La Corte Suprema ratificó su vocación de cumplir con la pretensión de Mauricio Macri de ponerle límites a la justicia laboral, considerada un freno a las inversiones por el presidente. 

Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, el máximo Tribunal revocó por "arbitraria" una sentencia de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había triplicado la indemnización reclamada por una trabajadora despedida.

Lo hizo por considerar que existía daño moral, que un juez de primera instancia había rechazado. Para dejar clara la jurisprudencia, el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), controlado por Ricardo Lorenzetti, recordó que la Corte ya revocó otro fallo similar de la misma Sala, controlada por los camaristas Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo.

"El 4 de julio de este año, en la causa "López c/Horizonte", se revocó la sentencia dictada por la Dra. Cañal y el Dr. Rodríguez Brunengo que eximía al trabajador de pagar los gastos generados por el juicio laboral que había perdido por su propia culpa".

"Es oportuno recordar, asimismo, que el 12 de septiembre, en el expediente "Marando c/QBE", la Corte dejó sin efecto un fallo de otra de las salas de la misma cámara, en este caso la VII, porque los jueces habían incrementado a su arbitrio el importe de la indemnización por accidente laboral apartándose injustificadamente de las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo que, a diferencia de la legislación civil, establecen estrictamente cuál es el importe que corresponde pagar en cada caso", denunciaron los jueces.

El nuevo caso

El fallo revocado por la Corte había favorecido a una ex "re-contadora de billetes" de la transportadora de caudales Brink's Argentina, que trabajó esde mayo de 2008 hasta febrero de 2011.

Después de ser despedida, promovió un juicio laboral contra la empresa y su ART reclamando una indemnización de $ 482.112 por las lesiones físicas que dijo haber sufrido en virtud de ese trabajo; la cuales, a su entender, le provocaban una incapacidad del 50%. 

Basó su reclamo en el derecho civil, es decir, en normas legales que facultan a los jueces para establecer según su sano criterio el importe que debe pagarse como indemnización de los daños que se demuestren.

Pese a que durante el juicio se comprobó con el examen médico que la trabajadora solo había sufrido una leve lesión en sus muñecas (tendinitis) que le provocaba una incapacidad física del 7,32%, el fallo de la Sala III sostuvo que de esa lesión se derivaba también una incapacidad psíquica del 10%.

Y resolvió que la empresa y su ART debían pagar una indemnización por daño material y moral de $ 1.150.000, suma a la que le añadió otra todavía más elevada en concepto de intereses, llevando la condena a un total de cuatro millones de pesos.

La Corte revocó este fallo señalando que los jueces de la cámara fijaron la indemnización en una suma cercana al triple del importe estimado por la propia trabajadora apoyándose en pautas sumamente genéricas "que no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para establecerla".

Y que tampoco expusieron argumento alguno que pudiera justificar que a esa indemnización, ya estimada a valores actuales, por encima se le añadieran intereses calculados desde noviembre de 2009 (fecha en que se manifestaron los primeros síntomas de la tendinitis) según la tasa que cobra el Banco Nación para los préstamos personales de libre destino.