El gobierno de Mauricio Macri contrajó en 2018 una enorme deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Dicho préstamo estuvo claramente reñido con el estatuto de ese organismo. En primer lugar, por ser de una magnitud tal que visiblemente nuestro país no podía afrontar en los plazos fijados. En segundo término, porque tenía una clara intencionalidad política: la reelección del ex presidente, impulsada por los Estados Unidos.

El gobierno de Alberto Fernández denunció eso desde su asunción, incluso se abrieron investigaciones desde el BCRA que confirmaron el fraude. Sin embargo, en lugar de ir a tribunales internacionales a requerir una investigación, suspendiendo mientras tanto el pago de dicha deuda, lo que hizo fue continuar abonando su capital e intereses. Esto ha significado una forma concreta de ir dándole legalidad a lo que las organizaciones sociales denominamos una estafa.

Llegó la pandemia, y varias organizaciones sociales tuvimos que movilizarnos decenas de veces reclamando asistencia. Incluso en ese contexto sanitario, de angustia e incertidumbre, solo nos escuchaban cuando nos manifestábamos. Ya en esos tristes días planteábamos de forma reiterada que la salida debía ser sin ajuste, que no se tenía que dejar de pagar el IFE, que había que asistir al sector productivo más dinámico en la creación de puestos de trabajo genuino.

Mientras tanto, los desembolsos al FMI no dejaban de hacerse: durante el 2021 se pagaron capital e intereses de esa estafa al pueblo argentino. Comenzaba a tejerse un pacto basado en reconocer una deuda fraudulenta, y en aceptar el cogobierno económico impuesto por el organismo internacional. Los grandes discursos, "los últimos serán los primeros", se diluyeron frente a la realidad cotidiana, esa que nos cachetea cuando vemos más personas durmiendo en las calles y vecinos pidiendo ayuda en cada espacio comunitario.

Queremos alertar sobre el perjuicio que causará a millones de argentinas y argentinos este acuerdo. No podemos condenar que las riquezas del país vayan a pagar esa deuda ilegítima contraída por el gobierno de Macri con la corresponsabilidad del FMI.

Ante esto, reafirmamos que al FMI no hay que pagarle. No con nuestro sacrificio.

En marzo de 2021 el Banco Central elevó a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN la documentación vinculada al préstamo y pidió una auditoría específica para determinar los perjuicios y la responsabilidad de los funcionarios. Debe profundizarse esa investigación, y mientras tanto suspender los pagos.

Las presiones son fuertes y nuestro futuro está en juego. Convocar al debate, difundir la información documentada, fortalecer la organización de la comunidad, consultar a la población: ése debería ser el camino.

Estamos haciendo algo que debiera hacer el Estado Nacional y la fuerza política: informarle y debatir con la gente que vive en este territorio algo que va a influir en la próxima década y a las próximas generaciones. Y nos seguiremos movilizando, denunciando, difundiendo las graves consecuencias que traerá convalidar este préstamo. Seguiremos luchando por una Patria justa, libre y soberana.