Rosario llegó al final de 2024 con una baja en la violencia letal histórica e inconcebible para cualquiera al arrancar el año. Los homicidios dolosos en la ciudad fueron en total 90. El cierre de 2023 había marcado 260 asesinatos. En el 2022, cuando el registro alcanzó el pico histórico de una década desconcertante y turbulenta, habían sido 290 crímenes.

Durante 2024 los homicidios cayeron un 65 por ciento en Rosario con respecto al año previo. Es la cifra más baja desde el inicio en 2014 del modelo penal acusatorio en Santa Fe. La disminución de los asesinatos alcanza a toda la provincia con un declive del 55,8% en contraste a 2023: fueron 175 en 2024, habían sido 398 en 2023. Bajaron un 68% los homicidios con armas de fuego y un 62% los ocurridos en la vía pública, según registros del Observatorio de Seguridad de Santa Fe.

En la década previa, tan remarcable crecimiento de los homicidios en Rosario, fuera de escala en relación a los mayores aglomerados del país, fue el síntoma de una ciudad en transformación. La estampida de las cifras se dio con las disputas frontales por el control de la actividad de narcomenudeo y microtráfico de drogas. Eso ocurrió en 2013 cuando los homicidios llegaron a 271 hechos.

Nunca había declinado desde entonces a cifras que perforaran hacia abajo los 165 crímenes en Rosario, lo que ocurrió en 2017, pero ahora fueron 90 hechos. Lo que también se transformó trayendo añorados aires de sosiego es la atmósfera urbana y política de la ciudad en relación a las sensaciones de seguridad. Desde hace ocho meses, aunque no libre de tensiones, Rosario recobra la respiración. Balaceras, extorsiones, ejecuciones en las calles, tiroteos contra escuelas quedaron fuera de una perturbadora agenda pública con razones atendibles: se redujeron de manera notoria, dejaron de formar parte de una dinámica casi cotidiana, ya no son la vergonzante primera referencia de la ciudad.

Los homicidios dolosos en la ciudad fueron en total 90. El cierre de 2023 había marcado 260 asesinatos. En el 2022, cuando el registro alcanzó el pico histórico de una década desconcertante y turbulenta, habían sido 290 crímenes

Es un logro histórico gestado en el primer año de gobierno de Maximiliano Pullaro, quien había sido cuatro años ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, entre 2015 y 2019. Los 90 homicidios de 2024 tienen cifras comparables recién en 2006, cuando hubo 89 casos, o en 2004, también con 90.

Desde entonces, en especial hacia 2012, se desató una dinámica exasperada por una violencia que no se había conocido. Lo que fue distintivo en Rosario respecto de otras ciudades es que el mercado de drogas, por la rentabilidad inmensa y vertiginosa que generó, produjo una confrontación más violenta que en otras ciudades. En otros aglomerados es la autoridad civil, las fuerzas de seguridad, la autoridad de un grupo criminal fuerte la que mediante su regulación genera un apaciguamiento relativo. Con muchos grupos fragmentados tras la muerte o el confinamiento de actores muy fuertes del campo criminal, en Rosario la violencia de estos grupos rudimentarios fue la que tomó el lugar de lo que las fuerzas tradicionales fueron incapaces de garantizar. Por decirlo de otro modo: lo que reguló el mercado minorista de drogas fue la violencia.

Los datos históricos de homicidios en la Unidad Regional II, Rosario

Las investigaciones penales hace años muestran que los grupos dedicados al narcomenudeo se abrieron en abanico a otras actividades cruentas como chantajes, abusos de arma y usurpaciones de inmuebles con el propósito de controlar territorio. Las variables analíticas para explicar la baja requieren tiempo. Pero sí se sabe que el declive de los hechos violentos viene de un marcado cambio de actitud de estos grupos. Según midió el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, el 70 por ciento de los delitos de alta lesividad, los de sangre, provenían de organizaciones criminales y mercados delictivos. En 2024 la proporción es la misma en relación a la torta en general. Pero es en este grupo, según fuentes oficiales, donde en términos absolutos los homicidios en contextos de economías ilícitas/crimen organizado se explica la merma, porque los casos en este ítem disminuyeron un 68% respecto a 2023.

Ahí está el sector que dejó de matar en Rosario. La baja es repentina y asombrosa. En junio de este año hubo cinco homicidios cuando habían sido 14 en 2023 y 18 en 2022. En el último agosto hubo tres crímenes, cuando en mismo mes en 2023 fueron 24 y un años antes 34. Hubo dos en septiembre mientras en 2023 fueron 19 y en 2020, por mencionar un pico, 29.

El plan para la baja

Se adoptaron varias políticas activas estatales que fueron inusuales en el pasado para modificar guarismos desatados y desacelerar la violencia. El cambio más rotundo es el menos aludido en general, que es la moderación de una realidad trastornada en los barrios rosarinos más conflictivos, en general de más retraso en desarrollo humano. Son los lugares donde mataban a integrantes de bandas pero también a vecinos comunes que volvían del trabajo, paseaban el perro, entraban a comprar lechuga para un asado.

La coordinación entre Nación y provincia en ocho zonas priorizadas de Rosario como las de mayores registros de homicidios atemperó enfrentamientos armados que convertían en un agobio cotidiano la vida de los vecinos con menor influencia para demandar al Estado. Esas zonas están bajo supervisión de fuerzas federales que se mueven por directivas de un comando operacional conjunto en base a mapas de calor.

También fue gravitante para la desaceleración de la violencia y otros delitos una transformación notable en la presencia policial en las calles. En Rosario la actividad de patrullas afectadas al 911 escaló de 20 por jornada a fines de 2023, sin contar las afectadas a custodias y traslados, a casi 200 la segunda semana de diciembre de 2024.

Para el gobierno de Pullaro es importante una señal "construida políticamente" que funciona como una explícita marca de voluntad de gestión. "Esto pasa por mostrar que no hay impunidad, que ante la caída de las incidencias violentas frente a cada hecho que perturbe esta nueva normalidad se busca dar una señal territorial, un mensaje claro", dice Esteban Santantino, secretario de Análisis de Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. "Hoy la policía está presente en todos lados", asegura.

Esteban Santantino

¿Qué es lo que pasó o qué es lo que cambió? El gobierno lo explica en un programa de cinco ejes. Primero: Recuperación del control de las cárceles con un régimen de detenidos de alto perfil que incidían sobre la calle y formas de supervisión fuertes en requisas internas y sistema de visitas. Segundo: Una reforma normativa con una ley de inteligencia provincial, cambios en el código procesal penal, dictado de emergencia de seguridad y una ley de microtráfico de drogas que le asignó a los fiscales provinciales, que ya venían investigando a las bandas por delitos de sangre y son más numerosos que los federales, los casos de venta de sustancia al menudeo que son los que generan la mayor violencia.

Tercero: Mayor coordinación y plan común en investigaciones criminales complejas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que es donde actúan los fiscales provinciales. Cuarto: Recuperación de la operatividad policial frente a una fuerza de brazos caídos y con rupturas de niveles de mandos, a partir de una exigencia minuto a minuto de la actividad y con una política de respaldo explícito a la actividad legal y legítima policial. Quinto: Trabajo articulado con Nación y fuerzas federales a partir de un comando unificado en barrios priorizados por delitos de alta lesividad. Hoy esos barrios, donde la presencia policial fue permanente, son Tablada, Parque Casas, Ludueña, Empalme Graneros, Supercemento, Via Honda y Las Flores Sur.

¿Señal de qué tipo? Santantino toma el ejemplo de los cambios en la política de allanamientos que tuvieron aval en un cambio normativo. "Más allá del resultado que dé el allanamiento -de la relevancia de lo que voy a reunir como prueba para un caso penal- el allanamiento como parte de la respuesta estatal contra actores es importante. Antes fallaba la inteligencia criminal. Ahora se incrementó la respuesta positiva y la señal de que ante el hecho criminal se hace algo al respecto. El diálogo más estratégico entre MPA y Ejecutivo generó una tónica de que se coordine con eficacia algo que era lento, anacrónico y desanclado de la realidad".

Las insinuaciones

Para disgusto del gobierno de Pullaro, ya que no se aportan pruebas, algunos referentes del sistema penal aluden a otro factor, el de una paz administrada a partir de grupos policiales que puedan haber impuesto condiciones a actores relevantes de la criminalidad, tolerando la continuidad de negocios ilegales a cambio de reducir violencia. Algo completamente difundido en la literatura criminológica argentina en especial por especialistas como Alberto Binder que fueron asesores históricos en temas procesales penales en todo Latinoamérica y también en Santa Fe. La gestión de Pullaro recuperó desde el inicio en Rosario a oficiales superiores retirados algunos de los cuales tuvieron desempeños críticos pero gran conocimiento de calle.

Estos analistas marcan eso como un rasgo a no desatender. ¿Significa eso algún nivel de acuerdo o pacto? Difícilmente algo explícito o demostrable. Hay formas en todo el mundo de tener, frente a bienes de comercialización ilegal que tienen alta demanda social, niveles de violencia tolerables. Pero para que eso pase, dice uno de estos analistas, es fundamental tener un Estado fuerte, grande en recursos humanos y materiales, con capacidad de desarrollo en sistemas de inteligencia. Solo con eso un gobierno puede pararse frente a las organizaciones criminales con otra impronta lo que sirve para pegarle a un sector de la criminalidad que es el que produce violencia y que es, desde luego, solo una parte.

La coordinación entre Nación y provincia en ocho zonas priorizadas de Rosario como las de mayores registros de homicidios atemperó enfrentamientos armados que convertían en un agobio cotidiano la vida de los vecinos con menor influencia para demandar al Estado

En la presencia policial más constante hubo denuncias de parte del Servicio Público de Defensa Penal de detenciones arbitrarias. La Justicia negó hábeas corpus correctivos y preventivos por este motivo pero un camarista sí le marcó al gobierno que no debe operar detenciones arbitrarias por motivos tales como no portar DNI. El gobierno convirtió en una política hacia las fuerzas de seguridad la demanda contra un fallo judicial penal de doble instancia que había condenado a un policía, Luciano Nocelli, por matar a dos asaltantes en un incidente en servicio que Pullaro consideró acción legítima pero los jueces actuantes no. Ese fallo recientemente revocado por la Corte Suprema de Santa Fe, celebrado por el gobierno, es también un mensaje para la comunidad. Ha merecido críticas de sectores diversos por lo que implica como posible aval a hechos de violencia institucional y también ha sido tomado como un estímulo positivo de reconocimiento hacia una fuerza que estaba invisibilizada. También es una fuerza elocuentemente carcomida por la corrupción y las conexiones en especial con el narcomenudeo expuestas de manera continua en audiencias judiciales. Con estos sectores en diez años no hubo ejemplos de enfrentamientos abiertos.

La baja de homicidios y de la criminalidad en general es constatable, produce un alivio que se explicita a nivel comunitario y genera un activo que redunda en el alto capital político que hoy exhibe un gobernador empoderado, que luce como principal figura del sistema institucional de la provincia. Las variaciones de 2024 de la violencia letal en Rosario, donde vive el 40 por ciento de la población provincial, son significativas. Un dato bienvenido y añorado que no debe ocultar, según analistas del MPA, lo que permanece estable e inalterable: los patrones de la concentración social y geográfica de la violencia lesiva, la que mata, generalmente derramada sobre personas muy jóvenes, de entre 15 y 30 años, excluidos del sistema formal de oportunidades y en áreas más degradadas socialmente.

"Es muy cierto que estamos conformes por un año con esta baja de violencia pero también que somos cautelosos", reconoce Santantino. "No hay un problema que está resuelto, los grupos pueden estar activos, para afirmar que este es un modelo exitoso se deberán mantener estos registros en los años que vienen. No somos ingenuos. Pero sabemos que se cambiaron las reglas de juego y eso marca un escenario distinto. Para hacer papers sobre esto hay que sostenerlo en el tiempo".