Pese a un nuevo reclamo de Mauricio Macri, Cambiemos y el PJ otra vez no pudieron consensuar en el Senado una ley de extinción de dominio, que ya fue aprobada en Diputados hace dos años y sería tratada en agosto sin una mayoría clara para al menos devolverla con cambios.

Ambas fuerzas necesitan más de una decena de aliados para ganar una votación y este martes presentaron dictámenes diferentes, tras dos semanas de infructuosas negociaciones. El kirchnerismo, que tiene 9 senadores, presentó un tercer despacho más cercano al del Justicialismo.

Si hubiera un acuerdo para aprobar alguna de las versiones con mayoría simple la Cámara baja podría ratificar el proyecto original, que para opositores y constitucionalistas que visitaron el Senado el año pasado carece de garantías constitucionales mínimas.

Fue lo que advirtió hace dos semanas el macrista Ernesto Martínez y lo reiteró esta tarde el peronista José Mayans pero no logró conmover a Federico Pinedo, decidido a insistir con su proyecto.

Tiene varios retoques respecto al aprobado por la Cámara vecina pero sostiene a la extinción de dominio (o sea la apropiación de bienes de origen lícito por parte del Estado) como una acción civil en sí misma.

"Debe ser un proceso más expeditivo y con una reversión de carga de la prueba", insistió el presidente provisional tras escuchar una nueva propuesta de Rodolfo Urtubey, el jurista predilecto del bloque de Miguel Pichetto.

Cambiemos insiste en que la apropiación de bienes por delitos como la corrupción debe ser en una acción civil. Pichetto quiere que sea parte del proceso penal. El kirchnerismo pide sumar delitos financieros y de los empresarios que pagaron coimas.

El proyecto de esa bancada contempla la extinción de dominio como una acción civil dentro del proceso penal y para buscar consensos incorporaron la extinción anticipada en casos de fuga "siempre que se haya probado que los bienes fueron adquiridos en forma ilícita".  

Habilitaron la intervención del procurador de la Nación y ya no únicamente del Procurador del Tesoro y la posibilidad de un secuestro de bienes por "flagrancia" para los casos de un crimen organizado, "pero en un juicio".

También sumaron los delitos de lavado de dinero, una exigencia del kirchnerismo, representado por María de los Ángeles Sacnun, Ana María Ianni y Anabel Fernández Sagasti, quienes igual presentaron un dictamen aparte.

Sacnun insistió en incorporar delitos financieros y, a tono con los escándalos de corrupción recientes, a "los corruptores", o sea, apropiarse de los bienes de los pagadores de dádivas que confiesan por estos días en Tribunales.

Pinedo volvió a resistirse a ampliar el universo de delincuentes que deban entregar propiedades al gobierno de turno. "Hemos hecho agregados, pero siempre sobre delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, trata de personas o corrupción que generen provecho", restringió.

Juan Casas

Pichetto cerró la reunión con un largo discurso, molesto por la campaña de los trolls por la demora en tratar esta ley. "La dictadura de las redes es una forma de autoritarismo", se enfureció. Acusó a Macri de haber usado una "expresión errónea" con su presión le dejó una advertencia: "Lo que se hace para uno, llega para otros".

"En las investigaciones sobre corrupción, como la de Lázaro Báez, lo primero que hace un juez es inhabilitar los bienes. No hay riesgo de que se pierdan", aclaró. Y como cuando recibió a Germán Garavano, comparó el proyecto original con un organismo de la última dictadura y otro de la revolución libertadora, que desplazó a Juan Domingo Perón en 1955.

"No estoy de acuerdo con la inversión de la carga de la prueba. Solo existe en el enriquecimiento ilícito. Cuando la decadencia nos ataca, los peores nos conducen. Hay una predica destructiva y el destino los alcanzará", amenazó el jefe de bloque. El debate sigue abierto. Después de dos años.