La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) nuclea a los industriales metalmecánicos que producen tractores, cosechadoras, sembradoras con fuerte presencia en el sur de Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires en 1.200 establecimientos pyme que ocupan cerca de 40 mil empleos que entraron en zona de riesgo por el decreto del gobierno que habilita la importación de usados.

A través del decreto 273/25 se eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que se creó en el '94 durante el proceso de desregulación y apertura de la economía menemista como una herramienta para determinar algunas reglas claras y transparentes para evitar distorsiones en los mercados y no descuidar totalmente la producción nacional.

Según los industriales, el nuevo decreto habilita la importación de cualquier tipo de máquinas, vehículos o insumos a través de una simple presentación de una declaración jurada: "podes traer una máquina nueva declarando que es usada reparada para pagar un arancel mucho más barato y no hay nada que controle", dijo a LPO Enrique Bertini, presidente de la Cámara.

De igual manera, alguien podría declarar un precio de determinada maquinaria que no es porque en los trámites no se exige referencia de factura en los usados y sacar la plata del país, un circuito de dinero clandestino; "como legalizar el contrabando", dijo un fabricante.

Pero el riesgo mayor es que el ingreso indiscriminado de máquinas usadas afecte a los industriales locales donde hay localidades del sur de Santa Fe que son las principales fuentes de trabajo y motor económico de regiones enteras.

Además, el tema le genera un problema al sistema productivo nacional al envejecer el parque de maquinaria agrícola en el sector económico más dinámico del país si los productores importan directamente cosechadoras y tractores usados.

 El tema le genera un problema al sistema productivo nacional al envejecer el parque de maquinaria agrícola en el sector económico más dinámico del país si los productores importan directamente cosechadoras y tractores usados 

Por otro lado, desde la Cámara advierten el riesgo de importar, junto con las máquinas, plagas que amenacen la producción y en medio del achicamiento de oficinas claves como Senasa y el Inta que se ocupan de los controles, las certificaciones de calidad y la innovación tecnológica.

"Vos traes una máquina, la embalan y pueden traer una plaga o un hongo que infecte nuestros campos", explicó Bertini a este medio. Es que el año pasado, un insecto como la chicharrita que ingresó por la frontera norte, se comió la mitad del maíz del país.

"Ahora puede entrar en una cosechadora o en una tova que no se limpia bien y contamina nuestra región", agregó el fabricante que explicó que los cumplimientos de las normas fitosanitarias se harán a través de declaración jurada, pero sin los controles pertinentes.

 El nuevo decreto habilita la importación de cualquier tipo de máquinas, vehículos o insumos a través de una simple presentación de una declaración jurada: "podes traer una máquina nueva declarando que es usada reparada para pagar un arancel mucho más barato y no hay nada que controle" 

Sin embargo, Bertini advierte problemas estructurales que exceden la responsabilidad del gobierno de Milei sino con que Argentina no cuenta con un plan industrial como lo tuvo Brasil desde hace más de 25 años con Cardozo y lo continuaron los sucesivos gobiernos más allá de las diferencias políticas. De hecho, el fabricante destacó que Lula y Bolsonaro mantuvieron las mismas políticas industriales.

Es que la complejidad impositiva, las diferencias entre provincias por la liquidación de Ingresos Brutos y la desactualización de los regímenes laborales, entre otras cuestiones, impactan negativamente en el desarrollo industrial a pesar del potencial, señaló Bertini.

En exportaciones de máquinas agrícolas Argentina no es para nada competitiva y lo que hace valer en el exterior es su know how en siembra directa donde el país lidera, pero después, es muy difícil instalar la producción de maquinarias en el mundo.

En el INDEC, por errores metodológicos, cataloga como 'nacional' maquinaria fabricada en Brasil por multinacionales, distorsionando las estadísticas. Esto sucede cuando cambian la posición arancelaria e Indec la registra como nacional cuando debería determinarse un porcentaje de piso de utilización de insumos locales para definir su procedencia.

Lo cierto es que mientras el Gobierno insiste en la apertura, el sector pide frenar un decreto que, advierten, profundizará la desindustrialización en un sector clave que representa un porcentaje muy importante de la metalmecánica nacional, sostuvo Bertini.