La crisis financiera que obligó al Gobierno a cerrar los recintos del Congreso hasta el debate del presupuesto no frenó el tratamiento de la ley corta de telecomunicaciones, ideada para habilitar a Telefónica y Claro a ofrecer TV satelital y ofrecer cuádruple play.

Como explicó LPO, el Senado las autorizó a usar sus satélites pero recién a mediados de 2020 y en 2022 en localidades pequeñas. Molestos, sus directivos fueron a la Comisión de Comunicaciones de Diputados y amenazaron con frenar inversiones.

Pero no tuvieron señales amigables del Gobierno y, por si fuera poco, Telecom, su competidor de mayor peso tras su fusión con Cablevisión, les pidió aumentar la inversión en fibra óptica para continuar en el país.

"La TV satelital va en contra de la inversión en redes. Se está dejando de lado al consumidor", se quejó Telecom. Ratificó que invertirán 5000 millones de dólares. 

"La infraestructura necesaria para que Argentina tenga servicios de telecomunicaciones de primer nivel pasa ineludiblemente por el ancho de banda, que será cada vez mayor, y esto es algo que solo brindan las redes de fibra óptica. Esto nos lleva a la discusión de la habilitación de prestaciones de servicios que, a nuestro entender, son agregados, como es el de video o el de satélite", planteó Pedro López Matheu, director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios de Telecom, durante la última audiencia de Comisión de Comunicaciones de Diputados, presidida por Juan Brügge. 

Curioso: cuando la ley se aprobó en el Senado Miguel Pichetto, jefe del justicialismo, hizo un reproche similar y hasta le advirtió a Telecom y Telefónica que el Congreso podría apagar sus satélites si no invierten en redes físicas en el corto plazo. 

López Matheu lo alentó a seguir ese camino. "Esta habilitación resuelve coyunturalmente la necesidad de un servicio que, como decimos, es de valor agregado pero no convergente, que va en contra de la necesidad de invertir en redes, por lo que, además, es un servicio que no es de doble vía. La ley deja un poco de lado el interés del consumidor".  

A diferencia de sus rivales, el directivo de Telecom ratificó inversiones por 5.000 millones de dólares, más de mil este año, "llevando la conectividad a rincones remotos como La Quiaca, la quebrada de Humahuaca o los valles calchaquíes, que hasta que nosotros hicimos estos despliegues no contaban con acceso a internet o era de muy baja calidad, en el caso del acceso fijo, o directamente inexistente en el caso del acceso móvil".

"Creo que esas son las cuestiones que hay que atender con mayor dedicación y, por el contrario, favorecer el despliegue y la inversión de fibra óptica, que en definitiva es lo que nos va a permitir abrir las puertas del futuro para nuestros consumidores", culminó.

López Matheu pidió brindar cuánto antes servicios empaquetados de telefonía y televisión por suscripción, sin el período de gracia en las ciudades de menos de 100 mil habitantes.

"Es perjudicial para los consumidores. La prioridad sobre cualquier otra consideración debe estar en que los usuarios puedan elegir entre el máximo de opciones que sean viables, y abordar las legítimas preocupaciones de competencia por la vía regulatoria".

Telefónica y Claro tuvieron quien los defienda: Andrés Sastre, representante de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. "Es contradictorio con la maximización del interés general, máxime cuando se da un tratamiento diferenciado a otras empresas, lo que sin dudas afecta a la competencia", denunció.

Las audiencias continuarán y el Gobierno quiere la ley sancionada antes de fin de año para apurar en 2019 la ley integral de convergencia digital que Mauricio Macri anunció en la apertura de sesiones de este año, pero no parece cerca de cumplir. No quiere demorarse mucho más.