El Condohotel Torre Shopping guarda una historia tan apasionante como escandalosa que podría ser el guion de una película previsible y plagada de lugares comunes, donde se mezclan pastores evangélicos oscuros con sus negocios turbios y una cadena de estafas con el Estado mirando para otro lado.

Pero como reveló La Política Online, se trata de una historia real que aconteció en Rosario durante los años en que la ciudad se convertía en la más violenta del país como consecuencia de la guerra entre bandas que pugnaban por quedarse con el negocio del narcotráfico. El edificio Torre Shopping sigue allí, esperando a que se lo habilite como hotel internacional mientras los muertos que deja el enfrentamiento entre narcos sigue en aumento.

"Es el caso más escandaloso de la ciudad de Rosario y lamento que el nivel de indignación no haya sido tan grande en aquel momento cuando advertí lo que estaba pasando", repite la concejala Fernanda Gigliani del bloque Iniciativa Popular quien viene denunciando las irregularidades desde el año 2012 cuando en el predio había solo un esqueleto de hormigón. Sin embargo, sus reclamos tuvieron poco eco en el resto del Concejo Municipal al punto tal que en una sesión terminó hablando sola porque el resto de los bloques se habían levantado del recinto.

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Ahora, luego del receso de invierno, será el Concejo quien deba decidir si se aprueba una pequeña excepción sobre la superficie construida que permita "regularizar" la construcción aunque según Gigliani, eso no va a remediar que el Estado Municipal le haya otorgado un permiso de edificación por fuera de la normativa vigente para que el constructor, el pastor Alberto Di Carlo, levantase una torre con doble de altura: "hizo un edificio arriba de otro", resume la concejala.

 Es el caso más escandaloso de la ciudad de Rosario y lamento que el nivel de indignación no haya sido tan grande en aquel momento cuando advertí lo que estaba pasando

Sin embargo, en el expediente que llegó al legislativo municipal contenía una nueva perla que se suma al rosario de sospechas e irregularidades: uno de los inversores del fideicomiso es Roberto Peiti, imputado junto a su hermano Leonardo, de liderar la banda que administraba una red de casinos clandestinos en toda la provincia de Santa Fe, según publicó el diario La Capital.

La concejala Fernanda Gigliani del bloque Iniciativa Popular quien viene denunciando a Torre Shopping

LPO Jonatan Bustos

Esta causa tuvo inmenso impacto político - institucional ya que uno de los señalados por los fiscales como el organizador de la banda era el senador Armando Traferri aunque nunca se lo pudo imputar por los fueros extraordinarios que tienen los legisladores santafesinos. Al momento de declarar, Peiti admitió que le giró cifras millonarias para financiar la campaña de Traferri.

La aparición del apellido Peiti encendió alarmas en el Concejo cuando se le iba a dar una salida al empantanado emprendimiento inmobiliario para que se habilite un hotel de la cadena francesa Accor y de esta manera, dar por terminado el escandaloso proceso.

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Es que además del permiso de edificación por el doble de altura que la normativa permitía durante la gestión de la intendenta socialista Mónica Fein, las sospechas de lavado de activos que nunca se investigó y los antecedentes poco transparentes del impulsor, hay una demanda de doce inversores que pusieron plata para comprar departamentos, como prometía Di Carlo, cuando en verdad estaba construyendo un hotel.

 Además del permiso de edificación por el doble de altura que la normativa permitía durante la gestión de la intendenta socialista Mónica Fein, las sospechas de lavado de activos que nunca se investigó y los antecedentes poco transparentes del impulsor, hay una demanda de doce inversores que pusieron plata para comprar departamentos, como prometía Di Carlo, cuando en verdad estaba construyendo un hotel 

Entre los damnificados se encontraba Roberto Peiti quien aportó 41 mil dólares y fue a Tribunales para reclamar su departamento. Para salvar esta situación, desde la Intendencia creó un fondo de garantías por doce millones y medio de pesos formalizado entre la desarrolladora y la división Mandatos y Negocios del Banco Municipal de Rosario.

En consecuencia, los bloques del Concejo Municipal y la Intendencia ahora quedaron en la disyuntiva entre salvar el edificio para que no se convierta en un "elefante blanco" a riesgo de avalar uno de los casos más escandalosos de la ciudad y con el banco público poniéndose de garantía de inversiones realizadas por el zar del juego cuando a la vez, se discute una ordenanza anti-lavado.