La Cámara de Diputados terminó de aprobar la ley de responsabilidad penal empresaria sin los artÃculos que le permitÃan a Mauricio Macri tomar control del caso Odebrecht, a través de una declaración de los ejecutivos brasileños ante el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia FrÃas, ex abogado de la familia presidencial.
Por orden de la Casa Rosada, los diputados de Cambiemos presionaron hasta el lÃmite para ratificar el artÃculo 37, que le permitÃa a Saravia FrÃas tomar declaración de causas anteriores de la ley, mediante una "vÃa administrativa".
El Frente Renovador y el Bloque Justicialista creÃan que iba a eliminarse como habÃan prometido sus pares de Cambiemos y pese a la insistencia ratificaron su rechazo y lo votaron en contra con 133 votos y sólo 88 a favor.
El massismo, por presión de Graciela Camaño, impuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y elevó la pena mÃnima para aquellos funcionarios públicos que cometan delitos no excarcelables.
Fue tras el último de varios cuartos intermedios pedidos por el oficialismo para negociar un texto ameno con la oposición. Pero ningún bloque imaginaba que tras suspender la votación la semana pasada volverÃan a carga con el 37.
Para sostenerlo, el radical Luis Petri, propuso que la vÃa administrativa ya no sea controlada por el procurador del Tesoro y la Sigen, otro organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Como en la Ciudad, está a cargo de Ignacio Rial.
"No podemos esconder que el artÃculo es inconstitucional hasta para un alumno de primer año de derecho. No cambia nada que pongan gente de AGN. Están en el lÃmite del delito si siguen reteniendo información del caso Odebrecht, como dijo (el ministro de Justicia) Germán Garavano", rechazó la propuesta Margarita Stolbizer.
Tomó parte de los argumentos ya esgrimidos por Camaño, esta vez más calma que lo habitual. "Ustedes saben que esto es inconstitucional", fue la frase repetida de la jefa del Frente Renovador.
No estamos de acuerdo que el Poder Ejecutivo resuelva los casos de corrupción anterior y los actuales", habÃa reiterado el salteño Javier David, del bloque justicialista, que enumeró casos de corrupción contra este gobierno como Avian, Panamá Pappers y el Correo. "¡Estos casos no los puede resolver el Gobierno!", gritó.
"Le estamos dando el caso Odebrecht al abogado del Grupo Macri", gritó Alcira Argumedo, de Proyecto Sur. Nicolás Massot pidió otro cuarto intermedio para negociar, pero nada cambió. Carrió combinó uno de sus pasos de comedia ("No quiero recibir más la tutela de los jóvenes", bromeó) con un discurso de campaña ("Queremos recuperar lo robado", repitió), llegó la oferta anticipada por Petri, leÃda por su correligionaria Gabriela Burgos, a cargo del proyecto desde que llegó en octubre.
En ese momento no era más que la ley para juzgar empresas exigida por la OCDE para combatir el delito trasnacional. Después estalló el Lava Jato, el debate se detuvo por orden de Laura Alonso ("paren la pelota", llegó a decirle a varios diputados), pero luego volvió con el polémico artÃculo 37. La titular de la Oficina Anticorrupción estuvo en el recinto esperando en vano que se aprobara.
La socialista Alicia Ciciliani fue la única opositora que parecÃa dispuesta a negociar. "Nosotros hablamos con Saravia FrÃas y le pedimos que haya una bicameral que estudie los casos pasados junto con la Procuración del Tesoro", propuso.
No faltó otro alocado discurso de Rodolfo Tailhade, el kirchnerista de moda en el recinto. "¡No me vas a correr con la corrupción Sánchez! ¡Te vas a trabajar con Quintana y Lopetegui!", desafió al futuro funcionario.
En lo que ya era una sesión a ciegas, la enésima reanudación del debate sirvió además para conocer que Ricardo AlfonsÃn y Carla Carrizo, cercana a MartÃn Lousteau, fueron los que propusieron incorporar la AGN y un representante del Ministerio Público, bajo amenaza de irse del recinto. Jugado por jugados, sus pares le dieron vÃa libre porque al menos asà podÃan aminorar el poder de Alejandra Gils Carbó.
Pero cuando hubo que votar, Cambiemos se quedó solo y el artÃculo 37 fue rechazado. Massot -a cargo del bloque oficialista por la ausencia de Mario Negri- no se rendÃa y pedÃa votar la bicameral propuesta por Ciciliani, que en definitiva no desplazaba a Saravia FrÃas.
Los gritos de la kirchnerista Juliana Di Tullio y las señas de Camaño lo obligaron a parar la sesión, por una sencilla razón: la votación en particular impide incorporar artÃculos nuevos sin mayorÃa especial.
Emilio Monzó amagó a llamar a votación igual, pero el kirchnerista Marcos Cleri lo humilló leyéndole la versión taquigráfica de una sesión en la que ante una situación similar pedÃa mayorÃa especial. Motivó otro cuarto intermedio y Cambiemos volvió a sus bancas sabiendo que la batalla del 37 estaba perdida.
Sin el abogado de Macri
El procurador Saravia FrÃas también fue borrado del resto del proyecto. Por presión de la oposición, no podrá intervenir para eximir la pena de empresas que se sometan al régimen de colaboración eficaz, como planteaba el artÃculo 20 del proyecto.
Sólo asà se saldaron las diferencias de esa figura, que hasta anoche trababan el resto del debate. Los delatores podrán eximir su pena, pero todo en manos del fiscal a cargo.
Tampoco conformó al kirchnerismo, que votó en contra de toda extinción de pena, pero en esos casos alcanzó con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista.
También para reformar las multas, que serán de entre 1 al 10% sanciones de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito. La redacción original las llevaba hasta el 20% y Carlos Héller pidió que sean hasta el 50%, sin superar en ningún caso el 30% de la facturación total.
Cambiemos no lo avaló e incorporó, a pedido de la radical Karina Banfi, un registro de empresas con responsabilidad penal. Pero todos esperaban el artÃculo 37.
Ya al final llegaron los agregados de Camaño, que aunque Teresa GarcÃa aclaró que necesitaban mayorÃa especial (se incorporaban artÃculos nuevos, como le negaron a Ciciliani), no hizo esfuerzos en evitar la votación.
El primer agregado declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, como violación de los deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o prevaricato. Se aprobó con 123 votos a favor, 79 en contra y 14 abstenciones. Los rechazos fueron del kirchnerismo y la izquierda.
El otro artÃculo inoculado elevó a cuatro años el mÃnimo de la pena para todos los delitos de corrupción, para que de esa manera no sean excarcelables. Se aprobó con 195 votos porque el kirchnerismo sà acompañó y los 12 negativos llegaron desde la izquierda y el Movimiento Evita. Hubo 9 abstenciones, entre las la radical Banfi, que tampoco quiso votar la imprescriptibilidad.
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Lo único bueno es que la señora jugó muy bien y le lleno de su gente (bah, sacando a Fernando Iglesias que me niego a calificar semejante basura como "persona") la lista al Guasón, lo cual no se las va a hacer tan fácil con el discursito de la moral y la ética