar el nuevo Código Penal, con 540 artículos que adaptan las 900 reformas que tuvo esa norma en sus 100 años de historia y reforma otras, como el aborto, que se mantiene ilegal pero con una pena menor y sin chances de llevar a una mujer a prisión.

Como anticipó LPO, la sola mención del tema, inevitable si se trata una nueva legislación penal integral del país, volverá a dividir el recinto entre verdes y celestes, colores que identificaron a promotores y detractores del aborto en 2018.

Para amilanar la disputa, el año pasado Marcos Peña había decidido que el Código ingrese por el Senado, donde la interrupción del embarazo fue rechazada y el clima de debate suele no romper los protocolos. Algunos legisladores de Cambiemos creen que lo mejor es demorarlo un año más.