El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó como una "torpeza" la suspensión indiscriminada de beneficios a personas con discapacidad. "No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados", explicó.

Esta medida fue calificada por Sáenz como "muy triste" y generó "una angustia muy grande" al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. El gobernador consideró que esta situación es una muestra de "desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias".

En este sentido, el gobernador planteó "suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó.

En ese sentido, Sáenz sugirió que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país". Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando "la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país".

Asimismo, Sáenz defendió la decisión de la Provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales".

"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".

Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).