En los juzgados federales de Rosario se viene librando una batalla de impacto nacional que pone en juego miles de millones de pesos de recaudación. La tabacalera rosarina Bronway presentó un amparo para no pagar lo que se conoce como "impuesto mínimo", esto fue un invento del macrismo ideado por Massalin que a cambio de que le bajen cinco puntos los impuestos que pagaba a los cigarrillos, propuso que se fije un monto mínimo -hoy ronda los 200 pesos- para los atados de cigarrilos.

Como las marcas internacionales de Massalin, que es Philips Morris, que es Marlboro, cuestan de 300 para arriba era un negocio estupendo, que además tenía la ventaja de dejar al borde de la quiebra a las tabacaleras nacionales que venden sus marcas en torno a los 200 pesos.

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El problema con Bronway es que se metió en el negocio después de la creación de ese impuesto mínimo -antes se dedicaba a hacer CDs, por eso la segunda parte de su nombre es Technology- y su negocio, explican en el mercado, esta basado en la hipótesis de no pagar el impuesto mínimo mediante un amparo. Una distorsión que se suma a un mercado muy distorsionado. En la AFIP calculan que esta tabacalera tiene una deuda acumulada de impuesto impagos que ronda los 100 mil millones.

Bronway enfrentó en el pasado investigaciones  por contrabando y robo y falsificación de estampillas de cigarrillos, causa está última en la que se declararon culpables.

El fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Pacciano, que le redujo a la tabacalera Bronway la contracautelar de 2.000 millones a 90 millones, será investigado por el fiscal Claudio Kishimoto. En los tribunales federales de Rosario consideran un "escándalo" que se haya habilitado la feria para esa decisión.

Como sea, en su pelea en la justicia rosarina, Bronway logró movilizar a un grupo de tabacaleras pymes nucleadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) que realizaron varias manifestaciones frente a los tribunales federales de Rosario, amenazando con despedir a cientos de trabajadores si no les concedían el amparo para no pagar el impuesto mínimo.

La presión de la tabacalera de Darío Ippolito, fue tan intensa que incluso logro que le bajaran la caución para darle el amparo de 2.000 millones a 90 millones. Una nimiedad si se tienen en cuenta los montos en juego.

El fallo express que consiguió Ippolito lleva la firma de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano y se produjo luego de una maniobra muy visible, para evitar que voten magistrados que estaban en contra del beneficio.

Ahora estos jueces serán investigados por la fiscalía número 2 de Rosario, por los presuntos delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Claudio Kishimoto quedó a cargo de la denuncia.

Carlos Castagnetto, titular de la AFIP.

Telam

La polémica se remonta al 23 de mayo de 2022 cuando la jueza federal Silvia Arramberri, le deniega el amparo a Bronway, en base a estimaciones de la propia AFIP que debían más de 100 mil millones en impuestos. Ippolito apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

El 29 de Diciembre del año que acaba de terminar la Sala "B" de la Cámara Federal de Rosario rechazó la solicitud de Bronway, pero le concedió un plazo de tres meses para que regularice su situación impositica con algún plan de pagos con la AFIP. Los camaristas dispusieron además en ese momento un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad debían ser fijados por la jueza Aramberry, hasta que se alcanzara la  resolución definitiva del conflicto. 

El 4 de enero la jueza Aramberry fijó una contracautela de 2.000 millones de pesos, en base a un informe económico de AFIP que dispuso ese monto equivalente al 30% de la deuda impositiva de Bronway de los últimos cuatro meses.

Pero el 14 de enero, los camaristas Toledo y Facciano, habilitando la feria judicial de una manera que abogados del fuero calificaron de "escandalosa" ya que no habrían justificado debidamente esa excepcionalidad, redujeron la contracautela a 90 millones. Esto es, 1910 millones menos de lo fijado por la jueza de la causa.

Esto derivó en la causa penal contra los magistrados y una denuncia en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No es un problema menor el que se plantea, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores del juicio.

No es un problema menor el que se plantea con este fallo, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal. Bronway empezó a operar en el sector tabacalero con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar.

Este riesgo surge porque Bronway empezó a operar con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar. "Cualquier empresa de cualquier rubro que quiera incumplir con los impuestos puede plantear una cautelar. Por ejemplo, una cerealera contrata 200 empleados y va y pide cautelar para evadir impuestos porque sino los costos no le dan y la gente se queda sin empleo. Esto es desigualdad ante la ley, además de competencia desleal garantizada por un Tribunal Federal", explicó la fuente consultada. 

Sin embargo, la movida no cuenta con el respaldo del sector. Es que el no pago de impuestos está dejando sin recursos al Fondo del Tabaco (FET) que subsidia a los productores del norte del país, nucleados en la Federación Argentina de Productores de Tabaco. Estos trabajadores emitieron un comunicado en el que respaldan a la AFIP y le dan su apoyo "por asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuesto Mínimo que ordena la recaudación y Distribución del Fondo del Tabaco (FET)", que dispone que el 7% de la venta de cigarrillos integra ese fondo que luego se distribuye como subsidio a los productores del norte.

Es decir que sobre la supuesta deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Bronway con el fisco,  unos 7 mil millones se destinarían a subsidiar a los productores que cultivan tabaco en el norte del país, en condiciones de subsistencia.

"Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley", agregaron los productores en su comunicado en apoyo a la AFIP.

En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados - de los cuales 15 mil son pequeños productores- y la actividad genera empleo para más de cien mil trabajadores en forma indirecta. La Federación esta representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.