Un juez porteño declaró inconstitucional el "protocolo Chocobar" de Patricia Bullrich y le prohibió a Horacio Rodríguez Larreta aplicarlo en la Ciudad de Buenos Aires, como ya había adelantado que haría.  

La decisión la tomó el magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, habitual opositor a medidas del PRO y el juez más odiado por Mauricio Macri durante su gestión en la Ciudad. El macrismo intentó incluso destituirlo, sin éxito.

Gallardo hizo lugar a un pedido realizado por la legisladora porteña Myriam Bregman junto a la titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, para declarar inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego. 

En el Gobierno sostienen que el fallo de Gallardo avanza sobre cuestiones que están fuera de su ámbito de actuación. "Llama la atención la competencia del juez Gallardo, él tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia", sostuvo el ministro Germán Garavano. "No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales", agregó en diálogo con radio La Red.

La decisión de Gallardo se conoció luego de que Larreta anunció que la Ciudad adherirá al protocolo de Bullrich, aunque con diferencias. "Hablamos con la ministra para avanzar en la reglamentación del uso de armas no letales. Vivimos en una urbe con situaciones de cotidianidad distinta a las de las fuerzas federales", explicó el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, a cargo del área de Seguridad.

La Ciudad se sumará al protocolo Chocobar pero se diferenció de Bullrich 

En su demanda, Bregman y Verdú indicaron que "la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", por lo que solicitaron "con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución".

Para las demandantes, la resolución "afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional". "Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas", señalaron.