“Estoy muy preocupado porque si no nos permiten tomar deuda, peligrará el pago de los sueldos estatales de julio”, dijo Paco Pérez este miércoles, en plena pelea con los radicales en el ring de la Corte mendocina por el endeudamiento que pretente el gobernador que ha sido denunciado por “ilegal” por el partido opositor.

A su vez, tras el fallo de la Corte de Estados Unidos a favor de los fondos buitres, las posibilidades de endeudamiento de Mendoza se acotan al mercado local, desbaratando la estrategia de Pérez de emitir un bono internacional de hasta 200 millones de dólares que ofreció en Londres y en Nueva York.

Respecto a la amenaza de Paco respecto a la imposibilidad de pagar haberes de julio, el mensaje es de clara presión para la Corte mendocina. El máximo tribunal analiza una demana de legisladores radicales que plantean la ilegalidad de la reforma de la Ley de Contabilidad de la provincia, a la que califican de inconstitucional.

A través de esa modificación, el oficialismo prorrogó el permiso legislativo para endeudarse que le otorgó la Legislatura el año pasado, y pretende utilizarlo también en este ejercicio, pese a que no tiene aprobado el presupuesto justamente por la récia oposición radical.

Hace dos semanas, y evaluando el impacto político y a la gestión que significaría un revés para el Gobierno, la Corte llamó a las partes y las intimó a que se reunieran y llegaran a una salida política. Tras 10 días de contactos y reuniones, este jueves tanto el Ejecutivo como la UCR plantearán en la Corte que no llegaron a un acuerdo y persistirán en sus posturas.

Si bien no hay plazos, se espera que el máximo tribunal defina el pleito en el corto plazo, ya que la demanda caería en lo abstracto de llegar a diciembre, cuando se comenzará a discutir el presupuesto del año que viene y el Gobierno ya habría no sólo lanzado el endeudamiento, sino probablemente ya lo habría, a esa altura, utilizado.

Lo cierto es que Pérez este miércoles confirmó los temores de varios sectores, incluídos los medios estatales, que fueron los primeros en advertir de los problemas para afrontar el pago de sueldos que Paco utilizaría como modo de presión.

Pero la situación no parece ser sólo una estrategia para condicionar la decisión del máximo tribunal, más allá de que éste conoce las implicancias operativas que conllevaría un rechazo a la pretención del Gobierno de tomar deuda.

Según dijo ayer el gobernador, ya se está analizando qué hacer en caso de no poder contar con financiamiento para el déficit. “Los sueldos de los funcionarios, las categorías más elevadas del Estado, los haberes de legisladores y del Poder Judicial serían los primeros afectados”, adelantó el gobernador, dejando en claro que hay un plan de contingencias al menos en estudio por parte del Ministerio de Hacienda.

La respuesta de los radicales, como es habitual en este tema, fue inmediata y contundente: “Tienen mayor recaudación de al menos 40% más que el año pasado, mientras que el preuspuesto 2014 es superior en 25% al del 2013 (25.000 millones frente a 33.000 millones), es decir que no tienen ninguna necesidad de tomar deuda”, detalló el titular de la UCR, Sergio Pinto, como en tantas otras ocasiones.

No obstante, Paco insiste, y ha advertido inclusive que será “muy complejo” llegar a fin de año sin deuda, “que en todo caso es para pagar acreencias de otros gobiernos, que no dejaremos de pagar, pero sí podrían resentirse los gastos corrientes”.

Por el momento, la pelota estará desde este jueves en el terreno de la Corte, cuyos miembros analizan no sólo la cuestión jurídica formal del conflicto, sino también los aspectos políticos y operativos de una decisión que, sea cual sea, generará un terremoto político en Mendoza.