Aunque a nueve meses de su implementación la ley de participación público-privada (PPP) no dio lugar a ningún proyecto concreto, el Gobierno de Mauricio Macri confía en que el instrumento sirva para motorizar la obra pública en 2018, aunque analistas del mercado afirman que la economía sigue presentando demasiados riesgos para los inversores.

LPO reveló días atrás que el esquema todavía no arrancó, una noticia que sacudió al Gobierno. Desde el Ministerio de Finanzas salieron entonces a instalar que la ley de PPP está a punto de empezar a dar sus frutos y que el año que viene los fondos privados servirán para mantener el nivel de inversión en obra pública, aun cuando el presupuesto muestre un congelamiento de las partidas, como se especula.

El operativo de prensa tuvo como caras visibles al jefe de Gabinete de Finanzas, el ex JP Morgan Pablo Quirno y a José Luis Morena, titular de la hasta ahora infructuosa Unidad PPP.

Pero lo cierto es que más allá de las declaraciones entusiastas de los funcionarios, el problema es que todavía no existe un marco macroeconómico para que el programa despegue las obras de infraestructura, como lo hizo en España y Chile, donde financió -por ejemplo- la espectacular expansión del Subte en Madrid y Santiago.

El riesgo cambiario plantea a los privados dificultades para endeudarse en dólares a largo plazo para financiar obras públicas en proyectos que en algunos casos trascienden un gobierno.

El Gobierno salió ahora a mostrar el PPP, porque necesita en 2018 reducir en dos puntos del PBI el déficit público para cumplir con la meta fiscal. Y esto choca con la promesa de Macri de concretar el "mayor plan de infraestructura de la historia". 

Se podría mantener el actual nivel de ejecución con el financiamiento externo, pero el ministro de Finanzas, Luis Caputo, sabe que el endeudamiento está alcanzando una progresión insostenible para sostener el gradualismo del ajuste y la continuidad de las prestaciones sociales y no se lo puede seguir recargando. 

Otra vía, planteada por Gustavo Lopetegui en el caso Aysa, es "desconsolidar" a esa empresa de la estructura del Estado y sacarla al mercado como una sociedad anónima. Caputo tampoco está muy convencido, porque Aysa pagará una tasa mas cara que el soberano, que en última instancia deberá ser quien responda por la compañía estatal.

Los riesgos

Es por eso que el ministro de Finanzas busca instalar que el régimen de PPP empezará a dar sus frutos en breve y fue uno de los temas centrales en la cumbre de los grandes empresarios de AEA. Por otro lado, el lunes el Gobierno lanzó una convocatoria a privados para realizar obras hídricas por 9500 millones de dólares.

Pero las declaraciones de los funcionarios y las convocatorias a proyectos no alcanzan por sí solos para convencer a los inversores. Un especialista del mercado consultado por LPO explicó que el problema es que Argentina sigue siendo un país de frontera y los potenciales inversores requieren rendimientos altos porque los proyectos son largos (más de 10 años) y que esto implica lidiar con más de un gobierno. Esto quiere decir que no alcanza con la confianza que les puede dar Macri y que el esquema de PPP debería brindar algún blindaje mayor ante los esperables vaivenes políticos.

Otro problema importante es la obtención del financiamiento, que en estos casos es de al menos 70% del total. "Por los plazos y los montos es difícil que los bancos participen y en general son fondos de infraestructura o de pensiones los que podrían invertir pero exigen rendimientos muy altos", explicó la fuente. El principal problema a la hora de instrumentar el PPP es cómo armar una estructura que sea financiable rápidamente, agregó.

Hay otros puntos importantes a resolver es cómo cubrir el riesgo cambiario (ya que el financiamiento es básicamente en dólares) y el riesgo de tarifas (como es el caso de los corredores viales donde el repago de la concesión se hará mediante peajes o en el caso de la energía que más allá de los aumentos del último año y medio tuvieron una década congeladas). Un proyecto atractivo tiene que dar un rendimiento que cubra estos riesgos más el retorno mínimo requerido, sostienen en el mercado.

El régimen de PPP  supone que el Estado se hace cargo de poner una parte del financiamiento y el socio privado facilita el resto. Este sistema es el que permitió a Chile, España y México, alcanzar niveles de obra pública inéditos.