María Eugenia Vidal confirmó anoche lo que durante la tarde había adelantado LPO: prepara un nuevo impuesto que impactará sobre los premios del juego, algo que genera fuerte tensión en el sector.

"Ya aumentamos los impuestos y lo vamos a volver a hacer en el presupuesto que se presentará el lunes", dijo la Gobernadora en TN. Por estas horas, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, ultima detalles para una suba del impuesto a los premios que rondará entre el 2 y 5% para crear un "fondo social".

Pero Vidal fue más allá anoche y cargó con dureza sobre los bingos y casinos. "Yo no quiero bingos en lugares pobres. Entiendo que pueda haber un casino en un lugar turístico como oferta de temporada, pero no en lugares pobres", dijo la Gobernadora con vehemencia y se manifestó en contra de la decisión de sus predecesores de "poblar" el Conurbano de bingos.

Además, dijo que respetará los contratos, que había muchos que no podía dar de baja, pero aseguró que "en lo que dependa de mi respecto del juego me van a encontrar siempre en frente".

La noticia de un nuevo impuesto y las declaraciones de la Gobernadora generaron honda preocupación en el sector. Según pudo saber LPO, los empresarios mantuvieron hoy una reunión en oficinas de Codere para analizar la situación.

La idea de la Gobernadora es colar este debate junto con la discusión por el presupuesto 2019, que arrancará la semana próxima en la Legislatura bonaerense. Hasta ayer, en el gobierno había máxima reserva en el tema porque saben que al "desalentar" el juego se le abrirá un nuevo eje de conflicto con el sector.

El conflicto es inminente. Una de las empresas principales dejó trascender que el porcentaje que quieren sacarles les parece "demasiado alto" y que se están asesorando para hacerle frente a la medida.

Para Vidal, la suba es una vía para subir la recaudación y poder paliar el fuerte ajuste -plasmado en el presupuesto- producto de la negociación de Mauricio Macri con los gobernadores.

Los empresarios esperan a que se oficialice la suba y claro, buscarán frenarla. Existen antecedentes: en el presupuesto 2017, el Frente Renovador propuso crear un arancel de $20 por persona que cobrarían los bingos. Con eso esperaban recaudar 1.800 millones de los que una mitad iría al gobierno provincial y la otra a los distritos que tienen bingos.

Esa suba nunca se pudo implementar porque el lobby de los grandes operadores del juego logró frenarlo.

En los primeros días del año, Vidal anunció una licitación por 20 años para la administración y control de las 3.860 máquinas habilitadas en las salas de casinos de la provincia.

Pero en paralelo a ese anunció también decidió de baja tres casinos y un bingo. Se trata de los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, tres salas inviables por la poca cantidad de gente que concurría.

En cuanto al bingo, el elegido fue el de Temperley, cuya concesión estaba en manos de la empresa española Codere, con prórroga vencida en diciembre de 2017.

Por esos días, el director de Lotería y Casinos, Matías Lanusse, amenazaba con pedirle a la Legislatura una modificación del artículo 37 de la Constitución provincial que fija al Estado la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos.