Por presión de las inmobiliarias Mauricio Macri no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias la ley de alquileres, que promovió públicamente para aliviar el costo de 7 millones de personas que pagan una mensualidad por su residencia.

Tras el mensaje presidencial, los diputados de todos los bloques firmaron un dictamen en un plenario de comisiones poblado de martilleros enojados, que no se dieron por vencidos y lograron posponer el debate hasta nuevo aviso. 

Macri prefirió postergar el asunto para otro momento y los contratos de 2019 seguirán con las pautas actuales, pese a que la diputada radical Brenda Austin ya había acordado modificaciones con oposición, inquilinos e inmobiliarias. 

"En un Gobierno que no tiene mayoría propia, hay una agenda legislativa siempre desafiante y no todos los temas se pueden resolver", justificó su decisión el presidente, en la conferencia de prensa de este lunes.

Lo que más golpea a los inquilinos es el costo para ingresar a una propiedad, un combo de comisiones y depósitos que los obliga a desembolsar varios meses de renta antes de poner un pie.

Aprobaron el dictamen de la ley de alquileres, pese a la fuerte oposición de las inmobiliarias

El dictamen aminora esa carga de varias maneras: extiende los contratos de 2 a 3 años, trasfiere el pago de honorarios a los propietarios y coloca el mes de depósito en un plazo fijo para que no se devalúe.

"Si trasladan ese dinero al costo de los alquileres no importa, porque estaríamos prorrateando el alto precio de mudarnos", coincidieron varios referentes de asociaciones de inquilinos, en charlas privadas. 

Además, el dictamen permite aumentar los valores, práctica que ocurre en los hechos, pero sólo mediante un índice que combina precios al consumidor y el coeficiente de variación salarial. Y obliga a blanquear el contrato en la AFIP.

Habían consensuado que las comisiones siguieran atadas a las regulaciones provinciales, pero a las inmobiliarias no les alcanzó el gesto y mostraron un poder de lobby en el Ejecutivo que dejó perplejos a los diputados de Cambiemos. 

La ley de alquileres alivia el costo para mudarse, porque los extiende a 3 años y excluye a los inquilinos de pagar honorarios. Macri había pedido aprobarla, pero luego se arrepintió. 

"Los mismos funcionarios que nos criticaban por cajonear la ley, ahora nos cuestionan por apurarla", se sorprendían hace 15 días, cuando ya daban por muerto el debate. 

Pero en su última reunión Emilio Monzó y Mario Negri coincidieron en buscar un acuerdo para terminar el año con una buena noticia y le encargaron a Austin juntar las partes.

La pelea por la Magistratura hizo imposible una última sesión ordinaria, desde diciembre sólo pueden debatirse los temarios enviados por Macri y regular los alquileres ya no es su urgencia.

Entre las 40 leyes que pidió tratar hasta el 21 de diciembre está la de financiamiento político y el mayor escollo es la interna de Cambiemos en Diputados. Como anticipó LPO, Elisa Carrió y algunos sectores de la UCR respaldan la bancarización de los fondos electorales, pero no les convence habilitar a las empresas a financiar campañas políticas.

Juan Carlos Casas.

El Senado consensuó un dictamen que permite a personas jurídicas contribuir con la actividad anual de un partido político y excluye a los sindicatos, pero el temario de extraordinarias lo ignoró.

Incluyó el proyecto enviado por el Gobierno en agosto a la Diputados, que habilita aportes privados por "hasta un 2% de los gastos totales" de una campaña.

Tras las denuncias de aportantes truchos en la última campaña bonaerense, en el PJ y en Cambiemos no imaginan a un contador público capaz de firmar los balances de un candidato, pero Carrió no tiene ese problema y reclama demorar la discusión hasta 2019, más cerca del cierre de listas. Sabe que la urgencia de sus socios la fortalecerá en la negociación. 

El resto del temario de extraordinarias no tuvo mayores sorpresas. Este martes comenzará a tratarse en comisiones la ley para endurecer penas por violencia en el fútbol y si bien no hay fuerza política que se haya expresado en contra, sí podrían proponer retoques.

Por la interna en Cambiemos, peligra la sanción de la ley de financiamiento político 

El cordobés Juan Brügge, de Argentina Federal, presentará un proyecto para penar a las instituciones por los episodios de violencia, como ya ocurre en Europa. No parece la idea de Macri, que en la conferencia de prensa de esta mañana insistió en aumentar las penas a los vándalos, pero no habló de los clubes.

El lobby de las cooperativas y mutuales de créditos y seguros volverá a ponerse a prueba. Lograron que el presupuesto no las grave con Ganancias sino con un impuesto al patrimonio, que por si fuera poco el Senado aminoró con otra ley. Los diputados de Cambiemos no la quieren tratar y el macrista Luciano Laspina presentó un proyecto alternativo para dejar contentos a todos. Macri lo sumó al paquete.

También se sancionará la reforma procesal penal, denostada por Cristina Kirchner cuando se aprobó en el Senado; y el aumento a los bienes personales, con las modificaciones impuestas por Miguel Pichetto: no pagarán más las propiedades valuadas en 18 millones de pesos.

El temario incluye muchas leyes pedidas por posibles aliados como los diputados de Salta o Misiones, que Cambiemos necesita para el quórum si quiere sesionar miércoles, jueves y el 12, si queda alguna ley pendiente.

También harán falta para aprobar los pliegos de los cónsules honorarios, entre ellos el de Nicolás "Nicky" Caputo, "el amigo del alma" de Macri, propuesto para Singapur. En julio, massistas y peronistas se fueron de la sesión para no aprobarlo. Monzó ya estudia estrategias para retenerlos.