La ley corta de telecomunicaciones entra en etapa de definiciones, luego que el propio presidente Macri pidiera a sus legisladores que aceleren la sanción. Conocida como "ley Telefónica" por las ventajas que otorga a esa multinacional española, el proyecto suma cuestionamientos a medida que avanza.

Desde lo más alto del grupo Clarín, le comunicaron a Macri de manera directa que no están conformes con la manera en que quedó plasmada la posibilidad que las empresas de telecomunicaciones usen las redes de los servicios públicos. En natural: Cablevisión invirtió durante años miles de millones de dólares en su red de fibra óptica y sus competidores ahora podrían usar redes ya montadas.

En tanto que el empresario Daniel Vila envió hace poco más de una semana un representante al Senado para marcas sus objeciones con el proyecto y encontró eco en el sindicato de empleados de televisión: advirtieron que hay 25 mil puestos de trabajo en juego y que están dispuestos a protestar.

Sucedió el martes 8, durante una nueva reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por el chubutense Alfredo Luenzo, que este domingo anticipó que es muy probable que se emita dictámen esta semana.

El proyecto habilita a dar televisión satelital a las telefónicas -un reclamo de la multinacional española- para que puedan brindar una suerte de cuádruple play y permite además que usen la infraestructura pasiva de las empresas de servicios públicos.

Telefónica y Claro son las beneficiarias más directas de la norma, pero a Clarín-Telecom el gobierno le deslizó que hasta que no se sancione esta ley la CNDC no aprobaría la fusión. Sobre esa tensión gira hoy el nudo principal de las telecomunicaciones en el país.

Telefónica y Claro son las beneficiarias directas de esta norma, pero para Clarín-Telecom su sanción también tiene un atractivo. La Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) no avalaría la fusión antes que se sancione la norma. Sobre esa tensión gira uno de los puntos centrales que cruzan hoy el mundos de las telecomunicaciones en la Argentina. Habrá que ver si en la actual situación de crisis Macri mantiene esa pulseada.

El período de gracia

Por gestión de Vila, en las comunidades con menos de 80 mil habitantes la TV satelital deberá demorarse la aplicación dos años, pero los cableros piden de mínima estirar el plazo a cinco años. 

"Necesitamos el tiempo necesario para poder competir con los grandes operadores. Pedimos cinco años de plazo en lugar del tiempo original previsto para el primero de enero de 2019", pidió Ariel Fernández Alvarado, de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL).

Alejandro Boresztein de CAPIT expone en la comisión del Senado.

El más belicoso fue el representante de Supercanal, Martín Armentano. Rechazó el proyecto y exigió una convergencia sin concentración. "Hay 700 cableoperadores, 80 señales nacionales y 1000 productoras independientes que generan 25 mil puestos de trabajo", reseñó.

"La televisión por cable es menos concentrada que la de telefonía y tiene más empleados por nivel de facturación", agregó y exigió una regulación a mayor a las OTT, o servicios de streaming, como el popular Netflix, que recién este mes comenzarían a pagar impuestos.

"¿Se le puede preguntar a un comerciante si paga o no impuestos? Netflix tiene 140 millones de suscriptores, 1 millón en Argentina según datos extraoficiales. Y hace lo mismo que nosotros: televisión por suscripción. Pero sin un sólo empleado en el país", comparó.

"El 41 por ciento de la fibra óptica la generan estas empresas. Y las grandes empresas se pararon sobre esta infraestructura", agregó el directivo.

Como anticipó LPO la empresa de Daniel Vila y José Luis Manzano tiene prácticamente cerrada la venta de Supercanal a un fondo de inversión del Grupo Cargill, interesado en desarrollar la oferta de banda ancha, hoy relegada en este grupo.

En sintonía con Supercanal, Gustavo Berlinger, del sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) leyó un comunicado para advertir sobre un riesgo de 25 mil puestos de trabajo. 

"La convergencia no debería realizarse en un plazo menor a 5 años ya que el daño irreparable que se enfrenta es el derecho a la comunicación de los argentinos", sostuvo Berlinger.

Si esta semana hay dictamen es posible que la ley llegue antes de fin de mes al recinto, pero antes habrá una negociación. En Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, hablan de extender a 5 años el plazo para brindar TV satelital en comunas chicas, brindar a las cooperativas las frecuencias de Arsat y que sea optativo la cesión de infraestructura pasiva a las empresas, un pedido de Clarín. 

Nadie respondió, pese a la  urgencia de Mauricio Macri, que amenazó con un DNU. Su apuro tiene sentido: sin esta norma y la de convergencia digital las telefónicas no desembolsarán las inversiones millonarias que prometieron.  

Fue así que en la última reunión de la comisión sólo hubo voces críticas a la lay como la de Alejandro Borensztein, representante de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), que también protestó por Netflix. Pidió una cuota de producción local de 40% para los canales nacionales, 30% para los regionales o chicos y que las OTT deban cumplir esas porciones.

Matías Detry, de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, exigió "mantener el acervo cultural de la Nación. Esta ley priva a la audiencia del interior del país del derecho a informarse por medio de canales nacionales y, cuando lo hacen a través por ejemplo de Direct TV, nos encontramos con enormes regiones sin conectividad. Esto es muy serio en casos de emergencia".