La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren renunció a su cargo como coletazo último de una crisis institucional en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) desatada a mitad del año pasado. Iribarren estaba desplazada de su función desde el mes de marzo por la fiscal general de la provincia María Cecilia Vranicich, quien la había cuestionado por la conflictividad interna entre los fiscales a su cargo y recortado sus atribuciones.

La renuncia de Iribarren, una funcionaria con 35 años en el Poder Judicial de Santa Fe y 25 como fiscal, aparece como la consecuencia de múltiples causas. Una de ellas es que el apartamiento de la funcionaria iba a ser prorrogado por otros seis meses de un cargo que había obtenido por concurso en 2023 con el aval unánime de la Legislatura de Santa Fe. También se da la circunstancia de que Iribarren está en condiciones de acogerse a la jubilación, trámite que iniciará en un momento en que se gestiona en la provincia una reforma previsional que empuja a diversos funcionarios judiciales a iniciar su retiro.

Pero entre las motivaciones de Iribarren también está su irreconciliable discrepancia con una política de persecución con la que disiente y con la idea de que hubo modificaciones legales hacia el Ministerio Público Fiscal, junto con lineamientos de gobierno, que produjeron una confluencia política entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el MPA.

La renuncia que implica el cese de funciones desde el 1° de septiembre no la resuelve Iribarren desde una posición de fortaleza sino de debilidad política. Las objeciones en su contra comenzaron en septiembre del año pasado cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca acusaron a Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada, de haberle garantizado impunidad a Mariana Ortigala, testigo informante en la causa contra Esteban Alvarado.

El fiscal Matías Edery

LPO Jonatan Bustos

Esa imputación generó un escándalo de declaraciones entre fiscales y motivó a la fiscal general Vranicich a producir una intervención en tres unidades importantes: la de Criminalidad Organizada donde estaba Edery, la de Balaceras y la de Homicidios Dolosos. Tras una auditoría que detectó problemas de gestión entre causas, superposición de incumbencias y falta de comunicación, Vranicich desplazó por seis meses a Iribarren.

Antes, en noviembre, la Legislatura había citado a Iribarren a propósito de la conflictividad entre los fiscales. En marzo Vranicich explicaba que se habían generado para entonces 18 denuncias cruzadas entre fiscales, que se reprochaban delitos de enorme resonancia que deterioraban la imagen de la institución que precisamente está a cargo perseguir los ilícitos en Rosario. También se objetó a Iribarren el ejercicio de autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria.

"Sin la corrupción del Estado, las bandas criminales de Rosario no existirían"

El fiscal Edery, que había participado como acusador en causas contra las figuras de la criminalidad más violenta como Guille Cantero de Los Monos y Alvarado, fue desplazado de su cargo, suspendido por la Legislatura por cuatro meses y ahora afronta un proceso penal. Junto al fiscal Luis Schiappa Pietra, Edery había impulsado una causa por corrupción que llevó a dimitir al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal. La trama del caso había involucrado a la política y los fiscales pidieron por eso el desafuero para imputar al senador por San Lorenzo Armando Traferri.

Iribarren fue la primera fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada y desde allí había motorizado este caso. Cuando Serjal cayó el ex fiscal general Jorge Baclini ubicó a Iribarren como fiscal regional interina, posición donde la convalidó cada tres meses durante tres años. Al cabo de esa gestión provisional Iribarren obtuvo el cargo titular de fiscal regional por concurso en abril de 2023.

LPOJonatan Bustos

Sin embargo la conflictividad dentro de la regional de Rosario, detonada por un conventillo de denuncias entre fiscales, la dejó sin estabilidad política. Desde la Legislatura primero y luego desde el gobierno de Pullaro se negaron a darle respaldo. La actual conducción desactivó la Unidad de Delitos Complejos, promovió el proceso contra Edery en la convicción de que tuvo comportamientos inaceptables y separó a los fiscales originarios de la causa que había puesto en foco a la política, y que implicaba a Serjal y Traferri.

Edery fue asignado a la Fiscalía de Delitos Culposos y Siniestralidad Vial mientras dos fiscales de Santa Fe tramitan una causa penal en su contra. Schiappa Pietra, que no está acusado de delitos ni de faltas, fue apartado del protagonismo de la causa de Traferri. Conserva en el trámite un lugar como asesor pero no litigará en el caso, que les fue adjudicado a los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro. Traferri desde el primer día puso como condición para presentarse ante un juez que Schiappa Pietra y Edery, a quienes acusaba de perseguirlo sin objetividad por motivos políticos, fueran corridos de la causa.

Iribarren sostuvo no haber tenido favoritismos. Dijo que objetó el desempeño de los fiscales Moreno y Socca porque estos acusaron a Edery de proteger a su informante Ortigala en una audiencia donde aquel no estuvo presente para defenderse. Esa crítica que fue tomada como una expresión de favoritismo era para Iribarren una crítica legítima como superior a un desempeño funcional a su criterio inadecuado de subordinados. También encuentra Iribarren que el trato a los desplazados fiscales de criminalidad organizada fue institucionalmente descuidado hacia funcionarios que persiguieron con compromiso a delincuentes de probada peligrosidad. Con todas estas ideas y desde una posición de fragilidad eligió irse. Desde que fue apartada en marzo estaba a cargo de 14 fiscales en la misma regional de Rosario pero no en la jurisdicción principal: actuaba en San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución y Cañada de Gómez.

Hija del ex ministro de la Corte Suprema Casiano Iribarren, la funcionaria saliente se desempeñó diez años como fiscal de Cámaras y estuvo en la Unidad de Criminalidad Compleja en una causa muy incómoda para la política. Se retira en disconformidad con la política criminal y en la convicción de que se dieron cambios normativos en enero que le quitan autonomía al MPA y desalientan la persecución de clientes no usuales del sistema penal. La misma política que cuando se sintió bajo posibilidad de investigación puso en manos el régimen disciplinario de fiscales y defensores, concentrando en los legisladores las sanciones, sacó provecho de la conflictividad ciertamente desatada en el espacio institucional de Iribarren y encontró un buen motivo para dejarla sin sustento.