El gobierno de Maximiliano Pullaro lanzó un plan para desendeudar a trabajadores públicos y privados con el sistema bancario y apunta a frenar el negocio de financieras, mutuales y entidades que tienen códigos de descuentos en el recibo de sueldo. 

La iniciativa surge en medio del parate económico y el endeudamiento endémico de los empleados formales que hacen malabares para llegar a fin de mes. En la Casa Gris detectaron que este fenómeno fue determinante del malestar salarial de policías y docentes en las protestas de febrero pasado:

"Muchos trabajadores decían públicamente que ganaban 800 mil pesos cuando en realidad el sueldo superaba el millón, pero tenían una parte importante retenida por código de descuento", explicó a LPO un alto funcionario. "Terminábamos con los laburantes puteando por el sueldo mientras las financieras seguían haciendo su negocio", agregó. 

Muchos trabajadores decían públicamente que ganaban 800 mil pesos cuando en realidad el sueldo superaba el millón, pero tenían una parte importante retenida por código de descuento.

Según datos oficiales, el 33% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos y, dentro de ese universo, unos 12 mil en situación delicada porque le retienen más del 25% del salario. A eso se suman unos 7 mil jubilados y cerca de 60 mil trabajadores privados y autónomos en situación similar. 

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe

LPO / Celina Mutti Lovera

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y en algunos casos extremos hay empleados que tienen comprometidos hasta cinco sueldos en créditos acumulados, señalaron desde Economía. 

Frente a ese escenario, el plan oficial fija un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema de créditos vigente.

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Para lograrlo, la provincia avanzará con un reempadronamiento de las entidades que operan con códigos de descuento. 

El mayor problema se detecta en las mutuales e importantes financieras a las que se les pedirá que refinancien las deudas de sus clientes bajo nuevas condiciones. Formalmente no es obligatorio, pero en el gobierno diseñaron un esquema que les mete presión. 

 El mayor problema se detecta en las mutuales e importantes financieras a las que se les pedirá que refinancien las deudas de sus clientes bajo nuevas condiciones. Formalmente no es obligatorio, pero en el gobierno diseñaron un esquema que les mete presión. 

Si las entidades no aceptan adecuar los créditos al nuevo límite, la provincia podrá restringirles el acceso a nuevos clientes dentro del sistema, una señal que en el pullarismo consideran suficiente para forzar acuerdos, aunque confían en q no hará falta. 

En paralelo, el Ejecutivo también se reserva la posibilidad de intervenir directamente en los casos donde no haya acuerdo, ofrecerá asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia hasta que las cuotas queden por debajo del 25% del salario del trabajador. 

De las financieras que funcionan con códigos de descuento en el ámbito estatal, o sea que trabajan a cero riesgo prácticamente, se destacan las mutuales sindicales "que prestan a un interés más bajo del mercado y cumplen una función social muy importante", admitieron los funcionarios. 

El problema se detectó con un prestamista importante que opera en cinco provincias; Red Mutual que es manejada por Walter Grenón, un financista que montó su imperio desde Santa Fe y suele invertir millones en las campañas de distintos partidos. Su nombre saltó a la pública por sus negocios en Entre Ríos con la polémica familia Etchevehere.

Ahora, en el gobierno de Pullaro observan atentamente a la financiera que concentra la mayor cartera crediticia entre los empleados estatales. Confían en un acuerdo razonable que aliviará la situación de los trabajadores, dicen los funcionarios. 

Por otro lado, el plan incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito del sistema financiero para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado, además de acuerdos con cámaras empresariales. 

La apuesta del gobierno es doble: aliviar el ingreso disponible de los hogares en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que, según admiten en la provincia, se volvió un factor importante en la conflictividad salarial.