El peronismo del Senado no avalará el pedido de desafuero y prisión preventiva a Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos ratificado por la Cámara Federal, que deberán considerar durante el primer semestre de 2019, con posibilidad de posponerlo unos meses más. 

"No conozco el contenido de la sentencia pero me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva", sostuvo Miguel Pichetto, jefe del justicialismo, que siempre insistió en que su bloque no aprobará un desafuero sin una sentencia firme. Sin ellos, Cambiemos no llega a dos tercios necesarios para mandar a la ex presidenta a prisión. 

En los libros sólo puede considerarse sentencia definitiva un fallo de la Corte Suprema, que esta semana golpeó al Gobierno con un dictamen para aumentar el cálculo de las jubilaciones en juicio.

Pichetto esta vez no habló de instancias judiciales sino del contenido del fallo de Cámara. "La pregunta es, ¿Cuál es el riesgo respecto de la ex presidenta de fuga? ¿A dónde va a ir la ex presidenta? ¿Al África meridional? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya recolectadas en la etapa de instrucción, para que pueda entorpecer la investigación? La ex presidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso, un disparate", aseguró el rionegrino en radio nacional. 

Pichetto consideró que la prisión preventiva debe ser una excepción y no está justificada en el caso de Cristina. El desafuero puede cajonearse muchos meses en el Senado. 

"Indudablemente que puede haber elementos que al juez y a la Cámara los lleva a ratificar el procesamiento dictado por el doctor Bonadio. El marco de la norma es bastante específico. Es riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Son los dos supuestos que fija el Código. Todo el proceso penal argentino establece claramente la regla que la detención es la excepcionalidad", agregó.

Su bloque protagonizó una dura interna cuando se discutió el presupuesto y un grupo pidió más fondos y se mostró cercano a Cristina. Lo integraban los formoseños José Mayans y Teresa González y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango y los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin.

Sólo los dos últimos rompieron y el resto recompuso su vínculo con Pichetto y  esta semana volvieron a marcarle la cancha al Gobierno postergando hasta 2019 las dos principales leyes pedidas por Macri en extraordinarias: la que combate a las barras bravas y la regulación del financiamiento político.

Juan Carlos Casas.

En el oficialismo la doctrina interna difundida en agosto fue avalar desafueros y pedidos de prisión preventiva con fallos de Cámara, como hicieron hace un año con Julio De Vido en Diputados. Pero en esa situación se encuentra la diputada radical Aída Ayala y sigue en libertad. "No fueron ecuánimes", denunció Agustín Rossi en la última sesión.

El miércoles la Cámara de Casación se pronunciará sobre Ayala y si el fallo es favorable y la ex presidenta apela a ese tribunal, en el oficialismo lo considerarán otro elemento para incomodar a Pichetto y sus pares.

De todos modos, el tratamiento del desafuero de Cristina tiene un largo recorrido. La Constitución prevé 180 días para debatirlo en el recinto pero podría extenderse casi hasta la fecha de las elecciones si se repite el criterio de considerar días hábiles, aplicado en el pedido de detención a la ex presidenta por la causa del memorándum con Irán. 

Recién se trató en noviembre y el peronismo lo rechazó, porque el resto de los acusados ya habían sido sobreseídos. Nunca lo había tratado la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el peronista Dalmacio Mera, que desde marzo podrá debatir la nueva solicitud para desaforar a Cristina y dejarla detenida. Tiene tiempo para decidirlo.