Es un clásico de cada verano que se repite: ni bien Mauricio Macri regresa de sus vacaciones firma un decreto de necesidad y urgencia para regular el mercado de telecomunicaciones sin pasar el Congreso.

Esta vez, fue el DNU 58, publicado el 21 de enero, que copia y pone en vigencia el artículo 3 del proyecto de ley corta de telecomunicaciones aprobado en el Senado y redactado para autorizar a la Enacom a licitar frecuencias conservadas en forma preferencial por Arsat, la empresa estatal de soluciones satelitales. 

Por presión del peronismo federal, en el Senado se asignó al menos un 20% de esas bandas a empresas regionales, públicas o privadas, pero los diputados de ese bloque fueron por más y pidieron que las provincias las reciban "a título gratuito" con la misión de reducir la brecha digital e impulsar el desarrollo nacional, uno de los objetivos plasmados en el proyecto.

Exigieron además extender hasta 2024 el plazo para que las telefónicas ofrezcan televisión vía satélite en localidades con menos de 100 mil habitantes. El presidente no soportó tantas exigencias y le ordenó a Andrés Ibarra cancelar las negociaciones y empezar a escribir DNUs. 

"Macri eliminó por Decreto una función social del Estado", protestó el diputado del peronismo federal de La Pampa Sergio Ziliotto, promotor de la Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones que el Gobierno descartó. 

Un artículo de la ley corta de telecomunicaciones permitía licitar frecuencias de Arsat. El peronismo pidió ceder una parte gratis a las provincias, Macri se negó y volvió a apelar a un decreto. 

Los decretos de necesidad y urgencia toman vigencia ni bien son publicados y por lo tanto la Enacom ya puede licitar las bandas retenidas por Arsat, debido a una ley impulsada por Cristina Kirchner poco antes de abandonar la Casa Rosada. Serían las adjudicada en 2014 al Grupo Vila-Manzano, que nunca pudo afrontar los pagos en dólares. 

El problema para un eventual nuevo prestador es que si la oposición anula el DNU en el Congreso debería ceder las frecuencias, lejos de la seguridad jurídica que suelen reclamar los inversores.

El decreto se tratará en la primera reunión del año de la bicameral de trámite legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri, de La Cámpora, que tiene en carpeta también el DNU que dispuso la extinción de dominio, otra ley aprobada en el Senado y congelada en la Cámara baja.

Si la oposición se une en la bicameral empata en votos con el oficialismo y el rosarino puede hacer valer doble el suyo para que el dictamen de rechazo sea el de mayoría. El bloque de Cristina fue uno de los pocos que votó en contra de la ley corta de telcos en el Senado.  

Pero la verdad está en los recintos, donde la oposición tiene mayoría para anular cualquier decreto y si Cambiemos ignora los planteos de los gobernadores peronistas se queda sin aliados para evitarlo. 

Fue lo que ocurrió con el polémico megadecreto de desburocratizción de enero de 2018, finalmente eliminado y reemplazado por tres leyes que copiaron buena parte de su contenido, pero no todo. Las modificaciones las escribieron los diputados del peronismo federal, bajo amenaza de borrar el DNU en el recinto. 

Una tensión similar podría repetirse si Diputados retoma el debate por la ley corta de telecomunicaciones, que tiene 13 artículos y fue ideada para habilitar a Telefónica y América Móvil (Claro) a brindar televisión satelital y competir mano a mano con la fusión de Telecom-Cablevisión.

Pero como el Senado extendió el plazo hasta julio de 2020 y unos años más en localidades pequeñas, los ejecutivos de las multinacionales consideraron que la ley no les servía y por lo tanto no está muy claro si el Gobierno no la dejará caer.

De todos modos, el tema seguirá latente en los pasillos del Congreso porque Macri prometió el año pasado un proyecto de ley integral para regular las telecomunicaciones y nunca lo envió.

Sólo se conocieron algunos borradores de una comisión redactora, que para darle curso deberá negociar con la oposición en las comisiones. Salvo que el presidente postergue la discusión para un eventual segundo mandato presidencial.