La turbulencia económica que sacudió al Gobierno en las últimas semanas parece haber enterrado algunas de las banderas que levantó Mauricio Macri en sus primeros dos años y medios de gobierno. Es el caso del libre mercado y la no regulación de los precios, dos marcas que Cambiemos usó para diferenciarse de los métodos de Guillermo Moreno, pero que de a poco empiezan a asomar.

El puntapié inicial lo dio Elisa Carrió, que primero impulsó la ley de defensa de la competencia (que castiga la concentración de mercado y en su versión original hasta planteaba cárcel para los empresarios monopólicos, idea que fue eliminada) y semanas atrás directamente llamó a un boicot contra los supermercados. La siguió María Eugenia Vidal que amenazó con exponer a los empresarios que aumentan los precios.

En paralelo, la Subsecretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Producción, pasó a los hechos y comenzó a citar a los principales empresarios de la industria alimentaria para que muestren sus números y justifiquen los aumentos de precios derivados de la devaluación, lo que fue presentado como un operativo contención de la inflación.

Lo cierto es que según supo LPO en las grandes empresas leyeron estas reuniones como una especie de examen que les toma el Gobierno para que puedan aumentar sus precios. Un caso que se menciona en círculos empresariales es el de Coca Cola, a la que le habrían frenado una suba de precios.

Desde la cartera que conduce Francisco Cabrera buscaron bajarle el tono y dijeron a este medio que las reuniones (que en total serán 24 hasta la semana próxima) fueron en un clima "muy positivo" y que las empresas aportaron toda la información requerida. Eso incluye el impacto que tiene la devaluación sobre su estructura de costos y cuál es su estrategia de precios que piensan implementar, explicaron desde el Ministerio.

En ese sentido, dijeron que los empresarios son conscientes de que no tienen margen para aumentar los precios porque necesitan cuidar el consumo y porque ya desde hace dos años hay un rápido corrimiento a segundas marcas, con lo cual "prima la prudencia y el criterio". Incluso, en el Gobierno aseguran que hay compañías que están dispuestas a resignar ganancias, mientras que otras sólo realizarán pequeños ajustes.

Más allá de las buenas expectativas del Gobierno, lo que revelan estas reuniones es el regreso de algunos métodos demonizados por el macrismo. Porque en definitiva lo que sucede en esas reuniones es que los empresarios se ven de alguna manera forzados a mostrar sus costos, lo mismo que en los tiempos de Moreno y Kicillof. En todo caso lo que cambia es el método y los modales.

En el Ministerio de Producción se esfuerzan en diferenciar las situaciones y aseguran que ahora son reuniones individuales con los empresarios y que la información que aportan es confidencial. En cambio -dicen- antes se sentaba a los competidores en la misma mesa y se los obligaba a mostrar sus costos frente a sus rivales, además de fijarles los precios.

Esta situación habría generado un debate interno intenso dentro del Gobierno ya que funcionarios como Francisco Cabrera y Miguel Braun no estarían de acuerdo con este tipo de métodos para apurar a los empresarios, aunque la orden vendría desde las altas esferas de la Rosada. Las reuniones las lleva adelante el subsecretario de Comercio, Ignacio Werner.

Este nuevo método del Gobierno que pone en crisis sus banderas de fomentar el libre mercado y la idea de que el control de precios no sirve, se da en línea con un llamativo apuro por reglamentar la ley de defensa de la competencia de Carrió, que fue publicada en el Boletín Oficial apenas seis días después de su aprobación.

Fue un mensaje contundente a los empresarios, que se sumó también a una investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia contra las cementeras Loma Negra y Holcim, a las que el Gobierno acusa de cartelizarse por la fuerte suba del cemento.