La negociación que el Gobierno había presentado como el camino hacia un acuerdo entre productores y semilleras terminó este miércoles en un escándalo. Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y mano derecha de Federico Sturzenegger, perdió la paciencia ante la falta de consenso y avisó que el Gobierno avanzará con la propuesta de las multinacionales para reformar el régimen de propiedad intelectual de las semillas. "Voy a redactar la ley con Bayer", bramó.

"Se brotó, le agarró un ataque de bronca y empezó a los gritos", comentó a LPO uno de los asistentes.

La reunión se realizó en la Secretaría de Agricultura y sentó alrededor de la misma mesa a dos sectores con intereses cruzados. De un lado participaron las multinacionales Bayer, Corteva y Syngenta y representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Del otro estuvieron las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria. 

La discusión lleva meses y el principal nudo sigue siendo hasta dónde llega el derecho de los productores a reservar semilla para volver a sembrarla y en qué casos deberán pagar regalías. 

Pero la discusión se descarrilo por el descontrol de Cacace. "Hasta acá llegué, voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo", afirmó a los gritos, según confió a LPO uno de los asistentes. 

Nerviosismo en el gobierno porque se posterga la aprobación del acuerdo comercial con EEUU

El episodio contrasta con el optimismo que el propio Cacace había exhibido semanas atrás. El funcionario había asegurado que al principio había sido difícil incluso conseguir que productores y obtentores se sentaran a discutir, pero que después comenzaron a acercar posiciones. La Sociedad Rural también había informado avances en la mesa técnica, aunque cada paso debía volver a las entidades y empresas para ser validado. El consenso avanzaba a velocidad de tractor viejo. 

El problema es que del otro lado de Bayer, Corteva y Syngenta no hay solamente chacareros defendiendo una bolsa de semillas guardada en el galpón. La Argentina tiene su propio gigante del negocio genético: Grupo Don Mario, hoy GDM. La compañía nació en Chacabuco en 1982, cuando sus fundadores comenzaron produciendo sobre apenas 50 hectáreas, y se convirtió en una multinacional argentina que compite precisamente en los mercados que Cacace suele utilizar como ejemplo. 

Hasta acá llegué, voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo.

GDM controla más de la mitad del mercado argentino de semillas de soja genéticamente modificada y construyó una posición todavía más fuerte en Brasil. En 2021 superaba allí el 70% del mercado. Pero además tiene una filial en Estados Unidos, GDM Seeds Inc., que ya explicaba el 19% de las ventas del grupo. En 2022 la compañía facturó alrededor de 550 millones de dólares y proyectaba superar los 600 millones al año siguiente. Su expansión continuó con la compra del negocio de maíz y sorgo de la alemana KWS en Argentina y Brasil. 

Ahí aparece el corazón de la pelea. Cacace sostiene que la Argentina quedó rezagada frente a Brasil y Estados Unidos porque protege mal la propiedad intelectual aplicada a las semillas. En mayo calculó que esa brecha le cuesta al país unos 6.000 millones de dólares y argumentó que sin reglas que aseguren el cobro por la innovación genética las empresas tienen menos incentivos para traer nuevas tecnologías e invertir en investigación. 

A contramano de su prédica, el Gobierno avanzó además con un nuevo mecanismo de control. En junio, el INASE y Agricultura habilitaron un protocolo para verificar la identidad varietal de los granos en los primeros puntos de entrega. Las muestras pueden ser analizadas por cámaras arbitrales y entidades privadas habilitadas y los titulares de variedades protegidas pueden acceder a los resultados para denunciar eventuales infracciones. El objetivo oficial es aumentar la trazabilidad y mejorar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 

Cacace fue más lejos y sostuvo públicamente que el 70% del comercio de semillas argentino era ilegal. Esa afirmación abrió otra batalla. Los jugadores locales advirtieron que el funcionario mezclaba dos categorías diferentes: semilla no fiscalizada y semilla ilegal. La Ley 20.247 permite que un productor reserve para uso propio semilla adquirida legalmente. Por eso, una semilla que no vuelve a comprarse en cada campaña no necesariamente circula por fuera de la ley. Distinto es el caso de la llamada "bolsa blanca", que sí corresponde a comercialización ilegal. Esa diferencia técnica esconde una disputa económica enorme: quién captura una parte del valor que genera la genética cada vez que una semilla vuelve a utilizarse. 

Las compañías sostienen que sin regalías suficientes cae el incentivo para investigar. Los productores discuten hasta dónde ese derecho puede extenderse sobre una práctica histórica como reservar parte de la cosecha para la siguiente siembra. 

Incluso dentro de la Mesa de Enlace existen matices. Coninagro aceptó públicamente la posibilidad de un uso propio oneroso con excepciones, mientras Federación Agraria ratificó su rechazo al tratado internacional UPOV 91, que regula las semillas. 

La Argentina actualmente está adherida al Acta UPOV de 1978. El Gobierno quiere avanzar hacia el esquema de 1991, que amplía los derechos de los obtentores y modifica el marco bajo el cual puede reglamentarse el uso propio.  

Pero el apuro del Gobierno tiene además una explicación geopolítica. La Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo comercial que incluyó compromisos para reforzar la protección de la propiedad intelectual de las empresas norteamericanas, con dos capítulos centrales: medicamentos y semillas. La ratificación del acuerdo se demora en el Congreso y en el gobierno crece el nerviosisimo.

Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno había convocado a productores y obtentores para definir quiénes podrían quedar exceptuados del pago por el uso propio. La idea era sacar un acuerdo por consenso y no por imposición del Gobierno, como amenazó Cacace.