La detección de más de ocho mil causas penales en los juzgados federales de Rosario que no fueron comunicadas a los fiscales y por ello están paralizadas produjo un tembladeral institucional dentro y fuera del campo jurídico. "Hay responsabilidad funcional. Es grave lo que sucedió en la Justicia Federal durante mucho tiempo en Santa Fe", dijo este martes el gobernador Maximiliano Pullaro.

Este lunes LPO reveló que la Procuración General de la Nación había detectado que en los dos juzgados federales de primera instancia de Rosario hay más de ocho mil causas penales acumuladas en los últimos años que no tuvieron ningún trámite. Eran expedientes anteriores a mayo de 2024 cuando entró en vigencia el sistema acusatorio que supone audiencias orales y públicas en cada etapa de los procesos judiciales. Recién ahora las fiscalías federales fueron informadas de su existencia.

Esto supone que estas causas pueden implicar ilícitos que se mantienen en la impunidad. Ocurre en los juzgados federales 3 a cargo de Carlos Vera Barros y en el cuatro que está vacante desde que le aceptaron la renuncia a Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva imputado por tres delitos por hechos de corrupción.

"Lo que le sucedió a Rosario no es gratis. Yo denuncié a Bailaque en 2012 a través de Jorge Álvarez. Esta ciudad fue golpeada y pateada pero no crean que no fue adrede", le dijo Pullaro al periodista Hernán Funes de Cadena 3 al referirse a la novedad.

Detectan ocho mil causas penales paralizadas en los juzgados federales de Rosario

La Cámara Federal de Rosario que preside Aníbal Pineda tiene la superintendencia sobre el funcionamiento de los juzgados de primera instancia pero sus miembros se enteraron de lo que ocurría en la esfera de su control porque los fiscales federales de Rosario comunicaron que, insólitamente, estaban recibiendo expedientes de la época en que regía el anterior Código Procesal, algunos iniciados en el año 2020. Algo completamente inaceptable para ellos dada la dificultad de investigar hechos a tanto tiempo transcurrido.

Fuentes de la Cámara Federal que hablaron con LPO apuntaron rápidamente para abajo cuando se preguntó cómo había podido pasar tal cosa. Indicaron que las responsabilidades apuntan a los secretarios de los juzgados que son los que llevan las estadísticas de las causas.

Sin embargo parece notarse un problema sistémico que, sin excluirlos, excede a los jueces de primera instancia. Cuando los juicios eran escritos en la primera etapa, en la de instrucción, la invisibilidad del trámite llevaba a enjuagues con los casos que los llevaban a prescribir sin sanción para los infractores.

Un caso típico y reiterado contado con detalle a LPO desde adentro de la Justicia Federal de Rosario es el de causas tributarias. El circuito era el mismo y se narra así.

"Este fue un negocio histórico. Se hacen las primeras medidas en el juzgado cuando viene la causa de AFIP. El evasor se desespera al ver el caso penal pero en Argentina nunca nadie va preso por evasión. Cajonear los casos ahí tenía un sentido muy claro porque además es un delito sin víctimas físicas. El tema hasta se ventila en un medio de prensa y es el vehículo para el arreglo. El infractor iba corriendo a arreglar con quien fuera. Los casos se morían porque muchas veces AFIP tardaba años con los sumarios y las órdenes de intervención llegaban con poco margen para actuar en tiempo. Las causas prescribían y muy seguido los abogados les decían a sus clientes que las habían cerrado por su gestión", le contó un funcionario a este medio.

No hay ninguna referencia hasta ahora sobre el contenido de esa avalancha de causas que esperan una auditoría a ordenarse por la Cámara Federal de Rosario. Es esperable que haya duplicaciones de casos a partir de actas policiales o de casos mal inscriptos. No hay tampoco nada que haga presumir una voluntad de escamotear esas causas y ahora correrles vista al Ministerio Público Fiscal. Lo que sí la situación opera en un contexto donde hay ejemplos reiterados y, sobre todo, memoria interna de maniobras deliberadas que redundaron en impunidad o falta de aplicación de Justicia.

"La Cámara siempre vio el desastre que eran los juzgados antes del acusatorio", sigue el funcionario. "Pero siempre fueron corporativos y nunca hicieron nada. Cómo no se iban a sentir empoderados más abajo", siguió el mismo funcionario. En efecto, los trámites contra Bailaque, por ejemplo, se activaron cuando dos fiscales provinciales denunciaron que los detalles de los hechos de narcotráfico Esteban Alvarado estaban en un expediente estancado en su juzgado federal.