Cumbre de G20
Cruces en el Congreso por la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe árabe
El senador Romero pidió repudiar su visita en el recinto. "No podemos arriesgar una relación bilateral", respondió el diputado radical Mestre, enlace con la embajada saudí. Detalles de una fructífera relación bilateral.

La visita del polémico príncipe de Arabia Saudita Mohammad bin Salmán activó una inesperada controversia en el Congreso, donde el reino siempre fue bienvenido y agasajado como parte de una sólida relación bilateral.

De hecho, a mediados de agosto el diputado radical Diego Mestre, presidente del grupo de amistad con los saudíes, fue recibido con honores por el embajador, Riyad Saud Alkhenene, que por estas horas atiende en su palacio a Bin Salmán bajo un celoso operativo de seguridad. 

El 1 de octubre el periodista saudí Jamal Khashoggi, un viejo conocido de la familia real exiliado y crítico de sus medidas en sus columnas del Washington Post, ingresó a la embajada de su país en Turquía y nunca más salió. 

Los investigadores locales y la CIA reunieron elementos para especular que fue asesinado y descuartizado y el reino nunca lo negó: la fiscalía saudí reconoció que murió tras una pelea en la sede diplomática, sin muchos más detalles.

La llegada del príncipe trajo un dilema que es muy frecuente en naciones desarrolladas y consumidoras compulsivos del petróleo saudí: ¿Se puede sostener un vínculo comercial con países que violan los derechos civiles a la luz pública? 

Argentina recibe inversiones de Arabia Saudita y tiene un constante superávit comercial hace años. 15 funcionarios del consejo consultivo del rey estuvieron en el país hace un mes. Y el príncipe es la figura más buscada del G20. 

Argentina quedó envuelta en esa disyuntiva cuando Human Rights Watch, una organización internacional que brega por los derechos humanos, pidió detener en Buenos Aires a MBS por la muerte de Khashoggi y la sangrienta guerra civil de Yemén que su vecino Arabia digita desde 2015, cuando el joven príncipe era ministro de Defensa y principal voz de consulta del rey, el longevo Salman bin Abdulaniz-Al-Saud.

La batalla la libran con armamento suministrado por potencias mundiales como Estados Unidos, donde más allá de algún gesto de repudio aislado Donald Trump no se mostró interesado en romper relaciones con el reino, al menos como gesto al periodista del Post que tal vez se cruzaba por las calles de Washington. 

Por si acaso, en julio Arabia suspendió envíos de petróleo después de un ataque a Yemén y los precios escalaron por encima de los 75 dólares, suficiente para mantener domesticados a los principales líderes del planeta. 

El ruido fue suficiente para que algunos no quieran ser cómplices por omisión: el senador Juan Carlos Romero, jefe del interbloque federal y aliado de Cambiemos en muchas votaciones, presentó un proyecto de "preocupación y repudio" por la desaparición de Khashoggi y pidió en la próxima sesión denostar la visita del líder saudí, hasta ahora en la más rimbombante del G20. 

"Este acto tan deleznable fue en contra de la vida, en contra de la libertad de expresión, en contra del derecho internacional, en contra de todo derecho humano", sostuvo Romero. 

Cambiemos prefiere la cautela ."Es una locura. Un proyecto así no puede prosperar de ninguna manera, porque afecta la relación bilateral", respondió ante LPO Mestre, que se negó a opinar sobre el reclamo de Human Rights Watch.

Cruces en el Congreso por la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe árabe

"Desconozco si el país puede incidir en asuntos internacionales", se escabulló el cordobés. Por lo pronto, el juez Ariel Lijo envió exhortos para pedir documentación a Yemén, Arabia Saudita y Turquía y la recibirá cuando el G20 haya terminado. O sea, no llegará a pedir la detención del príncipe. 

Pese a que desde Cancillería señalaron que el príncipe tiene inmunidad diplomática, HRW confía en la justicia local: "Las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas La Constitución argentina prevé que, en determinados casos vinculados con funcionarios extranjeros, la Corte Suprema tiene competencia originaria", detalló en un comunicado.

Mestre no tiene el cargo por casualidad: Córdoba es una de las provincias más beneficiadas con las inversiones de Almarai, la empresa láctea del reino que desde 2011 arrienda campos en Argentina para sembrar alfalfa que alimente las vacas de su país, donde el agua es escasa y se preserva para los 32 millones de habitantes, la mayoría muy jóvenes y disciplinados a la versión más rígida del Islam. 

La balanza comercial siempre fue superavitaria para Argentina, con saldos favorables que alcanzaron 1143 millones de dólares en 2013, el año en que Cristina Kirchner firmó el polémico memorándum con Irán, enemigo histórico de Arabia Saudita.

Ni aquel episodio motivó al reino a dejar de comprar alimentos argentinos y en 2017 el intercambio dejó un plus de 612 millones de dólares en el Banco Central. Poco, pero nada para despreciar en el año de mayor rojo comercial de la historia y suficiente para que Mauricio Macri sostenga las relaciones carnales sin conmoverse por las atrocidades que denuncian  organismos internacionales. 

Human Right Watch pidió detener en Buenos Aires al príncipe heredero de Arabia Saudita

En 2016 el rey recibió a Gabriela Michetti, en una gira que cubrió LPO. En la ronda de negocios, empresarios locales exigieron mejoras en la macroeconomía para comprar más y mejores productos argentinos, reprocharon viejas promesas incumplidas de Julio De Vido y en las reuniones privadas exhibieron los recelos entre el entonces heredero del trono, Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz, y el joven bin Salmán, que pronto tomó el mando del reino y domina los tiempos de la diplomacia.

Logró conmover a su majestad con el plan 2030, un programa económico para potenciar diferentes sectores de la economía y reducir la dependencia del petróleo. Una de las apuestas es la energía nuclear y cuentan con un reactor de entrenamiento construido por la empresa rionegrina INVAP, cuyas autoridades visitan Riad con frecuencia.

Demasiados beneficios y proyecciones como para que el Gobierno y la oposición que fue Gobierno cuestione las andanzas por las calles porteñas del príncipe.

No es la primera presencia saudí en estas tierras tras el episodio en Estambul: hace un mes un contingente de 15 funcionarios participó del P20, una cumbre de legisladores de los países del G20. Fueron liderados por Abdullah Al Sheikh, presidente del Consejo Consultivo local, el principal organismo asesor del rey. 

Animaron las jornadas de debate en el edificio anexo, el agasajo en el salón de los pasos perdidos y la conferencia final en el Delia Parodi, de la Cámara de Diputados. Ningún legislador del mundo los consultó por la muerte del periodista en Turquía, por entonces primera plana de todos los medios del mundo. Su joven jefe, parece tener menos suerte. 

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  • 3
    29/11/18
    12:11
    Che Human Rights Watch, porque no cacareas cuando USA y sus aliados invadieron Afganistan e Irak y mataron a miles de inocentes? O cuando las "democracias" de nuestro país se afanaron miles de millones sumiendo gente en la pobreza y sin actuar ante los delincuentes que nos matan por dos pesos? Acaso los derechos humanos no son para todos?
    Responder
  • 2
    bautistab
    29/11/18
    09:33
    realmente espero que vaya preso. Pero tambien espero que argentina no se meta. Bastantes problemas propios tenemos como para meternos en problemas ajenos.
    Responder
  • 1
    el tapir
    28/11/18
    20:25
    Me cago en el superavit en los usd 1143 de superavit con los saudies. Mohammed Bin Salman es un asesino y como musulman se le debe aplicar la Sharia con el maximo rigor. Argentina no puede cobijar a asesinos de lesa humanidad. Este principe de los asesinatos es tan perfido como sus primos de Qatar.
    Responder
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