Ángelo Calcaterra y el ex Isolux Juan Carlos De Goycochea pusieron en marcha la estrategia de los empresarios para tratar de zafar del escándalo de las coimas con la obra pública durante del kirchnerismo. Los seguiría Javier Sánchez Caballero, otro "arrepentido" y podrían hacerlo otros ejecutivos detenidos en la causa de los cuadernos.

La sorprendente aparición del ex dueño de Iecsa esta mañana en los tribunales de la avenida Comodoro Py para aportar información como "imputado arrepentido" ante el juez Claudio Bonadio fue la muestra más cabal de la estrategia que empiezan a adoptar los empresarios que aparecen directa o indirectamente mencionados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.

Calcaterra reconoció a Bonadio que aportó fondos al kirchnerismo en 2013 y 2015

Como contó LPO, Calcaterra admitió ante Bonadio que es verdad lo que figura en los cuadernos sobre pagos de Iecsa a Baratta, aunque aclaró que los montos son menores a los que figuran en los escritos (alrededor de 8 millones de dólares). El primo del presidente Macri argumentó que esos pagos fueron aportes para las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015, y aseguró que lo hizo bajo una situación de extorsión porque los funcionarios kirchneristas les frenaban los pagos de las obras y ponían en riesgo económico a la firma.

Calcaterra

Se trata de una línea casi idéntica a la que adoptó el primer empresario arrepentido en la causa, De Goycoechea. El ex CEO de Isolux Argentina también minimizó los montos que figuran en la causa y dijo que se trataban de aportes de campaña. "Pagó coimas pero porque fue extorsionado", dijo hoy su abogado. 

En resumen lo que los empresarios dicen es que en realidad fueron víctimas de un mecanismo de extorsión del kirchnerismo que los obligaba a pagar coimas para las campañas bajo la amenaza de no liberar los pagos de las obras y bloquear su ingreso a cualquier nuevo proyecto. Esto, sostienen los implicados, implicaría la quiebra de sus firmas.

Un empresario que hizo negocios con la familia Macri y De Vido, se declara arrepentido

Abogados que están al tanto de la causa explicaron a LPO que la jugada es ponerse en víctimas de una extorsión para tratar de quedar excluidos de la figura de asociación ilícita que investigan Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

De Goycoechea

Los investigadores creen que el principal delito de todo este entramado es la constitución de una asociación ilícita para manejar el negocio de la obra publica. Esa asociación ilícita estaba destinada a repartir los contratos del Estado de manera cerrada, sin libre competencia, con funcionarios que fijaban precios y cobraban coimas. 

Los empresarios que entraban a ese club pueden ser considerados partícipes necesarios de ese delito, por el cual podrían terminar presos. Frente a esto, empiezan a colocarse en el rol de victimas de un mecanismo de apriete, frente al cual tenían que ceder para mantener sus negocios y la viabilidad de sus empresas.

Fuentes al tanto de la causa explicaron que esa estrategia puede servir para algunos de los implicados en la causa de los cuadernos, concretamente para los que lograron pocos contratos durante el kirchnerismo. Pero los empresarios que consiguieron numerosas obras y tuvieron contratos regularmente, difícilmente puedan argumentar que solamente fueron víctimas de un apriete para aportar a una campaña, indicaron las fuentes.