La Justicia Federal de Paraná sobreseyó a 42 productores agropecuarios que habían sido imputados por causar de manera intencional los incendios rutinarios que cubrieron de humo durante al menos cinco años diversos aglomerados urbanos a la vera del río Paraná entre los que sobresale Rosario.

La medida cierra una causa que se inició en 2020 cuando las islas situadas frente a Rosario en especial fueron reiteradamente arrasadas por el fuego que provocaron una contaminación ambiental que diversos estudios, como el de Observatorio Ambiental de la UNR, ubicaron por encima de otras grandes urbes sometidas a estragos por el smog como ciudad de México, Nueva Delhi o Santiago de Chile.

Frente a un problema que generó un enorme estrépito público, con quemas que se agudizaban por sequías estacionales, la misma Municipalidad de Rosario realizó una denuncia judicial a partir de imágenes satelitales que detectaban focos de calor anormales, la mayoría en explotaciones ganaderas y agropecuarias en la zona de islas.

Tras un trámite accidentado en el que fue trabajoso definir la jurisdicción finalmente las diferentes denuncias tramitaron ante la Justicia Federal de Entre Ríos.

El proceso llevó a la imputación de 42 productores agropecuarios, la mayoría residentes en Rosario y Victoria. Las imputaciones les atribuían haber iniciado o causado el fuego en campos de su propiedad por imprudencia o negligencia en general sin establecer circunstancias. Según las denuncias los productores lo hicieron para mejorar las pasturas destinadas al consumo de la hacienda que tenían en sus terrenos.

Pero el juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso estableció que no había suficiente fundamentación ni pruebas para responsabilizarlos por lo ocurrido. Y responsabilizó a los acusadores de no haber producido evidencia para sostener sus imputaciones. Por lo que sobreseyó a todos por falta de prueba. También objeta la fiabilidad de los reportes de incendios presentados.

"El Ministerio Público Fiscal no ha cumplimentado con lo requerido por la Cámara de Apelaciones al revocar el sobreseimiento. Es decir, no se individualizaron, ni se propusieron ni se llevaron a cabo medidas probatorias que permitan acreditar los extremos de la imputación atribuida", indicó el juez.

La denuncia inicial la radicó en 2020 Juliana Conti como responsable del área Legal de la Municipalidad de Rosario a cargo del intendente Pablo Javkin. Los efectos de los incendios que la motivaron, según la presentación, se percibieron en febrero y marzo de ese año, donde "en el espacio aéreo se detectó una gran presencia de humo y cenizas a causa de los incendios referenciados, la cual perjudica la flora y la fauna existente en zonas aledañas, a los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas y los habitantes de la ciudad de Rosario en general". 

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Entre las consecuencias nocivas la denuncia enumeraba las dificultades ligadas a la falta de visibilidad en rutas y las afecciones respiratorias que se originan a partir de la contaminación de la atmósfera y el espacio aéreo.

Los testimonios de los productores al hacer su descargo están listados en una resolución de 192 páginas donde todos remarcan de manera casi idéntica, con circunstancias diferentes, ser completamente ajenos al delito que se les atribuye.

El juez federal concluye que a partir de lo reunido no se posible llegar a un juicio por la carencia de pruebas específicas contra los dueños de los campos. Indica que por eso no se puede presumir que hayan intervenido de manera típica o concreta para provocar el fuego o rehuido su deber de actuar ante los incendios. Y subraya que ante los niveles que requieren una comprobación positiva de los imputados el deber de mostrar la prueba es del acusador.

Por eso mismo, por falta de prueba, les dictó el sobreseimiento a todos los imputados. Prolongar la acción judicial, dijo el magistrado, "sería solo prolongar el sufrimiento del imputado sin posibilidad real de condena".

Por la gravedad de los incendios la Nación declaró la emergencia ambiental desde 2020 en la zona de islas. Las denuncias acreditaron que las quemas indiscriminadas provocaron daños comprobados en la flora y la fauna, se verificaron problemas respiratorios de dominio público en Rosario y las autoridades entrerrianas no intervenían. Citaban como prueba dictámenes sobre la calidad del aire del Observatorio Ambiental de la UNR, invitaban a que se pronuncien jefes de servicios ambientales de distintos centros de alergia y neumonología públicos y privados sobre el estrago en la salud en Rosario.

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En sus descargos los productores fueron muy enfáticos en rechazar su culpa en el problema ambiental. Uno de ellos, Esteban Moritz, dice por ejemplo: "Quiero ratificar que nosotros no prendimos fuego en ningún momento y que no tenemos una capacidad como para combatir incididos forestales, de eso se tendrían que haber encargado en su momento los bomberos, si, nosotros desde el año 2013 estuvimos actuando, con denuncias, de las cuales no sabemos qué fue lo actuado por la Justicia o la investigaciones correspondientes que se hicieron donde hemos denunciado usurpaciones, hemos denunciado que había animales también, que está todo en el expediente".

Otro de los productores sobreseídos, Enzo Mariani, le dijo a LPO: "Siento alivio después de cinco años de estar en la picota en todos los medios, de haber sufrido desprestigio, por fin esto en principio terminó. También siento una gran decepción porque la investigación que se hizo fue muy deficiente y solamente orientada a culpar a los productores agropecuarios. No se siguió ninguna otra línea de investigación que encontrar la culpa de los dueños de la tierra. Nosotros habríamos aspirado a que la acción penal de la Municipalidad de Rosario hubiera originado alguna alternativa de investigación para saber quiénes realmente causaron los incendios. Nosotros no fuimos. Nos usaron de chivo expiatorio para sacar la presión de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de combate de incendio".