En un impactante despliegue de custodia, la Aduana junto con la Policía Federal Argentina trasladó las 23 toneladas de Metilamina desde el Puerto de Buenos Aires hasta el polo petroquímico del Gran Rosario donde se realizó su destrucción, informaron fuentes de la fuerza.

El contenedor con la sustancia química arribó hasta la planta de IDM S.A, especializada en tratamientos de residuos peligrosos, para su tratamiento que en 72 horas quedó completamente destruido manteniendo pequeñas muestras extraídas por el Gabinete Científico de la Policía Federal en Rosario para requerimiento judicial, señalaron las mismas fuentes.

El cargamento había sido secuestrado en el mes de marzo pasado en un operativo conjunto con la Procuraduría de Nacrocriminalidad (PROCUNAR), el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina y la Dirección General de Aduanas.

Según los investigadores, la empresa importadora se trataba de una firma de capitales extranjeros con una larga trayectoria en el rubro de la industria química y farmacéutica. Sin embargo, en los últimos años había presentado problemas financieros que la llevaron a su quiebra, siendo adquirida por un nuevo directorio.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos comerciales, previo al cambio societario, fue la compra de los veintitrés mil kilos de Metilamina aprovechando la antigüedad y los permisos especiales ya otorgados por el RE.N.PRE. para la importación, guarda y tratamiento de esa sustancia controlada. A pesar de ello, llamativamente, el contenedor llegó a la terminal Exlogan del Puerto porteño en el año 2017, pero nadie lo retiró.

Es que la Metilamina sirve como precursor para la fabricación de drogas de diseño que suelen comercializarse en las fiestas electrónicas y su uso más frecuentes es la fabricación de metanfetaminas, éxtasis (MDMA) y efedrina.

A partir de allí, los investigadores siguen la línea sobre presuntos vínculos de los nuevos titulares de la farmacéutica con el narcotráfico y por ello se sospecha que los 23 mil kilos de metilamina tenía como finalidad la fabricación de drogas ilícitas.

De hecho, la hipótesis más fuerte que se sigue en la causa giran en torno a la presunción de relación de un importante narco de nacionalidad boliviana con el Cártel brasileño Primer Comando da Capital (PCC), y otros actores del narcotráfico locales.

Al parecer, alguna detención previa vinculada a la organización habría producido que la mercadería permanezca en el puerto a la espera del momento preciso para retirarla, pero el monitoreo de la Policía Federal y la Dirección General de Aduanas hizo fracasar la operación que hubiese proveído una gran cantidad de materia prima para la producción de drogas valuadas en varios millones de dólares.

Además de Aduana, participó el departamento de Delitos Fiscales, Delitos Ambientales, la división de Riesgo Químico y Biológico de la Policía Federal como el departamento Narcotráfico de la DGA.