La diputada macrista Cronelia Schmidt-Liermannm, una de las más activas detractoras de la habilitación del aborto, anunció que estudia un proyecto alternativo para "descriminalizar" a las mujeres que acuden a esa práctica, pero sin legalizarla.

"No estoy de acuerdo con la legalización. Pero sí estamos estudiando una vía para no criminalizar a la mujer que aborta", sostuvo en declaraciones radiales y salió a la caza de los colegas indecisos que definirán si la ley es aprobada cuando llegue al recinto, días antes del mundial de fútbol.

Los diputados que se oponen al aborto evalúan una ley para no criminalizar a la mujer que lo practica, pero sin legalizarlo. "Sin penan al médico nunca será posible", le responden.

Como explicó LPO, los diputados que integran la campaña a favor del aborto trabajan en textos alternativos para convencer a los dubitativos, pero sin ceder en tres puntos: la interrupción voluntaria antes de las 14 semanas, la incorporación de la práctica al sistema de salud y la despenalización plena de la intervención.

Sobre este último punto buscan acercarse a indecisos que no digieren rechazar el aborto y avalar, por omisión, la cárcel a chicas humildes que se lo practican. Como todo lo que no está prohibido está permitido, las redacciones jurídicas para conformarlos son infinitas.

Pero sus rivales también juegan y tendrán su texto para persuadir, pero con límites. "El aborto no es un derecho, ya que el derecho natural es el derecho a la vida. Nuestro sistema jurídico está armado con un gran sentimiento solidaridad y de fraternidad, que es el de defender al más débil. Y en esto, el feto, el bebé, el nonato, es el más débil", sostuvo Schmidt-Liermann.

En la campaña a favor del aborto ya saben cómo responder. "Lo que están proponiendo es penar al médico y no a la chica que hizo el aborto. Nosotros queremos que sea legal y así lo plantearemos", aclaró a LPO una de las diputadas de ese colectivo.

El martes se retomarán las audiencias en Diputados, coordinadas por el macrista Daniel Lipevetzky, otra vez con expositores intercalados a favor y en contra pero provenientes de rubros diversos. Uno será el escritor Juan José Sebreli, firmante del comunicado de los actores a favor de la ley.

Este domingo el debate subió de tono con un comunicado de Unidad Provida, una ONG que rechaza el aborto y se solventa con el aporte de entidades cercanas a la Iglesia, que denunció financiamiento de clínicas estadounidenses a las organizaciones que apoyan la interrupción del embarazo. 

"La asociación civil FUSA ha recibido desde 2008 más de u$s 3.335.000 de International Planned Parenthood Federation (IPPF), la mayor red de clínicas de abortos de Estados Unidos y del mundo".

La ONG Unidad Provida, que se opone al aborto, denunció que la red de clínicas de abortos de Estados Unidos financia a organizaciones que lo promueven, como Fusa, Católicas por el derecho a decidir y la Fundación Huésped. 

"En la última década IPPF ha transferido más de 5 millones de dólares a organizaciones argentinas que integran la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, tal como se informa en los reportes financieros de esta corporación fuertemente cuestionada", completa el comunicado.

Y señala que otras organizaciones también fueron financiadas por IIPF como Católicas por el Derecho a Decidir (u$s 1.194.015); y CEDES -Centro de Estudio de Estado y Sociedad- (u$s 190.202), que difundió el estudio sobre los 500.000 abortos al año, desmentido en las audiencias por médicos anti abortistas. 

También ubican como beneficiaria a la Fundación Huésped (u$s 84.000), que impulsa la campaña #AbortoSinBarreras; y a la Asociación Civil Pro Amnistía (u$s 99.850), donde funciona Amnistía Internacional, que promueve el aborto en organismos internacionales y en varios países.