El Gobierno evalúa acelerar una ley que habilita un sistema de arrepentido especial para empresarios pero no hay garantías que pueda utilizarlo para el caso Obedrecht, cuyos representantes legales negocian con Germán Garavano una reducción de la pena por los 35 millones de dólares de coimas que confesaron haber pagado en el país, aunque en el sector se estima que fueron de al menos 500 millones de dólares -10 por ciento de las obras que les dio el kirchnerismo-.

El problema es que como explicó LPO no hay un marco legal que le permita avanzar y por eso los juristas de Cambiemos estudian artilugios legales para conseguir una confesión de los brasileños que sirva como puntapié inicial de la campaña electoral.

Una alternativa es el proyecto para establecer un régimen penal para personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. Mauricio Macri lo envió en octubre a Diputados, pidió acelerarlo en la apertura de sesiones y en marzo fue tratado en comisión, con la consigna de sumar seguridad jurídica para inversores, por las exigencias de la Ocde, el Gafi y el G20.

En el gobierno analizan sacar un decreto que cree la posibilidad de utilizar la vía civil y administrativa para llegar a un acuerdo con Odebrecht, que permita a la multinacional entregar los nombres de los funcionarios que coimeó.

Pero el debate se enredó en reuniones de asesores sin resultado y en varias de esperaron en vano la presencia de representantes de la Oficina Anticorrupción, pero su titular Laura Alonso, aun cuando fue fue la promotora de la ley, no se preocupaba por su trámite.

Las demoras habrían tenido relación con Oberdercht: como se trata de una ley penal, para los juristas de Cambiemos en el Congreso no podría aplicarse a esa investigación, como pretenderían en la Casa Rosada, porque no lo permite la irretroactividad. Sin embargo, esto es debatible ya que en este caso sería beneficiosa para el acusado y en ese caso si es posible aplicarla por el principio de ley más benigna. 

Por eso, los diputados de Cambiemos trabajan contra reloj en una adecuación de ese proyecto para meterle por la ventana el acuerdo con Odebrecht, mientras exploran otra alternativa en simultáneo en el Gobierno: crear una vía civil y administrativa que permita aplicar con retroactividad un acuerdo con la multinacional brasileña, para que entregue los nombres de los coimeados y las pruebas de esa afirmación. Para acelerar el trámite, lo harían por decreto de necesidad y urgencia.

Los diputados de la comisión de Legislación Penal, Burgos, Tailhade y Conti.

DyN

El martes los diputados de Cambiemos que integran la Comisión de Legislación Penal discutirían cómo seguir, tal vez en una reunión cerrada. Tienen tiempo: Emilio Monzó no planea llamar a sesión hasta después del cierre de listas, porque no puede garantizar quórum. 

El proyecto contempla multas o pérdidas de personerías para empresas que cometan delito y establece un régimen de "colaboración eficaz" para reducir penas. Habla de una negociación entre el Ministerio Público fiscal y los abogados de la compañía.

Macri no puede esperar: desde este jueves, Alejandra Gils Carbó tiene en poder la información que la constructora brasileña aportó a la justicia brasileña en la causa de Lava Jato y sus intentos por desplazarlo siguen sin dar resultado.

Este jueves volvió a cuestionarla y el Congreso recibió a los fiscales que hace años piden en vano cambiar a la procuradora. Pero por ahora, sigue firme.

En este marco frenético, Garavano viajó a Estados Unidos a reunirse con colegas de Departamento de Justicia para obtener detalle de las coimas que los brasileños confesaron ante la Securities and Exchange Commission (SEC). No tiene tiempo que perder.