Este viernes por la mañana el auditorio de la jefatura de Gabinete se colmó de empresarios de la construcción e inversores de varias nacionalidades. Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional abrió el encuentro. Eugenio Bruno, subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios y José Morea, la persona del Ministerio de Finanzas a cargo del Programa de Participación Público-Privada (PPP), presentaron a más de 200 representantes de 130 empresas la primera etapa de los Corredores Viales y explicaron la estructura jurÃdico-financiera de los proyectos de la Dirección de Vialidad Nacional.
Se trata de cuatro tramos de autopistas y la construcción de dos puentes en áreas de elevado tránsito y con la finalidad de reducir tiempos de traslado y reducir accidentes viales ya que, como explicaron desde la Dirección que preside Iguacel a LPO "el 80% de los accidentes de tránsito se produce en los tramos urbanos".
La audiencia la conformaban empresarios españoles, argentinos, franceses, estadounidenses, alemanes y coreanos como los de Hyundai -que como adelantó LPO están interesados en la construcción del puente Santa Fe-Paraná-. Y entre ellos hubo dudas estrictamente legales por la seguridad del pago y las concesiones pero también por las restricciones técnicas que enfrenta un programa tan ambicioso de obra pública: que no alcancen el cemento en Argentina, ni la piedra ni los ingenieros.
Puntualmente las empresas extranjeras preguntaron por la posibilidad de traer personal técnico de sus paÃses de origen. Desde Vialidad confiaron a LPO que la cuestión de los recursos humanos no les preocupa: "No va haber problema. Tenemos muchos y muy buenos ingenieros civiles y las empresas tienen sus equipos bien consolidados, además el requisito de mano de obra local de los pliegos no supone ningún impedimento".
Lo que sà puede ser un problema es la falta de cemento y en particular de piedra. Es que la poligonal de Tandil autorizada para la extracción de piedra está al lÃmite y en el Gobierno Nacional están trabajando para poder ampliarla y también en que se habiliten nuevas canteras. "Las empresas también se tienen que aggiornar para satisfacer la nueva demanda", aseguraron desde Vialidad.
En total, considerando los trámites para la habilitación, la inversión en capital y el comienzo de la producción en canteras nuevas, el Gobierno estima que tres meses bastan para solucionar la falta de piedra. Por ende, la mayor restricción viene por el lado del cemento. Y si bien Loma Negra, la principal productora del paÃs, anunció a fin del año pasado inversiones por 350 millones de dólares para ampliar un 40% la capacidad productiva (2,7 millones de toneladas más), la nueva cementera no estará operativa hasta 2020. AsÃ, en el corto plazo, la materia prima clave no será suficiente en el paÃs.
"No vamos a pagar de más porque no haya cemento. Las empresas que no completen los hitos en tiempo y en forma, no cobrarán. Los empresarios deberán agudizar la imaginación: seguro se las ingenian para asociarse con cementeras o garantizarse la importación desde Paraguay, Brasil, Uruguay o donde sea", aseguró una importante fuente de Vialidad a LPO.
"Se hizo mucho foco en lo financiero, pero no en la parte real", comentó un empresario preocupado por los faltantes de materia prima en el mercado local para atender en simultáneo la demanda creciente por proyectos inmobiliarios y por el ambicioso plan de obra pública. Y sin embargo, son varias las cuestiones financieras que aún no están definidas.
"En dos semanas va estar definido el tema de los peajes", aseguraron desde Vialidad. Es que aún no está definido si va a haber peajes en los puentes y tampoco hay estimaciones de cuánto saldrán los peajes que se pongan en las autopistas. Lo que sà está decidido es que se ubicarán al comienzo de cada "variante", para que los conductores puedan elegir si perder 40 minutos cruzando las ciudades por las viejas rutas o si prefieren hacerlo en 10 minutos por la autopista.
Los peajes serán para el mantenimiento de las rutas que quedará a cargo de las empresas que sean adjudicatarias de los corredores -dependiendo del tramo la concesión será por 10, 15 o 20 años- y la idea es que esto sea un incentivo para garantizar la calidad de la construcción: cuanto mejor sea, menos van a tener que gastar en su mantenimiento durante la concesión. Una de las definiciones clave sobre este punto es que los pejes quedarán atados a la inflación por contrato y no podrán pesificarse.
La construcción en sà será solventada con fondos del Fideicomiso del Sistema Vial Integrado (Sisvial) proveniente del impuesto a las naftas. Y se hará mediante pagos trimestrales en la medida en que las adjudicatarias completen los hitos establecidos en cada pliego. Para esta primera etapa son 6 mil millones de dólares, la mitad del presupuesto total para las tres etapas de la PPP de Vialidad.
"Hemos logrado reducir a prácticamente la mitad el costo por kilómetro. Si antes el kilómetro de autovÃa para la llanura pampeana era de 4,3 millones de dólares, el costo actual para la autopista -que no tiene rotondas como las autovÃas para eliminar cruces y además las hacemos con asfalto modificado que dura diez años más- es de 2,5 millones", destacó la fuente consultada.
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Hicieron magia!!!!!, que eficientes los empresarios privados argentinos de la obra publica. ¿o son ellos los que se la robaron antes ? !!!!!
Las provincias pueden esperar